Ley de cine: esperando la segunda vuelta

Por Christian Wiener Fresco

El flamante Ministro de Cultura, el séptimo en lo que va de este gobierno, ¿será finalmente quien logre la nueva Ley de Cine? Recordemos que todos sus antecesores en el cargo prometieron en su momento conseguirla. Pero hasta el momento sigue en suspenso en el Congreso, pendiente de una segunda y definitiva votación del pleno. 

El arqueólogo Luis Jaime Castillo, sin embargo, no es alguien ajeno al sector, pues fue viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales durante la gestión de Diana Álvarez Calderón en la segunda mitad del gobierno de Ollanta Humala. Por lo que se le conoce de su paso por el cargo, no parece una persona muy interesada en estimular las Industrias Culturales, ni siquiera en lo que a la conservación y patrimonio se refiere (por ejemplo la tan anhelada Cinemateca Nacional), si ello implica entrar en conflicto con las políticas del MEF.

Es bueno recordarlo porque, como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, sin una voluntad política real de apoyo a la cultura al más alto nivel, resulta muy difícil y precario tratar de sacar adelante leyes y apoyos oficiales duraderos en un contexto de polarización política y social. Eso se ha visto en las últimas semanas, donde más allá de las gestiones y esfuerzos de los funcionarios encargados de aplicar la norma, carecieron del necesario respaldo a nivel ministerial y del propio gobierno en su conjunto, como si fuese un tema ajeno a ellos, pese a tratarse de una iniciativa emanada de un proyecto presentado al Congreso por el Ejecutivo.

Del Congreso dominado por la mayoría fujimorista no hay mucho que sorprenderse, Sabemos de su nulo interés y hostilidad por todo lo que sea cultura que no pueda aprovecharla a su favor, con expresiones demagógicas y asociación antojadiza del cine peruano con la para ellos ‘sensibilidad caviar’,  que en su limitado vocabulario es casi sinónimo de terruco. Todo ello simbolizado en la figura del Primer Ministro Salvador del Solar, a quien acusan de querer promover leyes con nombre propio, porque, claro, el ladrón siempre cree que todos son de su misma condición.
Por eso mismo, decíamos, si el gobierno estaba realmente interesado en llevar adelante este proyecto como expresión de su política cultural se requería de expresiones firmes ante el Congreso y la opinión pública, como se ha hecho en otros temas. No ha sido así, prefiriéndose la negociación a puertas cerradas con los sectores reacios y hostiles a la propuesta, dejándola finalmente en ‘stand-by’ a pedido de su principal mentor parlamentario, el exfujimorista Francesco Petrozzi, que planteó postergar la segunda votación para la próxima legislatura para evitar una votación adversa que llevara todo el proceso a fojas cero.

Lo realmente preocupante es hasta donde serán capaces los funcionarios del Ministerio de Cultura, y de los gremios de cine que lo siguen, de ceder ante las fuerzas oscuras del Congreso con tal de conseguir el anhelado presupuesto, que es la principal motivación de la propuesta legislativa. Ya no hablemos de todo lo que se ha renunciado en este largo proceso, desde la Cinemateca Nacional, la Escuela de Cine o la Film Commission,  pasando por la Cuota de Pantalla y el Mínimo de Mantenimiento (luego de lo sucedido con los estrenos de “Los helechos” y “Prueba de Fondo”), los derechos de los artistas y técnicos peruanos, hasta la posibilidad de conseguir un fondo realmente autónomo y estable de la propia taquilla, y no dependiente del tesoro público que, como la reciente experiencia en Chile con el BancoEstado ha demostrado, al igual que en México, y en el propio caso peruano también con la ley actual durante tantos años, es siempre frágil e impredecible en tiempos de austeridad fiscal, aun cuando este escrito en leyes. 

Al parecer, el artículo censor que veta la participación en los beneficios de la Ley de las obras “que vulneren o no respeten el ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente ley”; que apareció en la última versión del proyecto votado, luego del famoso cuarto intermedio solicitado por la congresista Beteta, y que fuimos los primeros en alertarlo, fue introducido a pedido de congresistas de Fuerza Popular, lo que no es de extrañar, y es coherente con su trayectoria autoritaria y represiva. Pero lo que no queda claro es si fue un contrabando no consultado o resultado de un pacto fáustico. Abona a esta última hipótesis que otros cambios en el texto de última hora refuerzan el poder de los funcionarios del Ministerio de Cultura, como la modificación de lo relacionado al porcentaje del presupuesto para el cine regional, contraviniendo el 40% acordado en el Dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio y Cultural, así como el señalamiento explícito a la Dirección General  de Industrias Culturales y Artes en la toma de decisiones ejecutivas de la Ley sobre financiamiento y manejo tributario, casi al mismo nivel del ministro del sector. En todo caso, si fueron realmente sorprendidos por este párrafo amedrentador e inconstitucional, lo que corresponde sería propiciar su retiro inmediato y no aceptarlo de forma pasiva y silenciosa como hasta el momento.

En la dinámica congresal, los proyectos son siempre susceptibles de variantes, agregados y eliminaciones hasta el último momento, como se ha visto incluso en las modificaciones antes mencionadas. ¿Por qué no hacerlo en un caso tan ostensible e inaceptable como el artículo mencionado? En tiempo de revivales fascistas, caudillos autoritarios e intolerancias políticas y religiosas en todo el mundo, toda prevención contra la sombra de la censura es pertinente y necesaria, aun a costa de cualquier presupuesto. Se trata de un asunto de principios elemental, que un creador tiene que defender como esencia de su actividad, y no permitir que se abra, bajo ningún concepto o necesidad, la peligrosa puerta al control de contenidos con ropaje legal.