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Política

Las licencias de Benavides [VIDEO]

A raíz de un comunicado de la SUNEDU, se destapa el sospechoso licenciamiento de siete filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). No les exigieron requisitos fundamentales que sí fueron exigidos a decenas de universidades que fueron cesadas.

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Lima Gris publicó el día 8 de junio un informe alertando sobre el extraño vínculo entre la SUNEDU y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), centro de estudios de propiedad del grupo económico Intercorp. La UTP recibió el licenciamiento para su sede central en Lima pero, simultáneamente, la SUNEDU le otorgó licenciamientos para siete sedes en provincias que solo existían en el papel. Una decisión ajena a la ley porque el requisito para recibir un licenciamiento es tener el local terminado y con toda la implementación necesaria. Lima Gris descubrió que esas siete licencias se otorgaron a la UTP en junio de 2019 sin contar con ningún local y sin que exista una ley que autorice.

Empiezan a asomar irregularidades mucho más profundas a raíz del comunicado que la SUNEDU emitió en respuesta a nuestro informe y en el cual se descubre, por testimonio de la propia institución, que la actuación del ex titular de la SUNEDU y hoy ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, debe ser sometida a una severa investigación.

En su comunicado la SUNEDU señala que “El 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de 8 filiales ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad” y añade que “Para obtener su licenciamiento, la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo”. Por esas razones, la SUNEDU le extendió el licenciamiento a las filiales de la  UTP “tras corroborar que dicha casa de estudio cumplía las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario en el Perú”.

Estas afirmaciones de la propia SUNEDU abren la puerta a un asunto sumamente grave. Reconocen haber otorgado licencia a la UTP sede central y a 7 filiales (pidieron 8 al final fueron 7). El problema es que para otorgar licenciamiento a esas filiales se trajeron abajo las reglas establecidas por ley que, en cambio, aplicaron rigurosamente para el cierre de otras universidades.

De acuerdo a ley, el Licenciamiento Institucional para que una universidad funcione tiene una exigencia obligatoria: que la sede principal y sus filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación. Además, estos requisitos deben ser verificados de manera presencial durante el proceso de licenciamiento. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.

¿Qué hizo la SUNEDU en el caso de las filiales de la UTP? Otorgó las 7 licencias sin que existan los locales.

Algunas de esas filiales hoy continúan en construcción y otras aún no arrancan, por lo tanto, no tienen lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco cuentan con otro requisito exigido por la SUNEDU: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar. Por no cumplir con estos requisitos, muchas universidades perdieron su licenciamiento; sin embargo, no le fueron exigidos a la UTP, la universidad del Grupo Intercorp, dueño del monopolio de farmacias y de Interbank.

Hay un punto en el cual esta historia ingresa a un terreno de ilegalidad. La SUNEDU exigió en los procesos de licenciamiento una constatación en las sedes universitarias para verificar que cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad. Para el caso de las filiales de la UTP, el 13 de marzo de 2019 se designó a la Comisión de Verificación para “la visita presencial los días 21, 22, 25, 27, 28 y 29 de marzo de 2019; y, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 15 de abril de 2019, en los locales de la sede Lima así como en los locales de las filiales ubicadas en las ciudades de: (i) Chiclayo, (ii) Arequipa, (iii) Piura (iv) Santa, (v) Ica, (vi) Trujillo, La Libertad y (vii) Huancayo”.

Si las cosas se hubiesen hecho dentro de la ley, esa Comisión de Verificación tendría que haber informado que las filiales de la UTP no cumplían con el requisito de Infraestrestructura porque eran locales en construcción y, por lo tanto, había que denegar el licenciamiento para las siete sedes en provincias.

Ocurrió lo contrario. Se emitió el Informe de Verificación Presencial 071-2019-SUNEDU-DILIC-EV de fecha 07 de Mayo del 2019 señalando que el requisito de Infraestructura estaba cumplido.

“07 de mayo de 2019 se emitió el informe de verificación presencial N°071-2019-SUNEDU-DILIC-EV, el cual concluye con resultado favorable, en tanto se verificó el cumplimiento CBC”.

En base a este informe (y otros), Martín Benavides como jefe de la SUNEDU firmó, el 12 de junio de 2019, la Resolución del Consejo Directivo Nº 081-2019-SUNEDU/ CD afirmando que se habían cumplido las Condiciones Básicas de Calidad —local terminado, aulas, salas de profesores, biblioteca, laboratorios— y otorgó a la UTP el licenciamiento para su sede principal en Lima y para las siete filiales a nivel nacional —no cinco como señalan en su comunicado—.

Al día de hoy, ¿cuál es el estado real de esas sedes licenciadas de manera ilegal? No están terminadas y, obviamente, no tienen equipamiento. Esta es la realidad:

Edificio en construcción. Sede UTP. Foto: 9 de junio de 2020
Local UTP Ica. Foto: 9 de junio de 2020.

¿Cómo pudo la SUNEDU en mayo de 2019 verificar el cumplimiento de “la infraestructura completa” si al día de hoy esos locales se encuentran en proceso de construcción? ¿Cómo pudieron dar fe de la existencia real de las bibliotecas y los laboratorios si no existe esa implementación?

El hoy ministro de Educación, Martín Benavides, deberá explicar por qué concedió y firmó los 7 licenciamientos para las filiales en provincias de la UTP, mientras cerraba universidades por no cumplir con los mismos requisitos que incumplió la UTP.

Existen más evidencias de un proceso que, a la luz de los hechos, parece haber sido destinado a favorecer a la UTP, la universidad del poderoso Grupo Intercorp. Todas las universidades que la SUNEDU clausuró sin diseñar alternativas para que 120 mil estudiantes pudiesen seguir sus estudios, fueron dejadas sin licenciamiento por no cumplir las ocho condiciones que la ley exige. Sin embargo, esas ocho condiciones que la SUNEDU aplicó a todas las universidades con gran rigor, no las exigió en el caso de la UTP.

Estas son las ocho Condiciones Básicas de Calidad exigidas. Si una universidad incumplía con tan solo una de ellas, perdía el licenciamiento.

Como es fácil advertir, las siete filiales de la UTP no podían cumplir con ninguna de las ocho Condiciones Básicas de Calidad por la sencilla razón de que no estaban funcionando y sus sedes siguen en construcción; sin embargo, obtuvieron el licenciamiento.

¿Por qué el hoy ministro de Educación y ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, decidió actuar de este modo? No se trata de simples errores administrativos, se trata de ventajas concedidas para un negocio sumamente lucrativo.

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Política

Bancadas de izquierda y No Agrupados consiguen los votos requeridos para presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte

Moción multipartidaria sostiene que la mandataria ha incurrido en una “permanente incapacidad moral” relacionado a los casos Rolex y ‘Waykis en la sombra’, entre otras conductas irregulares a su investidura.

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Hace unos días la presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que su intención es permanecer hasta el 2026 en el sillón de Pizarro, a pesar de que cada día van apareciendo más indicios de que ella habría cometido actos de corrupción gracias a favorecimientos indebidos de sus ‘waykis’. Ajena a la realidad de millones de peruanos, ella intenta crear una realidad alterna solo para el exterior, aseverando que existe un “gobierno fuerte”. Al parecer, tantas joyas en su cuello y brazos la han enceguecido de no percatarse que tiene en sus narices un país al borde del abismo.

Es así que las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú han presentado una nueva moción de vacancia contra la “mamá de todos los peruanos” para que se declare su “permanente incapacidad moral” por la desactivación del Equipo Especial de policías que prestaban apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En la moción, se le acusa a Dina Boluarte de intervenir indebidamente en las investigaciones policiales y fiscales relacionadas con su familia. Por ejemplo, se cuestiona que el 7 de mayo Boluarte haya convocado al coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), tan solo tres días antes de la detención de su hermano, para discutir temas relacionados con las investigaciones en curso.

Durante esta reunión, según trascendió, la presidenta realizó varias preguntas incisivas al coronel Moreno, como: “¿Por qué usted no ha puesto a disposición al coronel Harvey Colchado a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional?”. Se reporta que esta pregunta se refería a la destitución de Colchado como jefe de la Diviac después del allanamiento de la residencia de Boluarte en marzo de 2024, en el marco de un caso de relojes Rolex.

Los 28 congresistas que apoyan la moción (7 de Perú Libre, 8 de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, 4 del Bloque Magisterial, 2 de Perú Bicentenario, 1 de Podemos Perú, y 6 No Agrupados) afirman que Boluarte Zegarra ha violado varias disposiciones constitucionales y ha abusado de su posición para obstruir la justicia. También indicaron que la presidenta habría “cometido delitos utilizando indebidamente su cargo de jefa de Estado y de la Nación para tal efecto”. Añaden que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop fue una maniobra para evitar la investigación de su entorno.

Como se recuerda, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial 0610-2024-IN que desactivó el equipo policial de apoyo al Eficcop. Esta medida, según el ministerio, se tomó debido a la “duplicidad de funciones” entre este equipo y la Diviac. Sin embargo, la medida fue criticada por diversos sectores que la consideraron una forma de obstrucción a la justicia.

El dato:

Esta sería la sexta moción de vacancia contra la mandataria, las cinco anteriores no alcanzaron los votos requeridos para su debate y pasaron a su archivo.

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Política

Juan José Santiváñez juramentó como nuevo ministro del Interior [VIDEO]

Abogado ingresa en reemplazo de Walter Ortiz, quien presentó su carta de renuncia a la mandataria tras 45 días al frente del Mininter.

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El sexto en la lista. El abogado Juan José Santiváñez Antúnez juramentó hoy a las 2 de la tarde como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), reemplazando del renunciante Walter Ortiz, quien permaneciera poco más de un mes al frente de dicha cartera.

Santiváñez junto a Walter Ortiz, quien fuera su superior hasta hace unas horas. Foto: Presidencia.

Santiváñez Antúnez, se desempeñaba hasta la fecha como viceministro de Orden Interno desde abril de este año, y en dos ocasiones anteriores (mayo 2020 y febrero – marzo 2024) fue jefe de gabinete de asesores en el Mininter.   

El primer civil en asumir la jefatura del Mininter es un abogado que hasta este 16 de mayo se desempeñaba como viceministro de Orden Interno de dicho portafolio, cargo al que juramentó hace tan solo un mes en reemplazo del general PNP (r) Miguel Núñez Polar. Asimismo, se ha desempeñado dentro del Mininter como jefe del gabinete de asesores.

El letrado es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con maestrías en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Según su hoja de vida, tiene también un máster en Litigación Oral por la California Western School of Law (USA), y máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España), por la que obtuvo la calificación “Summa Cum Laude”.

fuente: rpp.

Nuevo ministro del Interior y sus fuertes lazos con la Policía

Juan José Santiváñez fue abogado de miembros de la Policía en casos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el del general general Héctor Petit Amésquita, implicado en la presunta adquisición a precio sobrevalorado de rancho policial y equipos de protección contra la Cco-19, en el 2020.

Santiváñez también fue abogado del general PNP José Figueroa, quien en 2018 fue señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Intocables Ediles, vinculada al cobro de extorsiones a comerciantes ambulantes y liderada aparentemente por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba.

Asimismo, mencionó haber sido abogado “a nivel administrativo” de Enrique Prado Ravines y otros involucrados en el caso del Escuadrón de la Muerte, que entre 2012 y 2016 presuntamente llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales de sospechosos delincuentes.

En 2023, se supo de otros casos similares en los que Juan José Santiváñez actuó como abogado de tres generales de la Policía Nacional implicados en presuntos ascensos irregulares durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, en el 2021. Santiváñez Antúnez representó legalmente a Luis Enrique Legua Egocheaga, Eduardo Espinoza López y Fredy Aristo del Carpio, acusados de pagar una ‘coima’ para acceder a un ascenso.

“Son defensas que yo asumí en el ejercicio de mi profesión porque toda persona tiene derecho a su defensa”, manifestó en febrero de este año para RPP, luego de haber sido designado nuevamente como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, en la gestión del exministro Víctor Torres.

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Política

Ministra Elizabeth Galdo respalda a la presidenta y asegura que no existen fundamentos para vacarla

La ministra de Comercio Exterior y Turismo afirmó que confía en que la nueva vacancia contra la mandataria Dina Boluarte no va a prosperar y aseguró que la presidenta debe culminar su mandato en 2026.

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La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, que perdió el control el 23 de abril pasado en un lamentable hecho en la ciudad imperial, cuando agredió a un periodista, al arrebatarle el micrófono para luego arrojarlo al suelo, solo porque le formuló una pregunta incomoda, ha salido a pronunciarse en favor de la presidenta Dina Boluarte y se suma a los ministros que han ejercido su férrea defensa hacia el gobierno, como si fueran los voceros oficiales.

Esta vez la titular del Mincetur durante su estancia en Arequipa se pronunció ante la nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por las bancadas de izquierda en el Congreso y dijo que la vacancia es una facultad que tiene el Parlamento, pero que debe haber “razonabilidad”.

“Considero que el Congreso está haciendo un ejercicio de las facultades que tiene como sucede en cualquier país democrático. Si esa moción avanza, esperemos que haya razonabilidad y sustento, porque los peruanos queremos seguridad, tranquilidad, trabajo”, sostuvo Galdo.

Además, consideró que no existen fundamentos para destituir a la presidenta Dina Boluarte del cargo que ocupa desde el 7 de diciembre de 2022 y confió que la moción será rechazada por la mayoría de los congresistas.

“Yo esperaría que esta moción se rechace, considero que no existen fundamentos para que prospere, pero por supuesto que respeto el libre ejercicio de las funciones del Congreso que democráticamente pueden optar por esas alternativas. Confío en que no va a prosperar”.

Ministra de Comercio Exterior Elizabeth Galdo fue denunciada por haber agredido a periodista en Cusco.

Elizabeth Galdo respalda incondicionalmente a la presidenta Dina Boluarte

“Yo respaldo a la presidenta, porque veo que es una persona que está completamente dedicada las 24 horas a trabajar por sacar adelante a nuestro país. Además, es una persona resiliente, fuerte, que nos da mucha fuerza e impulso a todos los ministros”, indicó.

La ministra de Comercio Exterior Elizabeth Galdo se encuentra en Arequipa, con motivo de las reuniones del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) que se celebrarán en noviembre.

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Política

Daniel Hermoza explica la demora para que se apruebe la ley para la reducción de la valla eléctrica: “Las distribuidoras no están acostumbradas a la competencia”

Recientemente la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen de los PL para el acceso de las Mypes al mercado libre energético luego de casi 4 años de insistencia.

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Finalmente la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista de Perú Libre Segundo Quiroz, aprobó el dictamen de los Proyectos de Ley N.º 2543/2021-CR, 2691/2021-CR, 3394/2022-CR y 3619/2022-CR, proyectos que tienen en común la posibilidad del micro y pequeño empresario a pasar del mercado regulado al mercado libre energético, pues de esa manera se verían beneficiados en las tarifas de electricidad al elegir a qué empresa generadora contratar.

Al respecto, Lima Gris conversó con Daniel Hermoza, director de la Mypes Unidas del Perú (MUP) para que nos explique los motivos de la demora en aprobarse una ley que beneficiaría a cientos de miles de micro empresarios, así como de quiénes estarían detras en impedir que se se concretice finalmente en una ley.

Aquí la conversación:

¿Por qué hay tanta oposición para que se aprueben los proyectos de ley para la reducción de la valla eléctrica?

Obviamente los intereses de las empresas chinas que están manejando ahora Enel como Luz del Sur para que se evite, digamos, la posibilidad que la Mype pueda adquirir la electricidad directamente de los generadores, lo cual les va a traer en el futuro una disminución en los ingresos que ellos pretenden tener a costa. Cabe saber claramente que una Mype tiene un alto consumo que no se puede comparar a la de un consumidor residencial. Entonces, creo que eso básicamente ese ha sido el motivo por el cual existe una oposición férrea.

Desde el 2020 que comenzamos nosotros a pedir al Congreso de la República en reiterados proyectos de ley. Creo que desde la experiencia Mype es la lucha que más proyectos de ley se han presentado en los últimos casi cuatro años sobre la misma materia a pesar de que se pedía de que se bajara la vaya a 50 el Congreso ha encontrado una fórmula un poco negociadora, imagino con el sector de la distribución, que ha bajado tres tramos. Primero a 150, luego a 100 y ahora a 50 para el 2019. No es una fórmula que no hubiéramos esperado, pero peor es no tener absolutamente nada; por lo menos tenemos esperanza de que dentro casi 5 años podamos a comenzar a adquirir, sobre todo los más pequeños, la energía directamente a los generadores.

Para tener bien en claro los conceptos, ¿podría mencionar la diferencia entre generador y distribuidor?

Por supuesto. Los generadores sonlos produce la energía, vale decir a través de las hidroeléctricas, a través del gas, de las generadoras del ciclo combinado, que utilizan gas para poder generar la electricidad, o eventualmente las de energía renovable como la eólica o la solar; esos son los que producen la electricidad. Los distribuidores son aquellos que se dedican a la comercialización de la energía, que son los que les venden a los usuarios regulados, tanto Mypes como domiciliarios.

Enel y Luz del Sur son las distribuidoras de energía en la capital.

El Ministerio de Energía y Minas se pronunció respecto a esos proyectos indicando que se generaría un doble pago y que eso perjudicaría al consumidor final.

Eso es totalmente falso. Lo que pasa es que hay que entender que el Estado también tiene distribuidoras. El Estado también distribuye en las demás provincias; Lima nomás tiene este fenómeno de las empresas privadas: Enel y Luz del Sur. Pero en cuanto a las regiones es el Estado a través de FONAFE que son dueñas de las distribuidoras; por ejemplo, Adinelsa, Hidroandina, Distriluz que son parte del grupo de FONAFE, y es lógico y entendible que el Estado no sea una parte neutral al momento de emitir su opinión, sino que al contrario resulta una parte interesada dado que posee empresas que están en el sector distribución. Entonces, también en algunas regiones muchas Mypes podrán adquirir la energía al generador; eso va a quitarles de repente.

El hecho de que exista este dictamen (y ojalá se apruebe la ley) es lo siguiente: esta ley no quitaría el hecho de que Luz del Sur, Enel o las distribuidoras del Estado puedan negociar con el empresario. Yo le puedo decir a Luz del Sur que la hidroeléctrica de Machu Picchu o del Mantaro me está dejando 20% más barata la luz de la que tú me vendes. Y Luz del Sur o cualquier otra distribuidora podrá salir a igualar la oferta. Lo que pasa es que las distribuidoras no están acostumbradas a la competencia, ese es el problema de fondo. No podemos seguir con este modelo que fue diseñado con cierta lógica en la década del noventa cuando se dio la Ley de Concesiones Eléctricas; esa ley obedece a una realidad distinta a la que estamos viviendo hoy.

Entre los argumentos de las distribuidoras indican que al reducirse la valla estarían perdiendo muchos clientes pues elegirían la opción de usuario libre.

Eso también es totalmente falso por dos motivos fundamentales. Primero, eso se demuestra porque todos los años, yo diría hasta mensualmente, todas las distribuidoras hacen contratos de ampliación de oferta, es decir, hacen adicionales a los contratos porque demandan más energía, y eso se debe fundamentalmente al ingreso de aproximadamente 50 mil viviendas nuevas al año en todo el Perú que obviamente demandan electricidad.

Todos los años ingresan nuevas viviendas al mercado del consumo de energía, al igual que los centros comerciales. Y a todo eso hay que sumarle que todos los años ingresan al mercado alrededor de 10 mil a 20 mil nuevas empresas, que también van a demandar mayor cantidad de energía. Por lo tanto, no es tan cierto de que pierden, porque todos los años van incrementando su oferta. Ese argumento se desbarata por sí solo; no es que pierdan, sino que van a dejar de seguir ganando más de lo que deberían ganar. Recuerda que una de las pocas empresas en el Perú que generan utilidades son las distribuidoras.

Al inicio de la conversación mencionó que habrían intereses de algunas empresas chinas que en la actualidad vienen copando el sector energético.

Eso no tengo la menor duda. Los chinos tienen que haber evaluado el mercado esclavista que tiene la distribución de energía fundamentalmente en Lima, y cual juego de monopolio les interesa mucho tener la distribución de un mercado cautivo que no tiene competencia. Ellos al invertir lo que han invertido en estas distribuidoras no quieren que ese mercado cautivo desaparezca. Este tipo de normas les causa a ellos un malestar que no debería ocurrir porque no es que los saquen del cuadro, sino que de aprobarse la ley ahora tendrán que acostumbrarse a competir y no quieren competir.

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Política

Poder Judicial: Audiencia de ‘tutela de derechos’ de la presidenta Dina Boluarte será el 21 de mayo

El Juzgado Supremo programó la diligencia virtual, solicitada por la investigada Dina Boluarte, para el próximo martes. La mandataria actualmente es indagada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otros.

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El Juzgado Supremo de Tutela de Derechos del Poder Judicial (PJ) programó la audiencia de tutela de derechos solicitada por la indagada, presidenta de la República, Dina Boluarte, para el próximo martes 21 de mayo.

La audiencia será de manera virtual

Así fue dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, de acuerdo al Expediente 00018-2024-4—5001-JS-PE-01, cuyo magistrado supremo es Saúl Peña Farfán.

Dicha instancia resolvió que la sesión tenga lugar alrededor de las 03:00 p.m. del próximo martes 21 de mayo y se desarrollará de manera virtual y deberá contar con la presencia obligatoria del representante de la Fiscalía de la Nación.

“Convocar para el día martes 21 de mayo de 2024, a las 15:00 horas, la realización de la audiencia de tutela de derechos, solicitada por la indagada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la cual se llevará a cabo a través del aplicativo Google Hangouts Meet”, se lee en el documento de la Corte Suprema de Justicia.

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Política

Wilfredo Oscorima ingresó a la Fiscalía de la Nación para declarar por el ‘caso Rolex’

¿Acaso nuevamente se acogerá al silencio? Tras mes y medio de haber visitado la sede principal del Ministerio Publico, el gobernador de Ayacucho fue citado a diligencia de hoy y llegó acompañado de su abogado Humberto Abanto y su equipo de seguridad.

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Este jueves 16 de mayo, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, llegó a la sede principal de la Fiscalía de la Nación para rendir su declaración por el denominado ‘caso Rolex’, por la investigación que se le sigue, junto a la mandataria Dina Boluarte, por presuntos delitos cometidos por la entrega de joyas y relojes de alta gama a la presidenta de la Republica.

Tras mes y medio de haber visitado la sede de la Fiscalía y en la que se acogió a su derecho a guardar silencio; esta vez el gobernador Regional de Ayacucho llegó acompañado de su abogado Humberto Abanto y de su equipo de seguridad y al momento de ingresar al Ministerio Público no quiso prestar declaraciones a la prensa. 

¿En esta diligencia también se acogerá al silencio?

Se espera que esta vez Oscorima responda a las preguntas del interrogatorio y que no se acoja al derecho al silencio como lo hizo en la diligencia anterior del jueves 4 de abril pasado. En esa ocasión, pese a que la autoridad regional permaneció al interior de la sede del Ministerio Público aproximadamente 2 horas, él decidió no hablar.

El gobernador ante su llegada a la Fiscalía también fue rodeado por periodistas que le preguntaban sobre los relojes de la presidenta Dina Boluarte; sin embargo, tampoco respondió ante los medios. Y a su salida de la sede del Ministerio Público, Oscorima salió apresurado y sonriente, se subió a su camioneta e hizo lo mismo, no dar declaraciones.

Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, supervisa el proceso. 

Presidenta Dina Boluarte también acudió a la Fiscalía por ‘caso Rolex’

Recordemos que el último miércoles 15 de mayo, la presidenta Dina Boluarte también se presentó ante la Fiscalía de la Nación para dar una declaración por este caso que ha sido ampliado para incluir relojes Rolex y diversas joyas. Sin embargo, según fuentes, también se habría acogido a su derecho de guardar silencio, tomando en cuenta que la diligencia fue más breve que su primera aparición del 5 de abril, que duró cinco horas; mientras que ayer permaneció apenas una hora y veinte minutos.

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Política

Dina Boluarte alista maletas para viajar a China en medio de investigaciones por los casos ‘Rolex’ y ‘Los waykis en la sombra’

Sería el sexto viaje al exterior de la mandataria. Viaje se daría en junio para sostener una reunión con su homólogo Xi Jinping.

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Incongruencias. El último reporte del INEI reveló un incremento en la pobreza a nivel nacional, sin embargo, para la jefa de Estado, Dina Boluarte, eso no es ningún inconveniente para que siga viajando al extranjero, pese a que el canciller Javier González -Olaechea había resaltado que los viajes a partir de ese momento solamente tenían que ser necesarios. Todo ello se puede sumar a su bajísima aprobación ciudadana, reflejada en las encuestas y, sobre todo, sus cuestionamientos respecto a los “préstamos” de los relojes Rolex y diversas joyas de “bisutería fina”, o cómo olvidar el caso de ‘Los waykis en la sombra’.

Fue el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, quien deslizara durante una conferencia de prensa la información de posible sexto viaje al extranjero de la mandataria.

Según lo declarado por el titular del Midagri, la presidenta tiene planeado viajar a China en junio próximo en una visita oficial que tiene como objetivo tratar un total de 29 puntos con el presidente chino Xi Jinping, en los que se incluye la posibilidad de exportar carne peruana al gigante mercado chino.

“La presidenta Dina Boluarte está yendo a China en junio y lleva 28 puntos para tratarlo con el presidente chino (Xi Jinping). Hemos logrado incorporar el punto 29: exportar carne a China”, expresó durante la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

Titular del Midagri, Ángel Manero. Foto: Presidencia.

Permiso para viajar a China aún no ha sido presentado ante el Congreso

Cabe destacar que este viaje al país del Pacífico debe ser previamente aprobado por el Congreso de la República, a fin de movilizarse bajo lo que concibe la ley que permite la presidencia remota. Una norma que ha sido considerada como inconstitucional de la cual la última voz la tiene el Tribunal Constitucional. Ahora, la mandataria, sin la expresa autorización el Legislativo, planea gastar cientos de soles en el viaje.

Dina, entre ‘waykis’, Rolex y costosos viajes al extranjero

Desde la Dina Boluarte asumió como mandataria de todos los peruanos, sus gustos y excentricidades poco a poco se han incrementado, pasando por exhibir costosísimas joyas, una decena de vehículos escolta que no se apartan de ella ni un minuto, “préstamos” de “waykis” incondicionales, o viajes al extranjero que obviamente son pagados por todos los peruanos.

A propósito, cabe recordar sus cinco viajes previos.

El primer viaje oficial de Dina Boluarte, luego de la aprobación del gobierno remoto mediante la Ley 31810, fue a Brasil para la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, del 7 al 9 de agosto de 2023. El segundo fue con destino a Nueva York, Estados Unidos, del 18 al 21 de septiembre del año pasado, para asistir al 78 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Su tercer viaje abarcó una gira oficial por Europa del 12 al 15 de octubre de 2023, durante la cual visitó Alemania, Italia y el Vaticano. El cuarto viaje de Boluarte Zegarra al extranjero fue para asistir a la cumbre inaugural de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), en Washington, Estados Unidos, del 1 al 4 de noviembre del año pasado.

Y el último fue a San Francisco, Estados Unidos, para participar en la 30ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar del 15 al 17 de noviembre de 2023.

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Política

Fiscal suprema Delia Espinoza pide suspensión por 36 meses de Patricia Benavides

La fiscal solicitó la medida ante el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checkley.

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La Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal Delia Espinoza, presentó un requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides, fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación, por un período de 36 meses. 

La fiscal solicitó la medida ante el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checkley Soria, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a Benavides Vargas, por los delitos contra la tranquilidad publica, organización criminal agravada y por los delitos contra la administración púbica, en las modalidades de cohecho activo especifico, cohecho pasivo especifico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, trafico de influencias agravado, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, todos en agravio del Estado.

Convocan audiencia para el 22 de mayo

La Fiscalía Suprema Especializada ha informado que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante la resolución número uno del 14 de mayo de 2024, ha convocado una audiencia para el miércoles 22 de mayo de 2024 a las 9:30 de la mañana para discutir el requerimiento de suspensión de derechos.

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