La Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) fue creada en el 2012, lleva ocho años sin funcionar, tiene apenas tres aulas en las que nunca se dictó ni una clase, carece de equipamiento, nadie sabe el nombre de su rector y, sin embargo, el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, le otorgó un veloz licenciamiento el año 2019.
Antes de la SUNEDU, la institución que otorgaba licenciamiento a las universidades era el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) y el 25 de julio de 2012, la CONAFU, mediante resolución 405-2012, le otorgó licencia de funcionamiento provisional a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) para brindar servicios educativos en cinco carreras profesionales: Derecho; Ingeniería Mecánica; Contabilidad y Finanzas: Ingeniería de Sistemas y Telemática; y Enfermería.
El dueño original de esta universidad fue Mario Gabriel Peláez Bardales, hermano del controvertido ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales. En febrero de 2013, el Grupo El Comercio compró la licencia de funcionamiento que tenía Peláez y constituyó el 30 de julio de 2013 la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL). En los documentos oficiales aparece como propietaria Proyectos Educativos Integrales del Perú, la empresa que el Grupo El Comercio tiene para sus negocios en el sector educación.
Finalmente, en junio del 2017 el Grupo El Comercio le vendió la UPAL —universidad que no operaba, era tan solo un papel— al fondo de inversión UCX Holding, el actual propietario en sociedad con la empresa SASIL.
El factor Benavides
Con estos antecedentes, los nuevos dueños de la UPAL se presentaron el 24 de julio de 2017 ante la SUNEDU para solicitar el codiciado Licenciamiento Institucional, es decir, el permiso para funcionar como universidad. Ese año no tuvieron suerte, pero todo cambió a favor de la UPAL cuando llegó Martín Benavides Abanto como jefe de la SUNEDU.
El 2 de febrero de 2019, la UPAL obtuvo el informe técnico de licenciamiento, el 3 de junio el informe de Asesoría Jurídica y el 5 de agosto la Resolución del Consejo Directivo Nº 105-2019-SUNEDU/CD que le otorgó la “Licencia Institucional a la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL) para ofrecer el servicio educativo superior universitario”. Todo muy extraño como veremos a continuación.
Un asunto grave
¿Cómo logró tener licenciamiento una universidad como la UPAL que desde el año 2012 nunca había funcionado y solamente era un papel con logotipo? La propia SUNEDU admite que la UPAL “hasta ahora no ha ofertado el servicio educativo”, es decir, aceptó que se presente a solicitar un licenciamiento sin haber tenido nunca un alumno, ni un profesor ni haber dictado una sola clase; y con esos antecedentes le concedieron una licencia para operar.
Peor todavía, le permitieron reducir las carreras (jamás dictadas) porque su permiso original del año 2012 era para dictar cinco carreras y el 2019 la SUNEDU le aceptó “modificar totalmente la oferta académica” y le permitió desistir “de los cinco programas académicos para los que había sido autorizada inicialmente” y le aceptó que solamente dicte dos nuevos programas: Empresa y Tecnología e Ingeniería de Software. En otros casos, los cambios en los programas de enseñanza fueron causal de cierre, pero, para la fantasma UPAL fue fundamento para lograr un licenciamiento.
La universidad de tres salones
Cuando se revisa el expediente de la universidad fantasma UPAL, se encuentra un increíble informe que señala “El local cuenta con tres aulas en total: Aula 1, Aula 2 y Aula 3. Asimismo, cuenta con dos laboratorios que se pueden convertir en aulas por el tipo de equipamiento (lap tops)”.
Es decir, la UPAL es una “universidad” que tiene menos aulas que aquellas antiguas academias de preparación que una familia abría en una casa para preparar postulantes. Durante la tramitación, la propia SUNEDU fue consciente de que tres aulas constituyen una infraestructura ridícula y, por eso, su informe intenta una justificación insólita: se puede ampliar en dos aulas más si se retiran las lap tops del laboratorio. Es decir, los alumnos tendrían que desalojar los laboratorios para poder recibir clases y después devolver los equipos a los laboratorios. ¿Esto es lo que Benavides llama Condiciones Básicas de Calidad?
Esas tres aulas, según la licencia de funcionamiento que la SUNEDU le dio a la UPAL, tienen la siguiente capacidad: “El aforo de cada aula es para veinte (20) estudiantes en las aulas 1 y 3, y para cuarenta (40) estudiantes en el aula 2. Los laboratorios tienen un aforo de veintiún (21) estudiantes cada uno”.
Es decir, las tres aulas pueden recibir 80 estudiantes en total. Si ya es muy extraño licenciar una universidad de apenas 80 estudiantes mientras se deja en la calle a casi 150 mil estudiantes. Lo que ingresa en el terreno de la sospecha es que la SUNEDU autoriza a esta universidad fantasma para convocar un proceso de admisión anual para las dos únicas carreras que dicta con vacantes de 100 para cada carrera, es decir, un total de 200 alumnos en su primera convocatoria de admisión.
¿Dónde van a ingresar esos 200 alumnos si las aulas sólo pueden tener capacidad para 80 alumnos? Incluso, si desarman los laboratorios todos los días llegan a una capacidad tope de 121. Lo que dice el informe de la SUNEDU ingresa al terreno de la sospecha por cuanto se esmera en apoyar a la UPAL: “En cuanto al número de aulas y laboratorios, la cantidad máxima de aforo de sus tres (3) aulas y dos (2) laboratorios es de ciento veintiún (121) personas, por lo que, si se dictan en turnos de mañana y noche (12 horas diarias) y si cada grupo de estudiantes usa los ambientes de dos (2) a tres (3) horas diarias, la Universidad garantiza contar con ambientes suficientes para brindar el servicio educativo”.
Si bien es imposible entender aquello de “turnos de 12 horas diarias con clases de tres horas diarias” lo concreto es que se trata de un caso flagrante de una universidad que no cumple con un mínimo de infraestructura, pero la SUNEDU sostiene que hay garantía de ambientes suficientes. ¿Por qué en este caso la SUNEDU pasó por alto las Condiciones Básicas de Calidad que exige con tanto rigor?
Benavides mandó cerrar universidades porque tenían un caño de agua en mal estado y se niega rotundamente a que algunas universidades —con amplia infraestructura— sean reorganizadas para que miles de estudiantes no se queden sin estudios. ¿Por qué el afán de cerrar universidades a como dé lugar y darles licencias a universidades en construcción (UTP) o fantasma como la UPAL?
Un aspecto que tendrá que ser sometido a necesaria investigación son los famosos Informes de Verificación Presencial de la SUNEDU. En el caso de la universidad fantasma UPAL señalan que verificaron de manera presencial los laboratorios y encontraron que existía un “mejoramiento de equipamiento en sus laboratorios con lo que se puede afirmar que la universidad dispone de infraestructura para el desarrollo de sus programas de estudio”. Una tremenda contradicción entre este informe y otro que señala que los dos laboratorios solo tienen lap tops y, por eso, pueden usarse como aulas.
Existe el siguiente hecho injustificable. La SUNEDU ha otorgado licenciamiento a una universidad que no funcionó nunca y que existía en un papel del año 2012. Por si no bastara le ha dado permiso a la universidad fantasma UPAL para operar recién a futuro y le ha pasado por alto el exigente requisito de calidad. La SUNEDU lo dice explícitamente: “El licenciamiento otorgado implica que la universidad podrá iniciar sus actividades académicas luego de haber demostrado que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria”.
Entonces, si la UPAL tiene pendiente demostrar “que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC)” ¿por qué le otorgaron licencia cuando por esta misma razón se cerraron decenas de universidades?
El ex titular de la SUNEDU y hoy ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, ha insistido en afirmar que muchas universidades se cerraron porque no cumplían con criterios de infraestructura y con un normal funcionamiento. En nombre de esa rigurosidad las cerró sin dar ninguna alternativa a decenas de miles de estudiantes que vieron truncado su futuro profesional y hasta hoy la SUNEDU no les da una opción.
Más aún, en la actualidad, Benavides se opone a que las universidades privadas con licencias denegadas se incorporen al Decreto Supremo 016-2019-MINEDU. Este dispositivo es pertinente para dar una solución e, incluso, pondría fin a una situación de discriminación que no puede consentirse.
En efecto, las universidades públicas denegadas gracias al régimen del D.S. 016-2019 pueden reorganizarse bajo el control de la SUNEDU y, si elevan su nivel académico, pueden volver a funcionar, de lo contrario cierran para siempre. Esa misma regla debería aplicarse para las universidades privadas denegadas cuyos alumnos están en la calle. Ese régimen al ser exclusivo para las universidades estatales, es inconstitucional porque atenta contra la igualdad ante la ley (art. 103 de la Constitución) y es discriminatorio. Si se incorpora a las universidades privadas denegadas, se evita la inconstitucionalidad y la discriminación.
Un detalle final que dice mucho: si Benavides hoy no es jefe de la SUNEDU ¿por qué sale en los medios de comunicación a hablar a nombre de la SUNEDU pasando por encima del actual jefe? ¿Será por temor a que se sigan descubriendo las decisiones arbitrarias que tomó para darle el mercado de la educación a sectores con poder económico? Si alguien se preguntase: ¿presunción de corrupción? quizá empiece a dar una pista real.
Cree que nos chupamos el dedo. Ya no se tira al suelo cuando le gritan que lo haga, tampoco sostiene tembloroso un papel frente a una cámara, pero lo que no pierde es la mala costumbre de ver espejismos que alteran la percepción de la realidad. Algo tiene el sillón presidencial que últimamente viene distorsionando a los jefes de Estado que ven cosas que no existen, creyendo que la población los idolatra y les ve como los últimos paladines de la democracia.
Durante la audiencia de autoapelación del proceso que le sigue la Fiscalía por el presunto delito de rebelión, el ex presidente Pedro Castillo Terrones negó tener intenciones de fugarse del país, como si todos hubiésemos olvidado que su ex ministro de Transportes, Juan Silva, nunca se hubiese escapado ni bien vio la oportunidad de hacerlo.
Como se recuerda, el profesor chotano viene cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde diciembre del 2022.
“Si ahora me dan la oportunidad de estar libre, yo no voy a fugar -al contrario- inmediatamente lucharía para que mi familia esté conmigo, a mi lado, junto a mis hijos. Yo no voy a fugarme del Perú, yo amo este país. Yo amo a mi patria”, expresó el exmandatario.
Durante la audiencia, Castillo estuvo acompañado de su defensa, la misma que ha presentado este recurso legal, solicitándole al juez César San Martín que revise el mandato de prisión preventiva contra el expresidente y que esta varíe por una comparecencia con restricciones.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó que este requerimiento sea desestimado debido a que ya ha pasado por una apelación y evaluación anteriormente.
Tras escuchar a ambas partes, el juez César San Martín informó que la decisión será sometida a voto e informada en los próximos días.
En otro momento de la audiencia virtual, Pedro Castillo manifestó ser aún presidente del Perú.
“Yo sigo siendo presidente de la República… El Perú conoce de los hechos, el pueblo sabe que el 7 de diciembre, siendo presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente”, sostuvo Castillo Terrones.
🚨 Se agrava la salud mental de Pedro Castillo: Durante su audiencia de apelación, insistió en que aún es presidente y exigió su liberación. pic.twitter.com/RAzhiO13AQ
— Izquierdistas Nostálgicos De Sendero Luminoso ☭ (@AccidentalFuji) November 26, 2024
SAC aprueba informe final para inhabilitar por 10 años a ejercer cargos públicos a ex presidente Francisco Sagasti [VIDEO]
Comisión del Congreso acusó al ex mandatario de haber mandado al retiro a 16 generales de la PNP de manera arbitraria. Informe deberá pasar por el Pleno para su aprobación.
Lo quieren sacar del juego. La Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por un lapso de 10 años al ex presidente Francisco Sagasti de ejercer cualquier cargo público, y así truncarle su intención de postular a las Elecciones de 2026. De acuerdo a dicho grupo de trabajo, Sagasti Hochhausler habría incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal.
El documento aprobado con 15 votos a favor, 1 en contra y una abstención, acusa a Francisco Sagasti y a los exministros del Interior Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro por presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal en un cargo público, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal. Además, se recomienda inhabilitar a Sagasti de la función pública por un periodo de 10 años.
En noviembre de 2020, el entonces presidente de Perú, Francisco Sagasti, llevó a cabo cambios significativos en la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que generó controversia y críticas. Estos cambios incluyeron el pase al retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la institución. Según el congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el documento al respecto, estas acciones fueron tomadas de manera “arbitraria y abusiva”, afectando la estructura de la PNP.
El contexto de estos cambios se remonta a las protestas sociales que se desataron en Perú tras la designación de Manuel Merino como presidente interino. Durante estas manifestaciones, que se tornaron violentas, dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, perdieron la vida, lo que intensificó la presión sobre el gobierno de Sagasti para realizar ajustes en la policía.
Montoya argumenta que las decisiones de Sagasti y sus ministros del Interior no solo fueron precipitadas, sino que también impactaron negativamente en la moral y el funcionamiento de la policía. Este informe ha sido presentado en un momento en que el país sigue lidiando con las secuelas de las protestas y la inestabilidad política que caracterizó ese periodo.
Si se llega a aprobar en esta instancia, se tendrá que nombrar a la subcomisión acusadora para que sustente esta propuesta ante el Pleno.
Documentos oficiales confirman contaminación en los productos de ‘Qali Warma’ [VIDEO]
Salieron a la luz nuevos documentos oficiales de Digesa que desmienten las versiones del ministro Julio Demartini y del director del programa alimentario Pedro Ripalda, y que ratifican que los productos de ‘Qali Warma’ estaban contaminados con coliformes, entre otras bacterias.
Tras el comunicado que emitió el programa alimentario escolar ‘Qali Warma’ donde rechazan “tajantemente” que ellos han entregado alimentos contaminados a los niños de colegios públicos y tras las rotundas justificaciones que esgrimieron el director ejecutivo del programa Pedro Ripalda y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini; la periodista de Cuarto Poder Dayana Cieza respondió con documentos oficiales y mostró los informes de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) que confirman que los productos como avena y la harina de plátano exceden los límites permitidos para ciertos contaminantes como los “coliformes”, “aerobios mesófilos”, “bacilius cereus” y otras bacterias microbiológicas establecidas en las normas sanitarias.
De esa manera, se indica que los informes de DIGESA especifican que la avena con quinua y la harina de plátano no cumplieron con los estándares requeridos.
“Son documentos oficiales del mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que dan cuenta efectivamente que estos productos sí están contaminados”, afirmó Cieza. Asimismo, la distribución que se hizo de estos productos en diversas regiones, como Cajamarca, Piura y La Libertad, está debidamente documentada, lo que refuerza la evidencia de que dichos productos alimenticios fueron entregados a diversas zonas del país.
La respuesta del director de ‘Qali Warma’, Pedro Ripalda es cuestionable y parece estar centrada en desbaratar la relación directa que existe entre los productos que se han distribuido y los comprobados casos de intoxicación, argumentando que las madres podrían haber mezclado los productos con otros alimentos. Sin embargo, Dayana Cieza desmiente a Ripalda y subraya que los documentos oficiales indican lo contrario, ya que las muestras tomadas en las instituciones educativas y los resultados de los análisis han confirmado que los productos alimenticios no cumplían con los estándares permitidos.
“Son documentos oficiales que corroboran todo lo que se ha mostrado en el reportaje y lamentablemente desbarata los argumentos con los que ha venido defendiéndose Qali Warma”, refirió.
36 niños fueron hospitalizados de emergencia por intoxicación
Como se recuerda, en el reportaje de Cuarto Poder se menciona que más de 36 niños fueron hospitalizados tras consumir estos productos contaminados.
«Esta investigación ha sido bastante larga. El hecho ocurrió en abril y la mayor prueba de que la hojuela podría haber estado contaminada es que los niños finalmente terminaron en el hospital. Deberían hacer un mea culpa porque definitivamente son niños. Estamos hablando de un producto que ha llegado para el desayuno escolar y lo consumieron. Esto es un hecho tangible, lo consumieron y quedaron muy grave en el hospital con más de 36 niños», concluyó Cieza.
‘Qali Warma’ también entregó avena contaminada con moho y coliformes para desayuno de escolares más pobres del país
Un estudio de Digesa, al que Cuarto Poder tuvo acceso, revela que Qali Warma también entregó avena contaminada, hojuela procesada de avena con quinua con restos de moho y coliforme, para el desayuno de los escolares más pobres del país. Avena con quinua no apta para el consumo se reparte entre los escolares de diferentes partes del país, según este informe de Digesa del 13 de setiembre de este año.
Mohos y coliforme en el desayuno de nuestros niños, según las pruebas microbiológicas que Digesa realizó en la avena que llega a los escolares de escasos recursos y que, convenientemente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis) que lidera Julio Demartini, no ha hecho público hasta el día de hoy.
Despacho presidencial de Dina Boluarte gasta en carnes S/1666 diarios [VIDEO]
Mientras que Francisco Sagasti gastaba en un mes S/ 23,347 en embutidos y S/ 26,479 en papel higiénico; el despacho presidencial de Pedro Castillo compraba 2,822 kilos de embutidos. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte no se queda atrás y solo entre enero y octubre de este año ha gastado más de medio millón de soles en carnes pescados y mariscos. Mientras que los gastos totales en alimentos ascienden a S/1’ 394, 841.49, según el portal de transparencia del Despacho Presidencial.
Lluvia de millones en carnes, pescados y mariscos en el despacho presidencial de Dina Boluarte, mientras que las madres del Perú que se las arreglen con solo S/10 para preparar sopa, segundo y postre.
El ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, informó que el despacho presidencial ha gastado más de un millón trescientos mil soles en suministros de alimentación de enero a octubre del 2024. Y en detalle indicó que tan solo en carnes, pescados y mariscos han desembolsado más de medio millón de soles.
«(El despacho presidencial ha gastado más de medio millón en carnes, pescados y mariscos y los gastos totales son S/1,394,841.49. Esta información es pública) Exacto, también es pública y abierta para que cada uno de los ciudadanos pueda revisarla en el Portal de Transparencia», expresó para Exitosa.
Despacho Presidencial gasta millones en alimentación
Según la data del Portal de Transparencia, el Despacho Presidencial gastó alrededor de S/1666 soles diarios, solo en carnes. Una cifra indignante, en comparación con el presupuesto que planteó la mandataria para un menú diario y completo con tan solo S/ 10 para todas las familias peruanas.
Aquí los gastos que realizó el Despacho Presidencial en suministros de alimentación, entre enero y octubre del 2024.
Verduras: S/ 270,885.10.
Carne de res, vísceras de res y carne de cerdo: S/190,742.80.
Abarrotes: S/ 181,133.82.
Carne de ave, pollo entero sin menudencia: S/145,056.60.
Pescado: S/ 117,950.00.
Frutas: S/ 117,041.90.
Productos alimenticios envasados: S/ 84,202.20.
Panes y Similares: S/ 57,926.10.
Productos Cárnicos: S/ 52,935.70.
Productos alimenticios a granel: S/ 35,008.85.
Embutidos: S/ 33,618.50.
Bebidas y gaseosas: S/ 30,017.30.
Leche evaporada: S/ 28,283.20.
Agua de mesa: S/ 26,796.52.
Mariscos: S/ 22,325.00.
Otros: S/917.90.
Enero S/90,835.14.
Febrero S/181,725.47.
Marzo S/ 120,185.84.
Abril S/ 121,035.16.
Mayo S/ 164,374.88.
Junio S/ 153,071.62.
Julio S/ 132,265.69.
Agosto S/ 162,256.13.
Septiembre S/ 140,025.08.
Octubre S/ 129,066.48.
Representante de Ollas Comunes: “Nuestra presidenta Dina Boluarte nunca ha pisado el mercado”
Mientras, se revela este gasto exorbitante solo para la alimentación del Despacho Presidencial de Dina Boluarte, la presidenta de la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’, Fortunata Palomino ha criticado con severidad las afirmaciones de la mandataria y respondió que desde hace varios años ella se desconectó de la realidad que viven las mujeres y la gente pobre de los cerros más olvidados.
“Creo que nuestra presidenta ya hace varios años se ha desconectado de la realidad que vivimos las mujeres y la gente pobre de los cerros más olvidados. Creo que decir que se puede cocinar con 10 soles, y romantizar la pobreza es una cachetada a la realidad porque nunca ha pisado el mercado después que ha asumido su cargo. Todos los precios suben día a día”, concluyó Palomino, en respuesta a las afirmaciones de Dina Boluarte.
Representante de Ollas Comunes: “Nuestra presidenta Dina Boluarte nunca ha pisado el mercado” [VIDEO]
Fortunata Palomino, presidenta de la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’, afirmó que la mandataria Dina Boluarte desde hace varios años se desconectó de la realidad que viven las mujeres y la gente pobre de los cerros más olvidados.
Tras las provocadoras declaraciones que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, al aducir que las amas de casa del Perú, solamente con S/10 pueden preparar sopa, segundo y postre, la indignación se apoderó de miles de personas que día a día, deben trabajar muy duro para sostener y alimentar a sus familias, debido a la caída de la economía, y a la inseguridad que reina en el país.
En ese sentido, las madres Indignadas salieron a desmentir a la mandataria y a su vez, la presidenta de la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’, Fortunata Palomino respondió a la opinión de Boluarte Zegarra sobre el presupuesto con el que se podría cocinar en un día, ignorando el alza del costo de vida, la inflación y, principalmente, el incremento del costo de la canasta básica familiar a la que miles de peruanos no pueden acceder para alimentarse dignamente.
“Creo que nuestra presidenta ya hace varios años se ha desconectado de la realidad que vivimos las mujeres y la gente pobre de los cerros más olvidados. Creo que decir que se puede cocinar con 10 soles, y romantizar la pobreza es una cachetada a la realidad porque nunca ha pisado el mercado después que ha asumido su cargo. Todos los precios suben día a día”, aclaró Palomino.
Como último recurso para obtener un poco de aceptación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, estaría dándole los últimos retoques a los que será el tan ansiado incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Así lo anunció el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, quien detalló que dicha normativa “va a salir muy pronto”. A propósito de ello, la Unión de Gremios del Perú consideró que dicho aumento “va en contra” de la recuperación económica.
En declaraciones a la prensa, el ministro Maurate indicó que antes de que acabe el año la mandataria hará el anuncio del aumento de la RMV. Asimismo, resaltó que la mandataria ya tiene el informe que sustenta ese incremento, que contiene la postura de trabajadores y empleadores, por lo que «muy pronto» dará el anuncio sobre el tema.
«Ya cumplimos con todo el proceso, ya informamos también a la presidenta. Yo he tenido la oportunidad de despachar con la presidenta el tema, le hemos dado la postura de los trabajadores, de los empleadores, también ella ha escuchado a los trabajadores y empleadores, nos hemos reunido con la presidenta [que] ya tiene todos los elementos y todo el informe respecto al incremento», indicó.
«Este anuncio, seguramente, va a salir muy pronto. Va a ser antes de que acabe el año (…) Ya la presidenta tiene el informe y le corresponde a ella el anuncio. Muy pronto la presidenta hará el anuncio, va a ser antes de fin de año”, remarcó.
Gremio empresarial considera como un “cálculo político” aumento del sueldo mínimo
Por su parte, la Unión de Gremios del Perú -que agrupa a organizaciones como la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, Canatur, entre otras-, a través de un comunicado, rechazó el anuncio del incremento de la RMV.
En ese sentido, la entidad gremial indicó que no existe un «acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT)» sobre el tema, y que el aumento se hace «sin un adecuado análisis de los beneficios y perjuicios», lo que generará que «5 millones 900 mil personas que ganan menos del salario mínimo, en su mayoría de manera informal, cierren sus posibilidades de pasar a la formalidad».
La presencia del gigante asiático en Perú ha generado preocupación en Estados Unidos. En Chile se especula que contrarreste esta medida con una mayor presencia en el cono sur a través de una fuerte inversión en Chile. Para ello, se espera que una delegación del país norteamericano viaje en las próximas semanas a la zona costera de San Antonio, región de Valparaíso para evaluar la posibilidad de materializar una iniciativa de modernización.
Las conversaciones entre Chile y Estados Unidos comenzaron en septiembre, en el marco de las rondas anuales de diálogo en Washington DC. Pero a diferencia de lo que ocurre en estas citas, donde es el embajador para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien asume el protagonismo de las mismas; esta vez fue el subsecretario del Departamento de Estado, Kurt Campbell, quien lo hizo, lo que da cuenta de la importancia que tiene esta iniciativa en San Antonio para la Casa Blanca.
El diputado chileno Luis Fernando Sánchez (Republicano) indicó que «es fundamental que fortalezcamos nuestras relaciones con las democracias de occidente. China es un aliado comercial importante para Chile, pero hoy ellos están operando desde Perú y eso marca, por supuesto, una decisión clara de su parte. Creo que si Estados Unidos tiene interés en invertir en Chile hay que abrirles las puertas y buscar una relación del mayor beneficio mutuo, y claro, que ojalá sea una relación de Estado que trascienda al cambio político que va a ocurrir en Estados Unidos en unas semanas, teniendo nosotros siempre como foco nuestra proyección autónoma y sin intermediarios hacia todos los mercados del Pacífico»
Otro diputado, Tomás de Rementería (PS) señaló a Puranoticia.cl que «es una muy buena noticia que Estados Unidos esté mirando a los puertos de la región de Valparaíso, especialmente San Antonio. Hemos sabido también que otros países como Emiratos Árabes o del medio oriente están mirando con atractivo la opción tanto de Valparaíso como de San Antonio. Tenemos que comprender la región de Valparaíso como un gran megacomplejo portuario que incluya estos dos puertos marítimos, más el puerto terrestre de Los Andes. Creo necesario que la región se potencie y su futuro sea totalmente logístico y portuario”.
Un especialista en materia portuaria, el ingeniero civil y consultor experto en infraestructura, Felipe Ulloa, expuso a un medio chileno que «la única alternativa o salvación es que Estados Unidos pueda invertir en el Puerto de San Antonio y, de esa forma, volver a ser competitivo. El Puerto de San Antonio está olvidado, no ha habido crecimiento y Chancay puede destruir la economía nacional. Desde ese punto de vista, hay que tomar la oferta de Estados Unidos y construir un puerto de gran escala en San Antonio y en el contexto portuario de Chile, considerando también Valparaíso como otra zona de descarga importante».
Chile ha comenzado a mover sus piezas, poniendo como líder de la delegación nacional a la subsecretaria Gloria de la Fuente, quien recibió la información de que Estados Unidos desea potenciar las inversiones tecnológicas en el país. Así es como en respuesta de los representantes nacionales que se centraron en los puertos, algo que dio sentido al Departamento de Estado de EE.UU. De esta forma se gestó un acuerdo entre las partes, el cual establece que en los próximos meses una delegación de inversionistas estadounidenses viajaría a Chile. La organización y coordinación de los inversores en territorio sanantonino será llevada a cabo por el Development Finance Corporation, un banco de inversiones del país norteamericano, según confirman oficiales diplomáticos de Estados Unidos.
Pero eso no es todo, también se conoció que el mismo Puerto de San Antonio realizó una «apertura de requerimiento de información» con empresas extranjeras que pudieran estar interesadas en materializar un proyecto de modernización.
La guerra de los puertos por el dominio del pacífico empieza.
Una pena los penales del país. El Gobierno declaró en emergencia por 24 meses el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) por razones de déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios de resocialización de las personas privadas de libertad.
La norma, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabore la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria en 45 días, a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad.
Precisa que el Sistema Nacional Penitenciario atraviesa una aguda crisis, en las últimas décadas, debido a la sobrepoblación en los penales, que han rebasado su capacidad; así como por la falta de los medios necesarios que dificulta el proceso de resocialización del interno.
La norma indica además que en la II Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), desarrollado el 18 de junio del 2024, se acordó, entre otros, declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario.
También, el Consejo de Estado acordó el pasado 5 de noviembre del año en curso “Disponer recursos para la infraestructura penitenciar, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y, la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario”.
“En ese sentido, es necesario declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, y disponer la elaboración de la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria”, señala la norma.
En los considerandos se precisa también que el Sistema Penitenciario Nacional, a agosto del 2024, alberga a 98,127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41,556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136%.
Advierte además que un informe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que la población penitenciaria de procesados no alcanzó el 28 % esperado, contribuyendo significativamente a los niveles de hacinamiento actuales.
“La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2 % de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, señala la norma.
Asimismo, indica que la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada por Decreto Supremo 011-2020-JUS, establece como objetivos prioritarios: “Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario”; “Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad”; y, “Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria”.