Política

Nuevo escándalo en EsSalud: Contraloría detecta designaciones sin perfil idóneo

Investigación de Contraloría reveló que funcionarios de Recursos Humanos de EsSalud contrataron irregularmente a cinco directivos sin cumplir el perfil de SERVIR, entre ellos al exministro del Interior Dimitri Senmache, afectando la gestión pública. El órgano de control recomendó la denuncia penal por presuntos delitos contra la administración pública.

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Una reciente investigación de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia serias irregularidades en las contrataciones de altos funcionarios dentro del Seguro Social de Salud (EsSalud). El informe de Control Especifico n.° 075-2024-2-0251-SCE, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad, revela que al menos cinco personas fueron designadas en cargos directivos en la sede central y en la red prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente, especialmente con lo dispuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Control Especifico n.° 075-2024-2-0251-SCE, detectó irregularidades en EsSalud.

Los hechos descritos no son menores. Según el informe, de acuerdo al Plan de Control 2024 del OCI, estos nombramientos afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública al incumplirse los criterios de meritocracia, transparencia e idoneidad que deben regir el acceso a cargos públicos de alta responsabilidad. Más aún, se sugiere la posible comisión de delitos como Falsedad Genérica, Negociación Incompatible y Aprovechamiento Indebido del Cargo.

El origen de la investigación

La Contraloría inició un Servicio de Control Específico bajo el título: “Evaluación, designación, contratación y ejercicio del cargo de directivos públicos en la sede central y en la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud”. Esta investigación analizó las contrataciones realizadas entre junio de 2019 y junio de 2023.

Durante este período, cinco funcionarios asumieron cargos estratégicos en la estructura organizacional de EsSalud. Todos ellos, según la Contraloría, accedieron a sus puestos sin acreditar debidamente los conocimientos, la experiencia específica ni las competencias requeridas en el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la entidad de salud.

Los nombres bajo la lupa

Los funcionarios involucrados, según el informe, son:

Simón Alejandro Verástegui Gastelú – Gerente Central de Asesoría Jurídica (cuya fecha de inicio fue el 11/08/2021 y fecha de cese el 21/06/2022).

Milton John Carlos Valderrama Wong – Gerente General de EsSalud (cuya fecha de inicio fue el 09/11/2022 y fecha de cese el 22/05/2023).

Dimitri Nicolás Senmache Artola – Gerente Central de la Persona Adulta Mayor (cuya fecha de inicio fue el 04/10/2022 y fecha de cese el 06/01/2023).

Pedro Américo Tapia Méndez – Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos (cuya fecha de inicio fue el 16/05/2022 y fecha de cese el 21/06/2022).

Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña – Jefe de la Oficina de Abastecimiento en la Red Prestacional Rebagliati (cuya fecha de inicio fue el 27/01/2023 y fecha de cese el 09/02/2023).

Cuadro 1. Relación de exdirectivos públicos contratados por EsSalud. 

Según el OCI, sus designaciones no solo carecieron de sustento técnico, sino que fueron avaladas por funcionarios de la ‘Gerencia Central de Gestión de las Personas’, quienes habrían validado expedientes sin corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud.

Un patrón de designaciones cuestionables

Uno de los casos más significativos es el de Dimitri Nicolás Senmache Artola, designado como Gerente Central de la Persona Adulta Mayor, nivel Ejecutivo 2. Según el informe, su expediente fue aprobado a pesar de no acreditar los conocimientos ni los programas de especialización requeridos para el cargo. La validación fue realizada por Miriam Yudith Ayala Pérez, Gerente Central de Gestión de las Personas, quien aseguró que Senmache cumplía con el perfil.

Sin embargo, el OCI demostró que la maestría que presentó el funcionario, otorgada por CEREM International Business School, no figura en la plataforma de grados y títulos de SERVIR. Este detalle pone en duda la veracidad de su formación académica. Como se recuerda, Senmache se desempeñó como ministro del Interior durante el mandato de Pedro Castillo; sin embargo, apenas duró mes y medio en el cargo, y el 30 de junio de 2022, el Congreso aprobó el voto de censura con 78 votos a favor.

Fuente: Contraloría.

Otro caso relevante es el de Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña, quien ocupó los cargos de Asesor II en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) y jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Red Rebagliati. Según el informe, su expediente no contenía la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos exigidos para ambas funciones. Pese a ello, fue contratado y asumió cargos de responsabilidad sin el perfil adecuado.

Un nombramiento sin respaldo legal

Simón Alejandro Verástegui Gastelú, designado como Gerente Central de Asesoría Jurídica, también figura entre los casos observados. Aunque su expediente consignaba 13 años de experiencia, la revisión del OCI determinó que no cumplía con los criterios de experiencia específica requeridos en el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud. Su designación fue oficializada mediante resolución firmada por el entonces presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, el 11 de agosto de 2021.

Cabe resaltar que el expediente fue evaluado por funcionarios como Boris Alejandro León Elguera y Silvia Frine Mateo Ramos, quienes validaron la información presentada pese a las inconsistencias encontradas posteriormente.

Cuadro n.° 8. Formato de Evaluación para Simón Alejandro Verastegui Gastelú.

Uso incorrecto de formatos y requisitos omitidos

Otro ejemplo claro de irregularidad es el caso de Pedro Américo Tapia Méndez, designado como Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos. Según el informe, los evaluadores utilizaron un formato incorrecto (FAD-12 “Gerente-Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas”) para validar su experiencia. En lugar de utilizar el formato correspondiente a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, se empleó uno de otra gerencia.

Esta manipulación del procedimiento permitió que Tapia Méndez accediera al cargo sin cumplir con los criterios exigidos. La responsabilidad recae en Erick Cristian Hinostroza Villacorta y Rosa Yessi Cornejo Garay, encargados de evaluar su expediente.

Formatos FAD-12 por los cuales fue evaluado Pedro Américo Tapia Méndez.

Un gerente general sin experiencia en el sector público

El caso de mayor gravedad corresponde al nombramiento de Milton John Carlos Valderrama Wong como Gerente General de EsSalud. De acuerdo con la Ley N° 31419 y su reglamento, para ocupar ese puesto era obligatorio acreditar al menos un año de experiencia en el sector público. Valderrama Wong no cumplía con este requisito, pero de todas formas fue designado mediante resolución de la Presidencia Ejecutiva del 9 de noviembre de 2022.

Durante su gestión, que se extendió hasta el 17 de julio de 2023, percibió un salario total de 151,617.17 soles, según el software del sistema SAP (Systems, Applications & Products), de EsSalud. Su expediente fue evaluado y aprobado por la Subgerente de Gestión de la Reincorporación, Rosa Yessi Cornejo Garay, la Subgerente de Gestión de Personal, Sandra Esther Mosto Oquendo y la misma Gerente Central de Gestión de las Personas, Miriam Yudith Ayala Pérez.

Remuneraciones percibidas por Milton John Carlos Valderrama Wong.     

Pérdida económica y daño institucional

En conjunto, los cinco funcionarios mencionados percibieron remuneraciones por un total de 410,004.52 soles, pese a que sus designaciones no se ajustaron a los requisitos establecidos. Este desembolso de dinero público, según la Contraloría, no garantizó la idoneidad en el ejercicio de funciones y vulneró los principios de transparencia, legalidad y meritocracia.

Más grave aún es el daño institucional ocasionado. Al colocar en cargos claves a personas sin el perfil técnico requerido, se compromete la eficiencia de los servicios de salud, afectando directamente a millones de asegurados que dependen de EsSalud.

Responsabilidades y delitos presuntos

El informe de la Contraloría es categórico: los hechos evidencian presuntas responsabilidades administrativas, funcionales y penales. Se concluye que las personas implicadas no lograron desvirtuar los señalamientos del OCI, por lo que podrían haber incurrido en los delitos de:

Falsedad Genérica (alteración de documentos o declaraciones para obtener un beneficio).

Negociación Incompatible (cuando un funcionario se interesa, directa o indirectamente, en contratos o decisiones en las que tiene conflicto de interés).

Aprovechamiento Indebido del Cargo (uso del cargo público para obtener beneficios personales o de terceros).

Es preciso mencionar que El 11 de junio de 2024, la Jefa del OCI de EsSalud, Merici De Los Ángeles Huertas Navarro, remitió el Informe de Control Específico a la entonces Presidenta Ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, a través del Oficio N° 000087-2024-CG/OC0251. En dicho documento se solicitó iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los funcionarios involucrados.

Oficio enviado por jefa de OCI a la entonces presidenta de EsSalud, María Aguilar del Águila.

Conclusiones

Como resultado del Servicio de Control Especifico a los hechos con ‘evidencia de irregularidad’ practicado al Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de revisar los expedientes de las propuestas para los cargos de directivos públicos, la Contraloría identificó una incorrecta evaluación, así como la no aplicación de la normativa de SERVIR, en las designaciones de dichos cargos.

Sin embargo, el personal de la ‘Subgerencia de Gestión de la Incorporación de la Gerencia de Políticas y Organización del Recurso Humano’ de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, contrario a las disposiciones normativas, estableció que las personas propuestas sí cumplían con el perfil requerido para los respectivos cargos por el que fueron contratados. Situación que no solo contravino una serie de normativas en el ejercicio de la función pública; sino, que también limitó a la entidad de salud a contratar a directivos públicos en condiciones de competencia leal y efectiva—y sobre todo—se afectó el correcto funcionamiento de la administración pública.

Conclusiones del Informe de control Especifico.

Recomendaciones de la Contraloría

El informe no se queda en la denuncia, también plantea acciones concretas. Entre ellas, se recomienda:

Iniciar procesos penales contra las personas comprendidas en los hechos, especialmente por delitos contra la fe pública y la administración pública.

Remitir los antecedentes a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe iniciar acciones legales.

Revisar el proceso de designación de directivos públicos, asegurando que se cumplan estrictamente los perfiles establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud.

Fortalecer los mecanismos de control interno, de modo que situaciones como estas no se repitan en el futuro.

Recomendaciones del Informe de Control Especifico.

Un llamado urgente a la institucionalidad

Este caso debe servir como advertencia. En un país donde los servicios públicos requieren con urgencia eficiencia, transparencia y profesionalismo, designar a personas sin el perfil adecuado en cargos clave es una forma de corrupción que pone en riesgo la vida y la salud de millones de ciudadanos. La investigación de la Contraloría no solo ha revelado un problema técnico o administrativo. Ha destapado un patrón sistemático de irregularidades en el proceso de designación de altos funcionarios en EsSalud. Una conducta que vulnera no solo la legalidad, sino también el principio de equidad de acceso a los cargos públicos.

Es momento de que las instituciones del Estado actúen con firmeza y que la justicia determine las responsabilidades penales, y que se tomen medidas urgentes para evitar que el aparato estatal siga siendo utilizado como botín político o personal.

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