LA MESA TRIPARTITA, ONGs FEMINISTAS y ESTERILIZACIONES FORZADAS

En agosto de 1997 se constituyó la «Mesa Tripartita» integrada por sectores del Estado, entre ellos el  Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, PROMUDEH, la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional, el Instituto de Estadística e Informática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. También hicieron parte las agencias de cooperación internacional USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la Unión Europea, y, por último, ONGs feministas, organizaciones de control natal y universidades peruanas: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, Pontificia Universidad Católica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia, APROPRO e INPPARES (1).

Su objetivo era realizar el seguimiento para que se cumplieran los compromisos adquiridos por parte del gobierno peruano del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994, es decir, monitorear y evaluar todo lo referente a la “salud reproductiva” y “planificación familiar” entre otros puntos.

La Mesa Tripartita se constituyó en “un espacio de trabajo conjunto y de coordinación”(2) y de intercambio de información entre sus componentes, así, todos los participante se mantenían al tanto del avance y desarrollo del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del gobierno.

Cuando se instaló la Mesa Tripartita había transcurrido más de un año de denuncias sobre casos de esterilizaciones forzadas a las que estaban siendo sometidas miles de mujeres en los “Festivales de ligaduras de trompas” del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar.

A pesar de esta grave situación de violencia ejercida desde el Estado contra la mujer, la indiferencia e impasibilidad fueron los signos característicos de la Mesa Tripartita. No era sorprendente, pues la mayor parte de sus componentes participaban activamente en el programa gubernamental. Pero el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán», las dos principales ONGs feministas que hacían parte de la Mesa Tripartita y que se presentaban como defensoras de los derechos de la mujer peruana ¿por qué callaron esta situación?

¿Ignoraban acaso las intenciones del régimen cuando Alberto Fujimori viajó personalmente a Beijing y pronunció un discurso de apariencia “progresista” y “feminista” en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995? En su discurso, Fujimori había prometido llevar a cabo “una estrategia integral de planificación familiar como parte de una política de desarrollo social y de lucha contra la pobreza” (3) proporcionando la información y los servicios necesarios a tal efecto, una estrategia integral donde “las mujeres puedan tener a su disposición con plena autonomía y libertad, las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre sus propias vidas”(4).

Pero, ¿se podía dar credibilidad al discurso de un presidente que meses antes había promulgado una ley de amnistía para proteger con un manto de impunidad a los militares del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte culpable de múltiples ejecuciones extrajudiciales?

Lo cierto es que esta parte del movimiento feminista peruano hacia finales de los ochenta había pasado de las calles a las oficinas del Estado y de las Agencias de Cooperación Internacional. Este sector oenegizado del feminismo cobró mucha mayor fuerza e importancia, con mayores fondos y recursos que los colectivos autónomos.

Si bien la Iglesia Católica peruana ha estado siempre opuesta a los programas de control de la natalidad del gobierno que incluyeran métodos anticonceptivos “artificiales”, así como al aborto, tenemos que reconocer que fueron justamente miembros de la Iglesia quienes prestaron atención a los testimonios de mujeres que denunciaban desde mediados de 1996 lo que también comenzó a aparecer en la prensa peruana de ese entonces, es decir, el desarrollo de campañas de esterilizaciones forzadas a lo largo y ancho del territorio peruano. Hay que reconocer también aquí la labor infatigable de la periodista Julia María Urrunaga, la importante investigación de la activista feminista Giulia Tamayo, y las denuncias hechas por la dirigente de la Federación de la Mujer Campesina de Anta, Hilaria Supa, en esos primeros tiempos.

En enero de 1998, Joseph Rees, jefe de asesores del Subcomité del Congreso Norteamericano sobre Operaciones Internacionales y Derechos Humanos, fue enviado al Perú, donde se entrevistó con representantes del sector Salud, de la Iglesia, ONGs feministas y de Derechos Humanos por las innumerables denuncias que recaían sobre el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del régimen de Fujimori.

Rees declaró en una entrevista a un diario local que “El Subcomité tiene la responsabilidad de fiscalizar los programas de planificación familiar financiados por los Estados Unidos. El programa de planificación familiar de USAID en el Perú es el más grande de su clase en este hemisferio” (5). Afirmó también que había un “consenso de que existen abusos contra las mujeres, metas para esterilizaciones”(6).

Ante la pregunta sobre las denuncias hechas por las campesinas acerca de la relación existente entre el Programa de Asistencia Alimentaria para Niños Desnutridos PANFAR y las campañas de ligaduras de trompas, Joseph Rees respondió que “en pueblos alejados, ambos programas son administrados en la posta médica y a veces es la misma persona quien hace las dos cosas”(7).

Aunque aceptó la existencia de metas y la aplicación de esterilizaciones, Rees defendió el rol de USAID en el programa del gobierno peruano: “tengo la seguridad que USAID no financia intencionalmente campañas de esterilización” (8). Rees finalizó la entrevista señalando que en su informe “sugerirá que se marque públicamente la distancia con las campañas de esterilización” (9).

En realidad las verdaderas intenciones de USAID ya se venían plasmando desde finales de los años 80 a través de sus primeros programas pilotos con ONGs de control natal en el Perú, programas centrados principalmente en AQVs (10)  y  DIUs o T de Cobre, cuando la esterilización aún no había sido legalizada en el Perú.  Ya con Fujimori en el poder, desde los primeros años de su mandato, el proceso de capacitación en técnicas de AQV y las Ferias de Ligaduras de Trompas “casa por casa” (11) se desarrollaron como objetivo prioritario, con el financiamiento de USAID, con quien el Ministerio de Salud tenía reuniones mensuales.

Un mes después de la entrevista, Avelina Sánchez Nolberto y Victoria Vigo, dos mujeres esterilizadas, y el médico ayacuchano Héctor Chávez Chuchón, presentaron sus testimonios ante el Congreso Estadounidense.

Días antes de la presentación en Washington, cuando se esperaban los testimonios acusatorios ante el pleno del Congreso, Mark Schneider, jefe de USAID para América latina y el Caribe, “anunció que el gobierno peruano le había comunicado oficialmente que descontinuaría las campañas de ligadura de trompas y vasectomías” (12).

Esta primera partida la ganó definitivamente el grupo conservador republicano estadounidense, del que hacía parte el patrón de Rees, Christopher Smith, ferviente militante anti-abortista; aunque esto no impidió que Marino Costa Bauer, ministro de Salud de ese entonces, respondiera enfáticamente que las campañas de planificación familiar no se descontinuarían y que, por el contrario, seguirían desarrollándose.

Lo cierto es que cuando el “Gran Jefe” Rees llegó al Perú, la tierra tembló. La sacudida hizo que las ONGs feministas Centro de la Mujer Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y varias otras organizaciones, a través de una carta abierta, pidieran cuentas al gobierno peruano sobre “las irregularidades” (13) en las “acciones de AQV” sin denunciar directamente el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, es decir, la política gubernamental.  También PRISMA, otra ONG del entorno USAID, que dirigía el programa PANFAR, señaló que abriría una investigación. La Defensoría del Pueblo, financiada desde su creación por USAID, dio visto bueno al informe que se estaba efectuando sobre los casos de esterilizaciones forzadas. Hechos todos que muestran la importancia que tuvo la llegada de Rees al Perú, pero lo significativo fue ver que las dos principales ONGs feministas, el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos, a pesar de las claras evidencias sobre las campañas de esterilizaciones forzadas, nunca abandonaron la Mesa Tripartita.

Aún en 1999 cuando las esterilizaciones desbordaban y hacían agua por todos lados, la Mesa Tripartita manifestó a través de un comunicado que, a pesar de las múltiples denuncias de “la supuesta aplicación en el Perú de un programa de esterilización masivo de carácter coercitivo”, concluían que estas obedecían a una ‘información errónea” y “no se ajustaba a la realidad” (14).

El millonario proyecto REPROSALUD del Movimiento Manuela Ramos, financiado por USAID con 25 millones de dólares, y el financiamiento por parte de la Fundación Ford, USAID, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otras más del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, parece que tuvieron mayor relevancia que la defensa de los derechos de las mujeres que tanto preconizaban defender.

Por ello, exigir actualmente responsabilidades y justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, pasa también por pedir cuentas a este sector del feminismo, aliados del fujimorismo.

Aquí el documental La cicatriz de Paulina.

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 (1) Persistencia de la Memoria, Feminismo y estado en el Perú de los 90, Maruja    Barrig.

(2) La Conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Susana Galdos Silva.

(3) Discurso del Presidente de la República del Perú Alberto Fujimori en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China 1995.

(4) Ibíd.

(5) Entrevista a Joseph Rees,  Julia María Urrunaga, Diario El Comercio 1 de febrero de 1998.

(6) Ibíd.

(7) Ibíd.

(8) Ibíd.

(9) Ibíd.

(10) AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) es el término técnico constantemente cambiante para definir las ligaduras de trompas. En épocas de Alan García se empleó el término PQRR (Prevención Quirúrgica del Riesgo Reproductivo)

(11) Salud Reproductiva. Ministerio de Salud.

(12) Diario El Comercio, 26 de febrero de 1998.

(13) Carta Abierta a  Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, 18 de febrero 1998

(14) Diario El Comercio, 19 de enero de 1999.

Manuel Legarda es artista visual y cineasta. Realizador del documental La cicatriz de Paulina, que recoge los testimonios de mujeres esterilizadas en los años 90. Seleccionado en diferentes festivales internacionales, obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires-Argentina y ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cinéma Péruvien de Paris.

http://lacicatrizdepaulina.blogspot.com

http://manuel-legarda.blogspot.com