La historia oculta de Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) fue creada el 3 de julio de 2014 en el gobierno de Ollanta Humala, a través de la Ley 30220, conocida como la Ley Universitaria, norma que estableció las 17 funciones de la SUNEDU. En ninguna de esas funciones se le otorgó la facultad de clausurar universidades. En efecto, la ley señaló que la finalidad de la SUNEDU es “asegurar una oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público”. La supervisión le permitía a esta entidad tomar las medidas necesarias para reestructurar, reformar, rectificar el rumbo de una casa de estudios pero jamás la ley universitaria contempló el cierre de universidades.

¿Por qué la ley original no autorizaba el cierre? Por una razón: proteger a los cientos de miles de estudiantes. Cerrar una universidad es dejar en la calle a miles de estudiantes, es privarles de un futuro profesional, es atentar contra su derecho a recibir educación superior. Por eso, la Ley Universitaria nunca estableció mecanismos de cierre para que la SUNEDU clausure centros de estudio. Al contrario, fue creada para que tome las medidas necesarias para encauzar a las universidades en problemas y obligarlas a que mejoren el nivel educativo: las Condiciones Básicas de Calidad.

Una muestra indiscutible de que esa fue la idea central de  la Ley Universitaria es que entre el 2014, año de creación de la SUNEDU, y abril de 2018, se licenciaron 22 universidades públicas y 32 universidades privadas y no se cerró ninguna.

Cuándo y por qué cambiaron las reglas

Todo cambio cuando el expresidente Martín Vizcarra vio la oportunidad de un lucrativo e ilegal negociado que hasta hoy no se investiga. La historia es la siguiente.

El 7 de mayo de 2018, Vizcarra nombró como Superintendente de la SUNEDU a un desconocido sociólogo que se desempeñaba como profesor de la Pontificia Universidad Católica, llamado Martín Benavides Abanto. Cuatro meses después de su nombramiento, exactamente el 10 de setiembre de 2018, Benavides creó y puso en vigencia un sorpresivo reglamento para cerrar universidades. Lo hizo mediante Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD.

Yendo contra la Ley Universitaria y contra las funciones específicas de la SUNEDU, Benavides, el socio de Vizcarra, cambió ilegalmente las reglas de juego al disponer lo siguiente: “El presente reglamento regula el proceso de cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado” (Artículo 1) y se encargó de precisar que, por cese de actividades, se debería entender “Cese de la prestación del servicio educativo superior universitario debido a la denegatoria o cancelación de la licencia institucional o, de ser el caso, ante la decisión voluntaria de la universidad y/o escuela de posgrado”.

Así nació el famoso Licenciamiento de universidades y en su gestión Benavides rápidamente desenvainó una espada que la ley no le había concedido a la SUNEDU y, usando el reglamento hecho a la medida por él mismo, cerró 46 universidades en apenas 20 meses. Una cifra que demuestra que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU de Benavides Abanto y Vizcarra cerraba una universidad. Esto es imposible porque significaría haber inspeccionado locales, analizado miles de documentos, recibido descargos, evaluado informes en solo 13 días para una sola universidad. Algo imposible.

Con esa espada, la SUNEDU despedazó el derecho a la educación y dejó en la calle a más de 180 mil estudiantes y, lo más grave, no se tomaron el afán de darles una alternativa. Miles de jóvenes estudiantes se quedaron sin ninguna alternativa y quedó deshecho el esfuerzo de sus padres por darles un futuro. En ningún caso, la SUNEDU contempló la opción de exigir la reforma, la adecuación, la reestructuración de centros de estudio. Solo buscó el cierre, la cancelación de las licencias.  

SUNEDU, Vizcarra, Benavides y un escenario pendiente de investigación

En el gobierno de Vizcarra, los medios de comunicación se encargaron de ser propagandistas de su gestión y una eficaz campaña mediática convirtió a la SUNEDU en un ente intocable. Cuando se intentaba mostrar los actos oscuros de la gestión de Benavides, empezaba el coro: “Si cuestionan a Benavides, están atacando la reforma universitaria; si atacan a Benavides, están apoyando a Telesup y a Luna Gálvez”.

Ese fue el escudo fabricado por el ex presidente Martín Vizcarra y los medios de comunicación y fue utilizado por la SUNEDU de Benavides. Es verdad que los casos de Telesup y otras universidades cuestionadas merecían el cierre pero también existieron otras que podían ser restructuradas.

Lo que en verdad ocurrió tiene una hipótesis central: se retiraron licenciamientos para darle el mercado a un sector que Vizcarra y Benavides buscaron beneficiar y, en ese sentido, hubo actos que, por ahora, hay que llamar de presunta corrupción y presunto tráfico de influencias, y que necesitan de una investigación.

Las sombras del Caso UTP

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) es el negocio universitario de Intercorp, el poderoso grupo empresarial de Carlos Rodríguez Pastor que abarca banca, seguros, hotelería, restaurantes, inmobiliarias, educación, administración, lotería, y servicios. Es un grupo de tendencia monopólica como es el caso de la cadena Inkafarma y Mifarma y que ha incursionado en el rubro educación a nivel escolar y universitario.

UTP tiene su sede central en Lima pero un mercado millonario consiste en establecer una cadena de universidades en provincias. En vista de que ese mercado ya contaba con universidades en funcionamiento ¿cuál era el mecanismo para dejar libre ese mercado? El cierre indiscriminado de universidades. Allí adquiere sentido lo siguiente: Benavides Abanto inventó el reglamento de cierre de universidades el 10 de setiembre de 2018, llegó a cerrar 46 universidades en apenas 20 meses a un ritmo absurdo de 2.3 universidades sin licencia por mes, una cerrada cada 13 días y, de pronto, en enero de 2018 la SUNEDU emitió un comunicado señalando que “El 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de 8 filiales ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad” y añadió que “Para obtener su licenciamiento, la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo”. De inmediato, la SUNEDU le extendió el licenciamiento a las filiales de la  UTP del Grupo Intercorp “tras corroborar que dicha casa de estudio cumplía las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario en el Perú”.

Se terminó otorgando licenciamiento a la UTP (sede central) y a 7 filiales (pidieron 8 al final fueron 7), trayendo abajo las reglas establecidas porque la UTP no cumplía con las reglas aplicadas para cerrar a 46 universidades pero, milagrosamente, obtuvo los licenciamientos.

Para que una universidad obtenga el Licenciamiento Institucional debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y sus filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial durante el proceso de licenciamiento. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.

¿Qué hizo la SUNEDU en el caso de las filiales de la UTP? Otorgó las licencias sin que existan los locales. Más de una de esas filiales, en el momento que se les otorgó el licenciamiento, se encontraban en construcción y otras ni siquiera iniciaban. Es decir, no cumplían con lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco contaban con otro requisito exigido por la SUNEDU: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar.

Cada vez que se querían revelar estas irregularidades, la prensa adicta a Vizcarra y ciertos opinólogos saltaban furiosamente sosteniendo que la inmaculada SUNEDU no debía ser cuestionada. A estos medios no les interesaba para nada la situación de las decenas de miles de estudiantes.

Las preguntas que están pendientes de investigación son varias. ¿Cuáles fueron los nexos de Vizcarra y Benavides con el Grupo Intercorp? ¿Cuál fue el rol de Fernando Zavala, quien después de haber compartido tareas ministeriales con Vizcarra terminó como gerente general de Intercorp? ¿Cuántas decenas de millones de soles significan las siete filiales universitarias que obtuvo ilegalmente la UTP? ¿Por qué Vizcarra nombró como ministro de Educación a Martín Benavides cuando terminó la famosa pero ilegal reforma universitaria de la SUNEDU? ¿Por qué el licenciamiento se volvió uno de los documentos más valiosos en el sistema educativo peruano? Y finalmente ¿por qué nadie pensó en los más de 180 mil estudiantes a los que dejó sin un futuro profesional?

La SUNEDU debe ser investigada y, sobre todo, debe cumplir con las normas en lugar de dedicarse a rechazar todo intento para reestructurar universidades que sí podrían funcionar siempre y cuando cumplan con las reglas de Condiciones Básicas de Calidad.