Los apóstoles del Congreso: Denuncias por violación, masivas contrataciones y traiciones

Desde 2021, luego de un año consecutivo, el Poder Ejecutivo en manos del presidente Pedro Castillo continúa enviando al cadalso al país entero; sin embargo, si de poderes del Estado hablamos, ¿Cómo vamos en la Representación Nacional?

Según la encuesta de Ipsos, el Poder Legislativo tiene una desaprobación del 79%, pero en mayo de este año llegó al 82%; y según encuesta del IEP, para el 88% de peruanos, el Congreso es percibido como la institución pública más corrupta del Perú.

Sin duda, estos indicadores se lo ganaron a pulso.

Con la anterior ‘patrona’ Maricarmen Alva, el Legislativo se convirtió en su “chacra” desde que contrató al modista Carlos Cabieses como su consejero personal con un sueldo de S/ 6,300 soles, y además a una peluquera y a un estilista personal, a pesar que en plena pandemia en el hemiciclo había sesiones no presenciales.  

Recordemos que, en agosto del 2021, según el portal Epicentro, con la llegada del actual Congreso, había 3,131 trabajadores, y hasta marzo de este año, la planilla creció a 3,889. Es decir, Alva Prieto contrató a 758 personas más y les hizo firmar contratos indefinidos. Pero antes de abandonar la mesa directiva, la señora de la Lampa, aprobó un Acuerdo, en el que se establece que ella y el resto de integrantes de la mesa directiva mantendrán sus beneficios hasta seis meses después de haber dejado el cargo. Esta noticia sin duda indignó a toda la opinión pública.

Actualmente, el Congreso se encuentra más fragmentado que nunca, porque ya alcanzó a tener 13 bancadas, más los no agrupados y la nueva Mesa Directiva al mando de Lady Camones “la tiene más complicada”, porque luego de filtrarse la información que el número de los “congresistas niños” llegan a 12, una vez que la Fiscalía oficialmente les remita dicha lista, no tendrán otra opción que acusarlos constitucionalmente y desaforarlos.  

Y probablemente, por primera vez en la historia, la policía irrumpa al Parlamento para arrestar en serie a varios padres de la patria que habrían vendido sus “votos” para blindar al presidente Pedro Castillo.

Entre tanto, un miembro de la Mesa Directiva como Wilmar Elera, acaba de ser sentenciado por el Poder Judicial a 6 años de prisión efectiva por delito de colusión agravada y en el Congreso no pasa nada.

Desafortunadamente los actos delictivos en el Palacio Legislativo se han vuelto una rutina, porque durante las fiestas patrias y en menos de 24 horas se denunciaron 2 casos de violación sexual perpetrados por dos integrantes del Parlamento.

Se trata del exasesor de la congresista Katy Ugarte, Rafael Franco Moreno, quien amenazó con arma de fuego a una mujer para luego ultrajarla sexualmente en un hotel de Lince; y el segundo caso cometido por el congresista de APP, Freddy Díaz, contra su propia trabajadora congresal dentro de una oficina del Legislativo.

Una vez más somos testigos de aquel infeliz dicho: “Otorongo no come otorongo”, porque actualmente, aquel congresista continúa despachando en el Legislativo, sin ninguna vergüenza y el partido Alianza para el Progreso tampoco lo ha expulsado de sus filas. Pero lo más insólito, es que, el Ministerio Público a pesar de la flagrancia, no ha dictado prisión preliminar contra este parlamentario.

No cabe duda que las paginas policiales se han convertido en las “Policiales del Congreso” y si el statu quo no cambia a través de una reforma constitucional, entonces estaremos condenados a tener Parlamentos que siempre representarán los intereses de los “criminales” y lo que es peor, de las organizaciones criminales.