Historia del lobby de Samuel Abad para favorecer a procurador Daniel Soria

En febrero de 2020, el expresidente Martín Vizcarra ordenó de manera irregular designar al abogado Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, pero luego la Contraloría General de la República, mediante un informe indicó que no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo que no calificaba para asumir la defensa jurídica del Estado.

“La designación del procurador general del Estado se realizó sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo, habiéndose emitido la resolución suprema de dicha designación sin contar con el informe técnico o legal que la sustente, situación que afecta la legalidad de la designación de su titular”, se lee en el informe de acción de oficio.

Sin embargo, el responsable de esa irregular designación para favorecer a Soria Luján fue el actual abogado de la Junta Nacional de Justicia, Samuel Abad Yupanqui. Según el informe de Expreso, el procurador Soria confesó a la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima que gracias a su colega Abad Yupanqui conoció a Martín Vizcarra.

“Obra la declaración indagatoria del imputado, de fecha 3 de agosto de 2022, señala que, en busca de un nuevo trabajo, entregó a algunos amigos, entre ellos el doctor Samuel Abad Yupanqui, quien es colega docente en la Universidad Católica y fue jefe en la Defensoría del Pueblo”, se lee en la Disposición 8, del 15 de noviembre.

Por aquellos actos irregulares para favorecer a Soria Luján quien no reunía el requisito de experiencia para ejercer como procurador del Estado, Martín Vizcarra y su exministra de Justicia, Ana Revilla están procesados por el presunto delito de negociación incompatible.  

El aún procurador Daniel Soria añadió en su declaración que, en la quincena de enero de 2020, le entregó su currículum vitae a Samuel Abad, porque era cercano a Martín Vizcarra.

“Posteriormente, fui citado a una entrevista en el despacho presidencial el 22 de enero de 2020, entrevistándome con el presidente Martín Vizcarra, entrevista que se llevó a cabo a horas cuatro de la tarde, reunión de aproximadamente de 10 a 15 minutos, donde se me preguntó por mi experiencia profesional como abogado”, narró Soria.

Como resultado, el tres de febrero de ese año, 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Suprema N° 017-2020-JUS firmada por Martín Vizcarra y su ministra Revilla Vergara que lo nombraba como jefe de la Procuraduría General del Estado.

Sin embargo, pasados casi dos años, el 01 febrero de 2022, mediante la Resolución Suprema N° 024-2022-JUS, firmada por el expresidente Pedro Castillo y el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, Soria Luján fue separado de la Procuraduría General del Estado.

Sin embargo, luego de ochos meses, el 20 de octubre de 2022, nuevamente y mediante la Resolución Suprema N° 201-2022-JUS, firmada esa vez, por el entonces ministro de Justicia Félix Chero, Daniel Soria fue restituido en el cargo de Procurador General del Estado.

Martín Vizcarra, Samuel Abad y su esposa Violeta Bermúdez, con Francisco Sagasti, son todos parte de un “equipo”.

Primero recordemos la afinidad y lealtad de Samuel Abad con Martín Vizcarra, porque siempre estuvo en contra de la vacancia del lagarto.

 El 28 de julio de 2019, el abogado Samuel Abad opinó a favor de Martín Vizcarra y mencionó que su propuesta que expuso en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias para adelantar elecciones generales en el 2020 no era causal de vacancia: “No encuentro una razón para una vacancia porque esta es una figura constitucional. Presentar un proyecto de ley de reforma constitucional tomando en cuenta antecedentes en los cuales han intervenido los congresistas actuales, de ninguna manera justifica una vacancia”, explicó y aseguró: “El Ejecutivo tiene competencia para presentar iniciativas de reforma constitucional y cuestiones de confianza y eso no configura en lo absoluto infracción a la Constitución, o es causal de vacancia por incapacidad moral”.

En entrevista con France 24, canal de televisión francés en noviembre de 2020: Para el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, el uso indiscriminado de la causal ha decantado en una decisión inconstitucional. “Es cierto que la Constitución contempla la vacancia por incapacidad moral permanente, pero la interpretación que le ha dado el Congreso es demasiado amplia y, a mi juicio, termina siendo inconstitucional porque desnaturaliza el modelo presidencial que está establecido en el país. Lo que ha primado en el Congreso es que se reúnan los votos necesarios y, así, con una simple suma de votos, se decida sobre la permanencia de un presidente. Eso nos lleva a un modelo parlamentario, que censura presidentes y que no está estructurado así en el Perú”, indicó Abad para este artículo. No obstante, el especialista coincidió en que “No habría mecanismos legales -ni rápidos ni efectivos- para revertir la decisión actual. Y vale precisar que Martín Vizcarra tampoco ha pretendido impugnar el resultado”.

El 09 de noviembre de 2020 en RPP noticias: Luego de que el Congreso votara a favor de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, el abogado Samuel Abad Yupanqui en comunicación con dicha radio, calificó de irresponsable la decisión tomada por el Legislativo, porque la figura de la vacancia: “Se ha interpretado de una manera amplísima, al punto de distorsionarse”. Y “Lamento que el TC no hubiese dictado medida cautelar que pudo evitar que se presenten situaciones de este tipo”. Añadió, además: “El congreso no es fiscal ni juez y no puede tomar este tipo de decisiones” “Este hecho genera inestabilidad política en el país”.

Y cuando le preguntaron por las medidas que debería tomar el mandatario para poner la vacancia en pausa, Samuel Abad indicó: “Tendría que obtenerse una cautelar hoy o a primera hora”. “El presidente de la República podría iniciar hoy mismo un proceso competencial y esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie”.

En Panamericana Televisión el 11 de noviembre de 2020, dijo: “Yo cuestiono la interpretación del congreso sobre la permanente incapacidad moral porque genera un riesgo, y en cualquier momento cualquier presidente que no tenga los votos del Congreso se puede ir, y ese no es el modelo que tenemos. En siete días el país ha dejado de tener un presidente de la República… en siete días. Esto se presentó el lunes 02, y el lunes 09 ya el presidente estaba vacado con la posibilidad de defenderse por unos minutos…” “Por eso hubiera sido ideal que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de que esto ocurra; lamentablemente la medida cautelar no fue concedida por el Tribunal Constitucional, entonces nos hemos visto expuestos a este tipo de decisiones que en el fondo han convertido a la vacancia presidencial en un tema de votos; no de razones”.

En noviembre de 2020, cuando Francisco Sagasti asumió la encargatura de Palacio de Gobierno luego de haber salido a las calles para “preparar” sus fines palaciegos, designó como jefa del nuevo gabinete a la abogada especialista en género Violeta Bermúdez, esposa nada menos, de un abogado que era socio del Estudio Echecopar, el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui. Un estudio que en el 2019 fue allanado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por la investigación por el caso de la licitación del Gasoducto del Sur (GyM y Odebrecht); justamente este bufete asesoró a la constructora brasileña y sus abogados elaboraron y firmaron informes para que el contrato público fuese otorgado a Odebrecht.

Asimismo, Samuel Abad Yupanqui también fue abogado de la empresa de peajes Línea Amarilla (LAMSAC), que anteriormente perteneció a la corrupta brasileña OAS y que hoy pertenece al consorcio francés Vinci Highways.

Lo más curioso, es que Samuel Abad, más allá de haber recomendado al procurador Daniel Soria para que Martín Vizcarra lo nombre a cargo de la Procuraduría, su afinidad con el lagarto se mantiene sólida, porque tienen el apoyo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, ente creado por Vizcarra), de la que él actualmente es su abogado. Eso significa que entre todos se protegen y por ello se aferran con dientes y uñas al cargo.