Escribe Jorge Paredes Terry
El diario Expreso en su edición del 03 de julio del 2020 emitió un informe contundente respecto a los peajes corruptos y su negro legado de impunidad. Me permito transcribirlo tal cual, ya que es necesario que el país se informe y sobre todo tome conciencia del enorme daño que se le hace a la lucha contra la corrupción y más ahora que estamos a puertas de una nueva elección para la alcaldía de Lima debemos exigir a los candidatos a ser enfáticos en aclarar sobre lo que van a hacer con los peajes que nacieron producto de las coimas con dinero sucio de empresas que se declararon culpables, se acogieron a la colaboración y otras están jugándose la cárcel.
Contratos nacieron de actos corruptos de Odebrecht y OAS.
Mientras dos fallos arbitrales en los últimos días han favorecido a Rutas de Lima y a Lima Expresa -por el peaje Chillón y el alza de tarifas, respectivamente-, existe la forma de ganar los procesos internacionales pendientes, los cuales cuestionan el origen corrupto de los contratos.
Ante la complicidad de las gestiones de Susana Villarán y de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima, Odebrecht y OAS habían acordado estos cobros millonarios durante décadas. En el 2016, Marcelo Odebrecht y Leao Pinheiro, dueños de las firmas corruptas, ya estaban condenados en Brasil, y transfirieron la mayoría de sus acciones para evitar decomisos durante la investigación. Esta treta no sería obstáculo para ello, gracias a múltiples leyes peruanas.
Respecto a la venta de propiedades adquiridas con base en delitos, el artículo 102 del Código Penal permite la confiscación de bienes: “El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo N° 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros”.
Gracias a esta y otras normas vigentes, el Estado Peruano aún puede ganar los arbitrajes. Si bien la Municipalidad de Lima no pudo invocarlas específicamente, el exprocurador anticorrupción Christian Salas señala que sí se pueden utilizar dentro y fuera del país.
“A esto yo diría que depende de si la persona jurídica está sujeta al proceso penal por presunto delito de corrupción, sin duda que esa imputación va a ser tomada en cuenta independientemente si había o no alguna medida coercitiva. Lo importante es que exista una imputación contra la empresa por un presunto caso de corrupción por ese contrato puntual. Si eso es así, obviamente eso va a tener un nivel de incidencia en el proceso arbitral porque allí se está debatiendo por qué se suspendió ese contrato”
Esta información debería bastar para que el próximo alcalde de Lima decida inmediatamente la cancelación del contrato y confiscación de bienes.
Antauro es más directo y lo dice en sus 10 postulados de gobierno. Nacionalizaremos los peajes nacidos de la corrupción.
(Columna publicada en el diario Patria)
