Política
Los contratos del hermano de Claudia Cisneros en el Gobierno de Martín Vizcarra
Los hermanos Cisneros Méndez lograron posicionarse en la esfera del poder y durante el Gobierno de Martín Vizcarra han conseguido jugosos contratos con el Estado.
Luis Eduardo Cisneros Méndez también escribió en su red social que a este tipo de información se le llama psicosociales y que forma parte de una mafia que hoy está más activa que nunca. Habría que preguntarle ¿cuál es esa mafia?; no obstante, él no niega su amistad con Martín Vizcarra, tal como lo dijo en una breve entrevista que le hizo el medio El foco donde asegura que la foto del tenis fue en mayo de 2017 y que lo pixelaron porque él no tenía nada que ver. Habría que preguntar si la producción de Panorama lo alertó y lo llamó antes que emitieran su reportaje, para decirle que no propalarían su identidad.
Sin duda, el caso Richard Swing ha abierto toda una cultura de las contrataciones a todos los amigos que sean cercanos al presidente Martín Vizcarra. En ese sentido, hace dos semanas el programa Panorama a través de su reportero Marco Vásquez emitió un informe donde señalaba cómo los amigos del tenis de Martín Vizcarra, se vieron beneficiados con trabajos para el Estado.
Así mencionaron al Presidente del Club Lawn Tennis de la Exposición, José Luis Alvarado Gonzales que desde 2018 trabaja como Asesor del Viceministerio de Políticas para la Defensa, justamente en el ministerio de Defensa con un sueldo de S/.15, 600 soles; asimismo, a su hija Fiorella Alvarado que trabaja para el PSI (Programa Sectorial de Irrigaciones) y que fue colocada precisamente por su tío Edgar Zevallos Gonzales, que antes también había ingresado al PSI.
Todo quedó en familia. Pero, lo extraño es que el reportaje dominical también mostró una fotografía donde salían todos los amigos del tenis del presidente Vizcarra y solamente el rostro de uno de ellos fue pixelado; es decir, no se podía divisar de quién se trataba aquel personaje pixelado.
Ese rostro que Panorama tapó en su reportaje, ya se pudo descubrir y es nada menos que de Luis Eduardo Cisneros Méndez, un bachiller en psicología que trabajó como asesor en el MTC cuando Martín Vizcarra era ministro de esa cartera y que luego en reemplazo de Ángela Huatay Benítez se desempeñó como Jefe de Prensa del Despacho Presidencial. Justamente, en un enlace televisivo del 25 de marzo de 2018 se ve claramente a Luis Eduardo Cisneros flanqueando a su presidente Vizcarra como parte de su sequito en una actividad en el Hospital del Niño. Y es más, hizo la labor de guardaespaldas porque incluso cogió del brazo y retiró a un ciudadano que le hablaba muy cerca al mandatario.
El señor Cisneros Méndez ha ganado muy bien en trabajos para el Estado y consiguió 33 contratos por 658 mil 960 soles a través de órdenes de compra sin licitación pública, ni concurso alguno; es decir, ganó por partida doble, como persona natural y como persona jurídica a través de su compañía LEC & Hunter SAC.
Su empresa y sus servicios como persona natural se vieron bendecidos con Martín Vizcarra como presidente, porque obtuvieron entre las dos denominaciones, veintitrés contratos, y diez órdenes de servicios, respectivamente. Algunas fueron para Sunass, con nombres y/o conceptos como “Consultoría de diseño de estrategia comunicacional y plan operativo anual…etc. etc.”; así como por “Media training” para Servir, y por “Servicios especializados con grupos de interés vinculados al Dakar Perú 2019” a Promperú. Sin embargo, la entidad estatal que le brindó más contratos ha sido la que lidera su amiga Fiorella Molinelli, EsSalud con servicios de nombrecitos rimbombantes como “Evaluación de voceros institucionales”, “Análisis sociocultural y mediático” y “Diseño de un plan de fortalecimiento de la gestión comunicacional”, con una facturación a LEC & Hunter SAC de S/.124 mil soles.
Pero durante la cuarentena, en el mes de mayo, Luis Eduardo Cisneros Méndez como persona natural obtuvo otra orden de servicio del INS (Instituto Nacional de Salud) por S/. 28,700 soles y luego apenas hace unas semanas, el 31 de julio, ya como empresa, obtuvo un contrato de S/. 29 mil soles por servicios de “Diagnostico comunicacional” a Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería). Es decir, a pesar que en plena emergencia sanitaria, casi todas las instancias están paradas económicamente hablando, estos proveedores tienen la suerte de no parar y encima algunas entidades del gobierno los contratan para que ganen jugosos pagos por servicios que no son fundamentales y que en la actual coyuntura pueden ser prescindibles.
Sin embargo, él no es el único de los Cisneros Méndez que ha facturado para el Estado; asimismo, su hermana Mariana Mariela Cisneros Méndez, abogada por la universidad de Lima ganó con Vizcarra en el poder (entre Ministro del MTC y presidente) un total de más de 305 mil soles con 13 órdenes de servicio. Este monto sin contar los sueldos como funcionaria del Gobierno de Vizcarra, ya que se desempeñó como asesora del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de agosto de 2016 a mayo de 2017 en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y posteriormente como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) en Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) de mayo de 2017 a abril de 2019. Luego, de abril de 2019 a enero de 2020 Mariana Mariela Cisneros se desempeñó como Consultora del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Cultura. En ese sentido, el Órgano de Control Institucional de OCSE ya se encuentra investigando este caso para determinar si hubo una falta basada en un conflicto administrativo en los contratos de Luis Eduardo Cisneros Méndez, considerando que su hermana durante ese tiempo era funcionaria del Estado.
Asimismo, la otra hermana de Luis Eduardo, la activista feminista y periodista Claudia Cisneros Méndez y que hasta hace poco escribía una columna en La República, desde el 2016 también facturó para el Estado S/.37,552 soles y ha salido como es lógico, en su red social para defender a su hermano y asegura que es el mejor en el Perú en lo que hace y que como estudió una maestría en Comunicación y Desarrollo en la universidad de Ohio, ha llevado al Perú una nueva forma de hacer comunicación y por eso lo contratan en el sector público y privado; por la sencilla razón, como asevera ella, de que es muy bueno en lo que hace.
Así las cosas, el propio Luis Eduardo Cisneros Méndez también escribió en su red social que a este tipo de información se le llama psicosociales y que forma parte de una mafia que hoy está más activa que nunca. Habría que preguntarle ¿cuál es esa mafia?; no obstante, él no niega su amistad con Martín Vizcarra, tal como lo dijo en una breve entrevista que le hizo el medio El foco donde asegura que la foto del tenis fue en mayo de 2017 y que lo pixelaron porque él no tenía nada que ver. Habría que preguntar si la producción de Panorama lo alertó y lo llamó antes que emitieran su reportaje, para decirle que no propalarían su identidad.
Y sobre su amistad con el Presidente de la República, él textualmente afirmó a El foco: “Yo me había hecho más o menos pata de él” y en otro párrafo textualmente agrega: “Pidan mis informes y miren la calidad. No soy el único que ha facturado esos montos. Mi trabajo en el Estado ha sido reconocido. Son consultorías de alto nivel. Yo tengo una maestría en Ohio University, una certificación en Estudios Latinoamericanos y una maestría en marketing en Centrum y un diploma en manejo de crisis”. No olvidar que ese argumento es similar al que Richard Swing dio en el Congreso… es decir, ambos aseguran que sus consultorías son de alto nivel; con la diferencia que el tal Swing, según sus propias palabras es: (sic) “Doctor Honor y Causa”.
Bonus track: Los Troll center pagados y no pagados defienden a morir a Luis Eduardo Cisneros Méndez y argumentan que todo ha sido un contraataque de los dizque rencorosos fujitroles y que además no hay ley que prohíba tener a una familia entera ligada a contrataciones con el Estado; aunque eso es discutible, porque de hecho hay casos en que está legalmente prohibido. Asimismo, mencionan que los familiares directos de periodistas no tendrían por qué no contratar con el Estado.
Entendemos entonces, por qué se ha puesto de moda que los familiares de periodistas que trabajan en los medios, obtengan simultáneamente contratos con el Estado. Es decir, ¿tiene algo de malo? y tampoco es ilegal. Pero lo más importante: da caché, y en la percepción que manejan ellos, su especie es la más genuina muestra de meritocracia pura, porque se ubican en un envidiable grupo de gente de elite y que por su condición de ser superdotada y altamente preparada, así no concursen públicamente, o postulen a una licitación como lo ordena la ley, ya tienen ganadas todas las opciones de ser contratados con salarios cuantiosos, porque si no, el propio Estado se lo pierde, porque ellos son unos pro y/o unos cracks.
¿Causalidad o casualidad? Cabe resaltar que el 75% de la PEA en el Perú desde hace años se encuentra en situación informal y vulnerable en términos laborales; en ese sentido, se presume que quizá el 20 % restante, está conformado por grandes profesionales formales que además de tener mucha calificación y acreditación académica, también se consideran unos genios; y esa es la principal argumentación que esbozan los que están enquistados en el Estado cuando alguien los descubre.
No obstante, omiten decir, que su mayor talento ha sido siempre ligarse y pegarse como chicle al poder político, para convertirse en lambiscones que primero le han cargado la maleta al tayta y que después han asentido a todo lo que les diga su caudillo, (revisen y observen ustedes mismos el video donde Luis Eduardo Cisneros resguarda a Martín Vizcarra y saca con la mano a un ciudadano que le habla al presidente en los exteriores del hospital del Niño).
Esa es la mayor fortaleza de aquellos especímenes, por eso forman cofradías cerradas para defenderse entre ellos, porque todos se conocen y se chalequean, como se suele decir en el argot callejero. Y todo con el único afán de ejercer su filosofía crematística, y luego salen con el cuento de que son los másteres del universo y venden sus embusteras teorías del coaching, las habilidades blandas, y sus inacabables maestrías para subestimar a todo aquel que les rodee; pero nunca admitirán que se adhieren como lapas a los gobiernos de turno y venden su alma al diablo con el único fin de recibir un bocado de sus amos… aunque ese bocado hoy se ha convertido en cuantiosas órdenes de servicios.
Política
Congresista Alfredo Pariona impulsa una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte
Se suman más mociones de vacancia. Además de las propuestas ya conocidas de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Perú Libre ha iniciado una nueva moción. Ante este escenario la mandataria anunció que de todas maneras su gobierno se quedará hasta el 28 de julio de 2026.
Tras las recientes declaraciones públicas que dio la mandataria el ultimo martes en un evento en el Callao, y en el que anunció que de todas maneras su gobierno se quedará hasta el 28 de julio de 2026, en el Congreso de la República, las mociones de vacancia contra ella continúan acumulándose.
Además de las propuestas de vacancia ya conocidas de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, la bancada de Perú Libre ha iniciado una nueva moción para destituir a Boluarte Zegarra.
Este miércoles 15 de mayo, el congresista Alfredo Pariona ha anunciado que también está impulsando una moción de vacancia y ya envió el documento necesario para recolectar las 26 firmas que necesita.
Moción de vacancia contra Dina Boluarte.
Se vienen más mociones de vacancia contra Dina Boluarte
Con esta nueva propuesta, ahora hay siete mociones de vacancia en circulación. Hay que recordar que cuatro de estas mociones no lograron avanzar en el Congreso, mientras que las tres restantes están en proceso de recolección de firmas dentro del Congreso.
Estas acciones reflejan un clima político tenso y un esfuerzo constante por parte de ciertos sectores del Congreso para remover a la presidenta Dina Boluarte de su cargo.
Política
Congreso aprueba ley que imposibilita que los partidos políticos puedan ser disueltos por hechos ilícitos
Congresista fujimorista Martha Moyano sustentó proyecto aprobado con 89 votos.
Mientras todos miraban hacia otro lado los ‘Otorongos’ sacaron la coraza. Con 89 votos a favor y 15 en contra, el Congreso de la República aprobó el pasado 10 de mayo el proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la Ley 30424. Esto quiere decir que ahora los partidos políticos que incurran en delitos no podrán ser disueltos, clausurados o suspendidos, y ahora solamente serán sancionados de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, la cual establece multas administrativas.
Mientras todos los medios de prensa cubrían el allanamiento en la oficina del abogado de Dina Boluarte, el Parlamento aprobaba el dictamen del Proyecto de Ley 6084 “Ley que optimiza la democracia representativa y establece medidas de lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas”.
El texto aprobado modifica el artículo 105 del Código Penal, que indicaba que ante cualquier “hecho punible” o delito cometido por una persona jurídica [en este caso, una organización política] el juez podría aplicar las siguientes medidas dispuestas en la ley:
- Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo.
- Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.
- Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.
- Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
- Multa no menor de cinco ni mayor de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Fue la presidenta de las Comisiones de Constitución, la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano, quien sustentó ante el Pleno el pedido para que se exonere de segunda votación.
“Los partidos políticos no podrán ser sujetos de disolución, suspensión o del cierre de sus locales por la vía judicial, sino que su régimen sancionador se rige por la Ley N.º 28094, Ley de organizaciones políticas y sus estatutos partidarios”, acotó la parlamentaria fujimorista.
Ahora, con la modificación, el Congreso ha indicado que no se puedan aplicar las medidas 1, 2 y 3 (clausura de locales, disolución de la organización y suspensión de actividades) a un partido político, así lo decida un juez.
El dictamen también establece que solo los integrantes de los partidos podrán ser investigados de manera individual.
Partidos políticos en la mira de la Fiscalía
Diversas agrupaciones políticas en Perú, entre ellas Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, y Renovación Popular, se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la fiscalía del país por una serie de delitos que incluyen presunto lavado de activos y falsificación de firmas.
Solo cabe recordar que el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos durante las elecciones del año 2021; o el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, que viene siendo investigado por presuntas fuentes de financiamiento ilícitas relacionadas con la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, especialmente durante la campaña electoral de 2021.
Política
Comisión Permanente del Congreso rechazó candidatura de Pedro Cartolín como nuevo contralor general [VIDEO]
Poder Ejecutivo tendrá que presentar un nuevo postulante para el cargo de contralor.
De vuelta a su casa. La Comisión Permanente del Congreso acaba de rechazar la propuesta de la presidenta Dina Boluarte para que el juez supremo provisional Pedro Cartolín sea designado como el nuevo contralor general de la República en reemplazo de Nelson Shack.
Su candidatura fue denegada por la Comisión Permanente por 17 votos en contra, 8 a favor, y 4 abstenciones.
#LOÚLTIMO
— Canal N (@canalN_) May 15, 2024
Comisión Permanente del Congreso no aprobó la designación de Pedro Cartolín como contralor de la República
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/VlNJ2z2E0w
Cabe mencionar los congresistas que votaron en contra de la postulación de Cartolín como nuevo contralor, entre ellos se encuentran fujimoristas Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Martha Moyano y Eduardo Castillo; los congresistas de Avanza País Rosselli Amuruz y Diego Bazán; los de Cambio Democrático Edgard Reymundo y Nieves Limachi; los de Somos Perú Héctor Valer y Esdras Medina; los de Acción Popular Wilson Soto e Hilda Portero. A ellos se sumaron los votos de Segundo Montalvo (Perú Libre), Jorge Coayla (Perú Bicentenario) y Alex Paredes (Bloque Magisterial).
Los votos a favor fueron de los apepistas Eduardo Salhuana, María Acuña y Lady Camones; los de Podemos José Luna Gálvez y Francis Paredes; Jorge Montoya de Renovación Popular; Lucinda Vásquez de Bloque Magisterial; y Patricia Chirinos de Avanza País.
Finalmente, las abstenciones vinieron de los perulibristas Waldemar Cerrón, Isaac Mita, Margot Palacios y José Cueto de Renovación Popular.
Luego de que se conoció la votación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, indicó que se le hará conocer la decisión a la presidenta Dina Boluarte para que proponga a un nuevo candidato a contralor general.
Pedro Cartolín y su “maestro” César Hinostroza
En la víspera de la votación, se dio a conocer un audio entre Cartolín y el destituido prófugo ex juez supremo César Hinostroza, a quien el candidato a contralo denominaba como “maestro”.
Al respecto, el juez supremo provisional rechazó categóricamente con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y con el presunto cabecilla de la referida organización criminal, César Hinostroza. Indicó que “jamás” participó en un acto de corrupción y que los encuentros con el prófugo magistrado fueron protocolares.
Reitero que nunca ha recibido un pedido o favor por parte de algún implicado por el caso y recordó que existe un audio donde César Hinostroza lo califica como “una persona a la que es difícil de acceder”.
Política
Fiscal de la Nación denunció constitucionalmente al congresista Jorge Flores Ancachi [VIDEO]
Fiscal interino Juan Carlos Villena denunció al parlamentario de Acción Popular por el presunto recorte de sueldo hacia sus trabajadores.
La Fiscalía de la Nación interpuso ayer una denuncia constitucional contra el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, por supuestos delitos de concusión y perjuicio a la administración pública, en el marco del caso ‘Mochasueldos’. Bajo la dirección del fiscal Juan Carlos Villena, esta acusación ha sido remitida al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y está documentada en la carpeta fiscal N.º 200-2023.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle los actuados de la carpeta fiscal N.º 200-2023, que guarda relación con la denuncia constitucional interpuesta contra Jorge Luis Flores Ancachi (en su condición de congresista de la República), como presunto autor del delito contra la administración pública – concusión, en grado tentativa, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 382º del Código Penal, en agravio del Estado”, se lee en la documentación.
Esta acción legal surge a raíz de la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) para llevar a cabo investigaciones preliminares contra Flores Ancachi, planteando la posibilidad de que el parlamentario haya también incurrido en cohecho.
En efecto, de acuerdo a un informe periodístico del dominical Cuarto Poder, el parlamentario habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas (que presidió en el periodo 2022-2023) para que le entreguen parte de sus remuneraciones.
El legislador puneño, quien también es investigado por el Ministerio Público como integrante del denominado grupo ‘Los Niños’, presuntamente exigía a sus trabajadores a entregarles el 10% de sus salarios y la mitad de todos los bonos que recibían. En audios que fueron grabados en enero de 2023 y que fueron oportunamente difundidos, se le escucha decir al parlamentario. “Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, señaló entonces.
Flores Ancachi arremetió contra fiscal de la Nación interino
Como se recuerda, el pasado 17 de abril, el legislador Jorge Flores Ancachi presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema Delia Espinoza, por presunto abuso de autoridad, entre otros. Dentro de la acusación, solicitó la inhabilitación de la función pública de ambos durante un plazo de 10 años.
El parlamentario envió la delación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) a fin de que siga su curso. En última instancia, tendría que llegar al hemiciclo parlamentario para que se efectúe.
Política
Presidenta Dina Boluarte llegó a la Fiscalía a rendir su declaración por ‘caso Rolex’
En medio de excesivas medidas de seguridad, con una comitiva presidencial compuesta por doce vehículos, la mandataria dará su declaración ampliatoria en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignación de información en su declaración jurada y cohecho.
Política
PJ ordena la reincorporación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema y ella lo celebra: “Estoy de vuelta”
Fiscal fue suspendida de sus funciones en junio del año pasado por el Congreso, inhabilitándola por 5 años.
Está de vuelta. El 23 de junio del año pasado, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, fue inhabilitada por 5 años por el Congreso de la República para el ejercicio de la función pública por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en relación al ex presidente Pedro Castillo.
“De esa manera, a través de su conducta omisiva, Zoraida Ávalos Rivera habría contravenido lo establecido tanto en la Constitución Política del Perú, como en las normas infraconstitucionales que se han invocado en el acápite 3.1.2.1, así como las normas procesales que regulan lo concerniente a la investigación preliminar y su finalidad”, concluyó en ese momento el Parlamento.
Luego de 11 meses de inhabilitación, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia (CSJ) se pronunció acerca del proceso de amparo interpuesto por Ávalos Rivera.
En ese sentido, resolvió “declarar fundada en parte la demanda, y por tanto inaplicable a la demandante los efectos de la Resolución Legislativa N° 024- 2022-2023-CR, publicada el 23 de junio de 2023″, que dispuso su inhabilitación por la presunta infracción a la Constitución Política del Perú, en su artículo 159°, inciso 4.
De acuerdo a los fundamentos de la Corte Suprema indican en el considerando vigésimo de la resolución que “(…) el Congreso de la República no ha motivado debidamente la infracción constitucional atribuida a la demandante conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, dado que incurre en motivación insuficiente/incongruente (…)”.
“Esta Sala Superior Constitucional concluye que se ha vulnerado el derecho al debido proceso formal, en el ámbito de la motivación de la resolución legislativa de inhabilitación, de la demandante”, precisa el documento.
La resolución también ordena reponer “las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental, corresponde ordenar la reincorporación de la demandante Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público”.
Por último, la Sala resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante como infracción constitucional, garantizándole el irrestricto respeto a sus derechos fundamentales”.
Zoraida Ávalos lo celebra
Tras el fallo del Poder Judicial (PJ), Zoraida Ávalos Rivera celebró su reincorporación como fiscal suprema en el Ministerio Público (MP) y señaló que “está de vuelta”.
A través de su cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter, la exfiscal de la Nación se pronunció sobre la decisión que tomó la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Política
Congresista Flores Ancachi, ¿vuelve el lobby eléctrico en la Comisión de Energía del Congreso?
Un nuevo PL que beneficiaría a la empresa china Huawei se encuentra en etapa de debate dentro de la Comisión de Energía y Minas.
Con las energías recargadas. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) presentó el 29 de setiembre del año pasado el Proyecto de Ley N.º 6030/2023-CR, “Ley que prioriza proyectos científicos de inversión privada y/o pública destinados a la agrovoltaica”, en donde se mencionaba en el segundo artículo del proyecto referido la finalidad de la misma:
“…el Estado peruano impulse el desarrollo científico de alternativas de energías renovables para el desarrollo de la agricultura de manera sostenible y amigable con el medio ambiente, lo que conlleva a la generación de electricidad, el abaratamiento de los costos de energía, y la mejora en los resultados de la producción agrícola”.
Pero, ¿Qué significa la agrovoltaica? En palabras del mismo PL se enmarca dentro de una “actividad agraria sostenible, que implica instalar paneles fotovoltaicos orientados a generar energía en terrenos dedicados a actividades agrícolas ocurriendo de manera simultánea sobre una misma área. El objetivo de dicha actividad es el aprovechamiento de los suelos disponibles de manera eficiente, administrando conjuntamente recursos naturales para alimentación y generación de energía en base a una fuente renovable, inagotable y respetuosa con el medio ambiente”.
Hasta ahí todo bien con el Proyecto de Ley si no fuera por los antecedentes del congresista Jorge Luis Flores Ancachi en cuanto a sus presuntos vínculos con empresas dedicadas a las energías renovables con las cuales ya tendría un acuerdo previo para ingresar al mercado nacional, entre ellas la gigante asiática Huawei, empresa que financió el viaje a China del parlamentario Flores Ancachi.
Al respecto, Lima Gris publicó el 11 de octubre del año 2023 una nota en donde se mencionaba su cercanía Flores Ancachi (sindicado de pertenecer a la presunta organización criminal ‘Los Niños), con la empresa china Huawei. En ese momento se hacía énfasis en correos electrónicos donde aparecía el nombre del parlamentario acciopopulista, así como su viaje a China, todo pagado, junto con su pareja. Aquí el enlace: https://limagris.com/huawei-jorge-flores-ancachi-y-la-energia-agrovoltaica/.
Flores Ancachi, ¿el brazo político de Huawei en Perú?
Para que la gigante asiática en tecnología pueda tener ‘terreno fértil’ para sus operaciones comerciales requiere necesariamente de un intermediario en la política, en específico un congresista peruano que se encuentre, casualmente, en la Comisión de Energía y Minas, y que desde ahí se encargue de impulsar proyectos de ley que modifiquen las leyes nacionales a favor de la gigante tecnológica. Al parecer, el elegido sería el parlamentario natural de Puno, nos referimos a Jorge Luis Flores Ancachi.
Desde el 2014, la empresa china con sede central en Shenzhen viene promoviendo el mayor proyecto agrovoltaico del mundo. Este proyecto ha sido construido en China, exactamente en el distrito de Binhe New. Desde allí se viene trabajando desde diez años para revitalizar terrenos de tierra árida en la provincia de Ningxia. El proyecto, es el resultado de un acuerdo entre el grupo Baofeng y la división Solar de Huawei, ya se ha instalado 640 megavatios de energía agrovoltaica con el objetivo de llevar la capacidad final a 1 gigavatio.
Ahora que el proyecto elaborado por el congresista Flores Ancachi se encuentra en etapa de estudio por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso cabe preguntarse si dicho grupo de trabajo dejará pasar por alto todas esas irregularidades que solamente favorecerían a la gigante asiática que no ve las horas en meter a nuestro país sus paneles fotovoltaicos.
Política
Fallece ex contralor Edgar Alarcón en bus que iba rumbo a Ayacucho [VIDEO]
Ex parlamentario se encontraba en fatídica lista de pasajeros fallecidos. Desde el Congreso ya se enviaron las condolencias a sus familiares.
Viaje mortal. El ex contralor general Edgar Alarcón Tejada falleció este martes mientras se dirigía en un bus de la empresa CIVA rumbo a Ayacucho. Durante el trayecto el vehículo de transporte interprovincial se precipitó por un barranco en el sector Apacheta, vía de Los Libertadores.
De acuerdo con Exitosa, los familiares de Alarcón Tejada se presentaron en la terminal Civa en La Victoria, Lima; sin embargo, optaron por no declarar.
Al momento, la Dirección de Salud de Ayacucho dio cuenta de 14 heridos y 13 fallecidos producto del accidente de tránsito.
Asimismo, desde el Congreso de la República se publicó un mensaje vía X en donde enviaban sus condolencias a los familiares del ex parlamentario.
Fiscalía detrás de las causas del accidente
Por su parte, la Segunda Fiscalía Penal de Huamanga inició diligencias sobre el accidente ocurrido esta mañana en la vía Los Libertadores, en la que perdieron la vida 13 personas, entre ellas el ex contralor Edgar Alarcón.
“El fiscal provincial Juan Ames Blas informó que se dispuso recabar la lista de pasajeros y documentación de la empresa de transportes y del vehículo, tomar las declaraciones de los testigos y pasajeros ilesos, así como efectuar el levantamiento de los cuerpos”, informó el Ministerio Público.
Investigaciones en su contra
Por otro lado, Edgar Alarcón enfrentaba un juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito al tener un incremento patrimonial injustificado en relación a sus ingresos como contralor general de la República. Por este hecho, el Congreso lo destituyó en 2017.
Años después, en 2020, Alarcón fue elegido como congresista para completar el periodo parlamentario 2016-2021. Sin embargo, fue suspendido de sus funciones en 2021 tras ser acusado constitucionalmente por presunto enriquecimiento ilícito cuando era contralor general.
El proceso penal contra Alarcón ya estaba en etapa de juicio oral. Ahora con su sensible fallecimiento, la Sala Suprema Penal Especial declarará la extinción de la acción penal y archivará la causa.
La Fiscalía solicitaba 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación de la función pública por 20 años, una pena de multa por un total de S/202.121,50, y el pago de una reparación civil de cinco millones 522 mil 243.72 soles.
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