Darwin Gonzales, corresponsal en Ciudad de México.
En solo segundos pueden terminar por estallar las grietas del sistema, y esto es justamente lo que ha sucedido en México. Hace 32 años sufría uno de los terremotos más devastadores de su historia, donde miles de personas perdieron la vida bajo los escombros y millones quedaron damnificados producto de ciudades construidas sobre la pobreza, la corrupción y la especulación.
Décadas después el pueblo mexicano ha vuelto a sufrir dos movimientos telúricos, además de feroces tormentas que ya venían azotando la zona del golfo. Estos acontecimientos desenmascararon un régimen de explotación que condena a millones de familias a sufrir las peores consecuencias de una sociedad organizada sobre el robo y la miseria.
Las zonas más pobres del sur de México han quedado prácticamente destruidas: Oaxaca, Chiapas y Tabasco fueron los Estados más afectados en el sismo del 9 de septiembre. Díez días después se remeció las ciudades del centro del país, provocando catastróficos daños en Morelos, Puebla y la capital mexicana. Miles de viviendas, colegios, hospitales, puentes, carreteras quedaron destruidos o inaccesibles, dejando al menos 500 muertos, 12 millones de damnificados y un millón de personas sin casa.
EDIFICACIONES PRECARIAS
Si bien el capitalismo no es responsable de los terremotos, sí es responsable de las edificaciones precarias que la naturaleza derriba con facilidad. Mucho antes del desastre, miles de denuncias fueron presentadas por violaciones a las normas de urbanización ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
Investigaciones han determinado que las principales causas del colapso de las ciudades se debe a la utilización de materiales de mala calidad, edificaciones que no siguieron las normas básicas de construcción e inspecciones fraudulentas de las obras como reconoció la misma alcaldesa de Juchitán (Oaxaca): “como nunca [!] Hubo un sismo de tal magnitud, no había ninguna cuestión estricta en las reglas de construcción”. Son innumerables también los casos de viviendas que si bien soportaron el sismo del 85, debían ser reconstruidas pero solo fueron “remodeladas” para luego ser rentadas o vendidas. Informes realizados por investigadores de la UNAM indican que el 98% del daño en las viviendas de colonias pertenecientes a la delegación Tláhuac se produjeron por grietas, hundimientos y colapsos identificados antes de los sismos de septiembre.
Muchos casos han puesto en evidencia los intereses privados de constructoras o inmobiliarias que no tomaron las precauciones debidas. Prueba de esto es el trágico derrumbe del colegio Rébsamen en Coyoacán que sepultó a casi 20 niños bajo una estructura precaria avalada por la corrupción. Lo mismo sucedió con un edificio que colapsó solo nueve meses después de inaugurado, en la colonia Portales Sur donde murieron dos empleadas, y con una fábrica textil de la colonia Obrera cuyo derrumbe dejó bajo sus escombros a una decena de trabajadoras.
Dentro de la infraestructura dañada del país se cuentan más de 180 mil viviendas que quedaron destruidas o inhabitables. Esto ha agravado aún más el serio problema de la vivienda en México, donde la población vive prácticamente hacinada con graves problemas de salubridad. En el campo, además de no contar con acceso a los servicios básicos, las estructuras son de más baja calidad y provoca menos interés gubernamental, factores que dan como resultado una mayor destrucción (más de 122 mil viviendas destruidas solo entre Chiapas y Oaxaca); pero debido a la más alta concentración poblacional en las ciudades, en estas el número de fallecidos fue mayor.
El problema de la vivienda ha afectado siempre a las clases explotadas, y son estas quienes terminan sufriendo las peores consecuencias de una calamidad. Como resultado del desarrollo capitalista, grandes masas del campo son arrojadas a las ciudades, huyendo de la miseria provocada por la ruina de sus cosechas. Sus mercancías ya no se venden como antes, los precios son fijados de acuerdo con la gran producción industrial. Y en la fase actual del capitalismo los precios quedan fijados por los monopolios transnacionales y sus acuerdos comerciales haciendo quebrar al productor nacional. El pequeño campesino tiene que marcharse forzado a dejar su vivienda que en algún momento le significó una posición relativamente estable pero que le quita libertad de movimiento para obtener trabajo y no morir de hambre.
México es uno de los primeros países que fue encadenado a los tratados de libre comercio con el imperialismo norteamericano (TLCAN – 1992-94), provocando la devastación del campo; las importaciones en el sector agroalimentario se cuadruplicaron en 20 años. En 1991 antes del TLCAN el país importaba 1.5 millones de toneladas de maíz, pero en el 2016 esta cifra aumentará a 13,8 millones de toneladas importadas exclusivamente de Estados Unidos. Por otro lado, décadas atrás la población rural casi triplicaba a la urbana, pero en la actualidad no llega ni al 20%, quedando las zonas de cultivo en manos de campesinos pobres y un puñado de empresarios agrícolas.
La Zona Metropolitana del Valle de México es una de las más pobladas del continente, expresión de la oposición entre el campo y la ciudad. El capitalismo no solo está impedido de resolver esta contradicción, sino que la profundiza; la distancia entre la producción agrícola e industrial hace imposible un reparto adecuado de la población. Así, el atraso tecnológico y la precaria infraestructura del campo para enfrentar cualquier desastre tienen su complemento en la amenazante sobrepoblación de la ciudad donde el número de víctimas suele ser mayor.
El modo de producción capitalista ha arrojado a millones de familias en el umbral del riesgo latente frente a las adversidades de la naturaleza. Ningún plan de reformas puede sanear esta gran falla estructural en la medida que la producción social se halle sometida al plan de enriquecimiento de la burguesía. Solo con los trabajadores en el poder, se podrá elaborar un plan de reordenamiento poblacional racional y en función a las necesidades sociales. Las grandes mansiones que ocupan los capitalistas podrán ser confiscadas de la misma forma que hoy, bajo el capitalismo, los bancos les quitan sus casas a los que no pagan sus criminales intereses.
EL NEGOCIADO DE LA CONSTRUCCIÓN
La construcción de infraestructura en las ciudades se encuentra tan subordinada a las necesidades del capitalismo como lo está la construcción de fábricas para producir mercancías. La extracción, procesamiento y traslado de estas requiere las mejores condiciones y la mayor eficacia a costos muy reducidos. Así, con la industria de la construcción, la burguesía tiene otra forma robarle a la clase trabajadora de la mano de sus políticos corruptos. La gobernación de Ciudad de México destacó un crecimiento de 27% en esta industria que ha venido haciendo lucrativos negocios en la construcción de puentes, autopistas, carreteras y puertos dispuestos al servicio del comercio de las transnacionales para trasladar los recursos extraídos del país. En eso consiste precisamente el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) de la administración de Peña Nieto, que aumentaría la cantidad de carga en los puertos de 260 millones de toneladas cada año a más de 520 millones. Es decir, se duplicará el transporte de las mercancías del saqueo transnacional, mientras, el sistema de transporte público sigue siendo uno de los más caóticos e inseguros del continente.
Dentro de las “zonas estratégicas” para la inversión que contempla el PNI se encuentran diversos sectores desde las comunicaciones hasta el turismo, pasando por la salud y la vivienda. De hecho, uno de los principales proyectos que se planean es la extracción del gas, cuyas reservas ya se han venido rematando a las transnacionales. En este sentido, la administración estatal ha procurado ofrecer las mejores condiciones para la depredación extranjera, casi duplicando las adjudicaciones directas, esto es, las contrataciones estatales a empresas privadas exclusivas o mediante licitaciones cerradas con una cartera de empresas exclusivas.
México es, según la CEPAL, el país con mayor flujo financiero ilícito en América Latina, y el gobierno priista ha tenido casos de corrupción verdaderamente escandalosos como la red mafiosa descubierta en Veracruz, donde se robaron el dinero destinado a la construcción de hospitales, colegios y otros servicios mediante empresas fantasmas o licitaciones simplificadas, es decir los funcionarios escogían las empresas que debían “competir”. Cuando salieran a la luz estos negociados el ex gobernador de Veracruz se dio a la fuga y fue capturado posteriormente en Guatemala. Estas redes de corrupción se vienen descubriendo en todos lados, como el caso de la constructora brasileña Odebrecht que ha terminado con sus ejecutivos en prisión y con ex presidentes investigaciones por corrupción en Brasil, Perú, entre otros países.
La burguesía sabe, igualmente, lo rentable que le resulta el negocio de la construcción de viviendas y por eso las inversiones en este sector se han duplicado en los últimos cinco años. Los desarrolladores inmobiliarios aumentaron 30% su inversión en el 2017, teniendo como principales proyectos la construcción habitacional. Solo en Ciudad de México se planea construir 40,000 viviendas en “interés social” para el 2018. Donde hay una necesidad, hay un buen negocio esperando. El que las viviendas tengan costos menores para cierto sector de la población no modifica en absoluto el enorme beneficio que representa para la burguesía: “desde el momento en que una reforma ahorrativa se generaliza, el obrero recibe un salario mermado en la misma proporción en que este ahorro le permite vivir más barato…Así, cuanto más economiza, menos salario recibe. No economiza, pues, en su propio interés, sino en interés del capitalista” (F. Engels). Es decir, si el trabajador gastara hoy menos en comprar su casa, terminará recibiendo mañana menos paga en la misma proporción.
La construcción de viviendas resulta, pues, un gran negocio. Los precios de los inmuebles son más altos en la medida que nos aproximamos al centro de las grandes ciudades, allí la burguesía obtienen grandes utilidades de la venta y alquiler de departamentos, oficinas y centros comerciales, hacinando a las clases bajas en los márgenes de la civilización urbana. Sin embargo, los grandes bancos e inmobiliarias no dejan de hacer negocios incluso en los barrios perdidos, con créditos basura o alquileres “accesibles”. Y esto sucede con el aval del Estado, que ha venido promulgando leyes que exoneran de impuestos a estas empresas y les garantizan seguridad jurídica para sus inversiones especulativas, convirtiendo a México en un verdadero paraíso inmobiliario.
Según un estudio elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), sobre la demanda de vivienda se otorgaron más de dos millones de créditos entre los años 2015 y 2016, teniendo como principal institución ofertante al INFONAVIT. Esta institución tripartita, es decir, donde aportan trabajadores, capitalistas y el Estado, fue lucrativamente reformada para establecer una tasa de interés fija anual del 12%, que ha llegado a superar incluso las tasas de la banca privada. Sin embargo, bancos extranjeros también se están beneficiando de este negociado por medio de su asociación con el INFONATIV. Por último, estos elevados intereses terminaron siendo impagables y muchos trabajadores se han visto obligados a abandonar sus casas, víctimas de esta estafa capitalista.
EL NEGOCIADO DE LA RECONSTRUCCIÓN
Si la burguesía hace negocios con la construcción, también lo hace con la reconstrucción de las ciudades destruidas por su precariedad. Todo el plan de reconstrucción capitalista consiste en endeudar más a la población otorgando “créditos especiales” impagables. A los maestros de Oaxaca, luego del sismo del siete de septiembre, el gobierno les ofreció prestarles 30 mil pesos para la reconstrucción de sus viviendas luego de condenarlos a la miseria y masacrarlos por luchar contra la privatización de la educación que ahora se impone quitando el financiamiento a siete universidades públicas. Peor aún, hace poco se aprobó el aumento de impuestos a los trabajadores, haciéndonos recordar el gasolinazo de principios de año que despertó la ira del proletariado.
La burguesía y sus partidos políticos (PRI, PAN, PRD, MORENA, etc.) pretenden dar solución al problema de la reconstrucción con las mismas herramientas del lucro capitalista. Ante la crisis de alimentos no le van a tocar ni un pelo a las grandes transnacionales que han venido especulando con la necesidad de la población. Danone, Coca Cola y Pepsico controlan el 84% del mercado del agua a nivel nacional, y han aprovechado esta tragedia para aumentar sus ventas debido a la mayor demanda. Además, Coca Cola obtiene el agua de Chiapas, precisamente uno de los Estados de México más dañados con el terremoto; esta transnacional viene haciendo negocios millonarios desde los 90 y se sabe que incluso el ex presidente Vicente Fox fue directivo de la compañía. Sus cínicas donaciones “solidarias” solo son una buena inversión publicitaria que además los libera del pago de impuestos.
Durante años los centros comerciales Walmart, Chedraui, Comercial Mexicana y Soriana han tenido fantásticas ganancias, aunque también habría que agradecerles miles de despidos. Por su parte, la Confederación Patronal (COPARMEX) dijo que para el Estado “no hay ninguna obligación de la reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas. Se oye frío pero es la verdad. El gobierno tiene la obligación [solo] de proveer infraestructura, salud y educación”. Esta es el verdadero rostro de la burguesía. Partidos burgueses “progresistas” como MORENA, ofrecieron el dinero de su campaña electoral para la reconstrucción del país, impulsando a los demás partidos a hacer lo mismo, sin embargo, ninguno de estos políticos está realmente en contra del jugoso negocio de las inmobiliarias, las cadenas farmacéuticas o los grandes bancos que dominan la nación. ¿De dónde salen los fondos públicos que financian sus campañas, si no es de la explotación de millones de trabajadores? Lo que realmente quieren decir es: reconstruiremos el México de los ricos con las cuentas de los pobres.
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