La subcomisión del Congreso que deberá seleccionar al nuevo Contralor General de la República, aprobó con 5 votos a favor y 4 en contra la candidatura del abogado Pedro Cartolín Pastor, quien fue propuesto por la presidenta Dina Boluarte para reemplazar a Nelson Shack, cuya gestión terminará en la quincena de julio próximo, tras un periodo de 7 años.

A pesar de algunos cuestionamientos, Cartolín pasó el primer filtro del proceso para llegar a la Contraloría. Mañana se presentará el informe final y luego se derivará a la Comisión Permanente para su respectiva evaluación. En caso allí también se respalde lo actuado por la subcomisión, entonces pasará al Pleno que deberá nombrar a Cartolín.

No obstante, la probabilidad de que la propuesta de Cartolín no pase en la Comisión Permanente es mayor, si se toma en cuenta que los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre y Cambio Democrático rechazaron con sus votos en la subcomisión promover a Cartolín para que sea el nuevo contralor. Si eso sucediera, entonces, tendrían que iniciar un nuevo proceso de selección.

¿Cuál es el perfil de Pedro Cartolín?

Según su currículo, Pedro Cartolín tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Garcilaso de la Vega y una maestría en Derecho Constitucional en la Pucp. También, ha sido juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y juez supremo provisional en la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.

Sin embargo, también se ha constatado que Cartolín Pastor registra investigaciones fiscales. Una resolución emitida, que data del 20 de noviembre del 2017, en la que figura como imputado por la comisión del presunto delito de usurpación de la función pública o de la autoridad militar y policial por resistencia a la autoridad. También aparece en otros dos casos más como imputado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, pero los mismos aparecen como archivados de manera definitiva.

Expedientes fiscales de candidato a la Contraloría, Pedro Cartolín. Fuente Latina.

Además, existe otro expediente de Pedro Cartolín por el presunto delito de encubrimiento personal y omisión de denuncia que está archivado, pero pendiente de calificación si es preliminar o definitivo.

Finalmente, otros tres expedientes fiscales que señalan a Cartolín en calidad de agraviado, pero que ya tienen la condición de archivado de manera definitiva y preliminar.

Candidato a contralor tiene diversas faltas de transito

Según información que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) trasladó al Congreso, Pedro Cartolín tuvo papeletas por haber cometido diferentes faltas de tránsito. La primera sucedió el 10 de octubre del 2004 cuando lo sancionaron con un D01 por conducir con exceso de velocidad. Luego, el 25 de marzo del 2007 le impusieron la misma infracción.

Posteriormente, la tercera papeleta sucedió el 17 de febrero del 2010 cuando a Cartolín le impusieron la sanción G47 que significa «estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización».

Registro de papeletas de tránsito de Pedro Cartolín.

Finalmente, la cuarta y quinta papeleta de quien pretende asumir la dirección de la Contraloría de la República, se dieron el 25 de enero y 6 de abril del 2016, cuando le aplicaron G57 (no respetar las señales que rigen el tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción) y L01 (dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos).

Congreso aprobó dictamen para que contralor Nelson Shack siga en el cargo hasta designación de su sucesor

En la quincena del mes de abril, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen de los proyectos de ley 3523/2022-CR y 4674/2022-CR, que autoriza la continuidad en funciones del actual contralor general de la república Nelson Shack Yalta, hasta la designación de sustituto por el propio Poder Legislativo.

Con 72 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento decidió, en primera votación. Ahora, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General, el cuestionado contralor Nelson Shack fue designado por un periodo de siete años y su vigencia debía mantenerse hasta julio 19 de julio del 2024.

“Finalizado el período de siete años, el contralor general de la República continuará en funciones hasta que el Congreso de la República designe al nuevo contralor general de la República”, se mencionó una parte del dictamen.

Además, establece que, dentro de los tres meses previos al término del periodo de la designación del contralor, la presidenta de la república remite al Congreso su propuesta para la nueva designación.

Es decir, el contralor general de la república es elegido a propuesta del Poder Ejecutivo y designado por el Congreso para un periodo de siete años.

Cuestionaron medida que favorece a Shack Yalta

La parlamentaria Silvana Robles indicó que, el contralor Nelson Shack quien pretendió encubrir el escándalo de los Rolex de Dina Boluarte, ahora sea beneficiado por “el fujimontesinismo” por aprobar ley que amplía su mandato.

A la mandataria le quitan toda su “bisutería fina”. Durante las diligencias del pasado 8 de mayo se anticipaba que Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, compareciera ante la Fiscalía de la Nación para entregar dos aretes de oro con brillantes que, se habrían otorgado a manera de “préstamo” a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, dispuso en dicha citación la incautación de los suntuosos artículos y posteriormente procedió a confirmar mediante una notificación la confiscación de estos lujosos objetos. Estos aretes forman parte de los elementos investigados en el caso Rolex.

Como se sabe, a finales de abril de este año, se pudo conocer que este caso habría tomado un hecho delictivo más, al advertirse que la mandataria, según la Fiscalía de la Nación, había recibido un par de aretes de diamante de manos de Wilfredo Oscorima el 22 de junio del 2023; un día antes de que el GORE Ayacucho recibiera una transferencia de 66 millones de soles.

Con esta revelación, se puso sobre el reflector el par de argollas de oro con brillantes, adquiridos en Casa Banchero, con un valor que supera los 5.000 dólares; costo que supera también el monto de las 2 UIT que constituyen el mínimo para que las adquisiciones sean declaradas. Ahora, una vez de haber conocido estos dos accesorios; Villena ha pedido que se confirme la incautación mediante el Poder Judicial, a fin de que la presidenta entregue ambos aretes.

Así se pudo conocer mediante una disposición emitida el pasado viernes 10 de mayo por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley. En esta disposición, se atiende a un pedido solicitado por el mismo Villena Campana el mismo 8 de mayo; fecha en la que Oscorima fue citado para mostrar las joyas.

En el documento, se precisa que Villena Campana presentó un “Requerimiento Fiscal solicitando la Confirmatoria Judicial de Incautación Instrumental dispuesta en la diligencia contenida en el acta de exhibición de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes, de fecha 08 de mayo de 2024, llevada a cabo en las oficinas del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales; diligencia en la cual se han incautado”.

Los aretes se tratarían de “un par de aretes argollas de oro amarillo con brillantes, que conforme a la boleta de venta electrónica N°B002- 0008884 emitida por la Casa Banchero, tiene la siguiente descripción ‘código 087928, Aretes Diamante (bte)’”; los mismos que forman parte de las pesquisas iniciadas por el Ministerio Público, en el caso por el que la presidenta Dina Boluarte es investigada por el delito de enriquecimiento ilícito, cohecho y omisión para la declaración jurada.

Hoy el exministro del Interior, Carlos Morán, admitió haber sostenido una reunión con la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor y el abogado Mateo Castañeda. Según indicó, en la cita, la mandataria manifestó su “incomodidad” frente al exjefe de la Diviac, el coronel Harvey Colchado.      

El exhombre de confianza de Martin Vizcarra, mencionó que la presidenta le advirtió que el mencionado coronel actuaba en base a “algo personal” y de modo abusivo, durante entrevista en Exitosa.

“Una reunión un poquito tensa, inicialmente. La presidenta de la República estaba incómoda con el coronel Colchado. Me lo dijo así, abiertamente. Que el coronel tenía algo personal contra ella y su familia, que estaba actuando abusivamente”, sostuvo Morán.

Carlos Morán defendió al coronel Colchado

El exministro del Interior reconoció que, tras las quejas de la presidenta Dina Boluarte, él defendió el trabajo del coronel Harvey Colchado y en la entrevista admitió que conoce al exjefe de la Diviac, desde hace 25 años.

Según relata Carlos Morán, replicó la postura de la mandataria y aseguró que el exjefe de la Diviac solo se encontraba cumpliendo con el ejercicio de sus funciones.

“Mire, presidenta, yo conozco al coronel Colchado hace 25 años, desde alférez. Sé de su calidad e integridad, y lo que está haciendo, nada más es parte de su trabajo”, Morán aduce que así le respondió a la presidenta.

Exministro del Interior Morán desmiente al abogado Mateo Castañeda

Carlos Morán ha salido a responder sobre su participación, luego de que el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, lo acusara de haberle tendido una emboscada con Harvey Colchado.

“Rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar se investigará, pero esta es una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a reuniones a través del general Carlos Morán, que es mi cliente”, anunció el abogado detenido Mateo Castañeda.

Ante lo dicho por el abogado de la presidenta, Morán descartó enfáticamente dichas aseveraciones y aseguró que las reuniones entre él, Castañeda y Colchado se iniciaron mediante engaños, ya que el primer encuentro, donde se dieron cita los tres, tenía como excusa de un caso al del exjefe de la Diviac.

Están de vuelta y con rostros conocidos y también nuevos. El Partido Popular Cristiano (PPC) logró inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado viernes 10 de mayo. De esta manera, el partido liderado por Carlos Neuhaus, Javier Bedoya y Miguel Ángel Mufarech quedó habilitado de participar de las próximas elecciones generales del 2026, o de cualquier otro comicio que se pueda presentar.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el PPC cuenta como persona legal titular a la ex congresista y candidata presidencial, Lourdes Flores Nano, mientras que César Alayo Ramos cumple el rol de alterno.

Como se recuerda, en los comicios del año 2021, el PPC quedó en la posición 14, con Alberto Beingolea como principal candidato. La última vez que logró obtener escaños fue en el 2011, cuando se unieron a la Coalición Alianza por el Gran Cambio, junto con Restauración Nacional, Alianza para el Progreso y el Partido Humanista Peruano.

PPC tuvo que cumplir con diversos requisitos para su inscripción

Para que el PPC haya logrado inscribirse oficialmente en el ROP, tuvo que cumplir con una serie de requerimientos. El primer paso es obtener el certificado de reserva de denominación en la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE, lo cual otorga el derecho para presentar en el lapso de dos años la solicitud de registro con todos los documentos necesarios, en las oficinas de Lima o en las desconcentradas.

El pedido debe ir acompañado del padrón de afiliados, la relación de comités, el acta de fundación (ideario, símbolo, declaración jurada de compromiso y vocación democrática), estatuto y reglamento electoral, así como la relación de representantes, personeros legales y técnicos (titulares y alternos) designados.

Adicionalmente, se debe constatar la denominación, domicilio legal y procesal, teléfono, correo electrónico y página web del partido, así como el nombre completo, DNI y casilla electrónica del personero legal.

Si se supera esta fase, la documentación se remite al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para la verificación de firmas (padrón de afiliados, adherentes y comités) y a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) para la fiscalización de los comités.

Cumplida esta etapa, el ROP analiza el fondo de dicha solicitud, es decir, evalúa si la organización política cumple efectivamente con los requisitos, como el número mínimo de afiliados (no menor al 0.1% del total de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso nacional, en el caso de partidos, y el equivalente al 1% del padrón de la elección regional más reciente del departamento donde se ubica, en el de movimientos regionales).

Luego, la entidad evaluará los comités para corroborar si son mayores a 1/3 del número total de provincias del país y si están ubicados en las 4/5 partes de la cantidad de departamentos.

Una presidenta en el lugar y en el momento menos indicado. La jefa de Estado, Dina Boluarte, llegó encubierta al edificio donde funciona la oficina de su abogado Mateo Castañeda, quien ya se encontraba bajo detención preliminar, mientras los policías y fiscales llevaban a cabo la extensión del allanamiento a su estudio jurídico, según fuentes de la Policía.

De acuerdo a un informe de Punto Final, el arribo de la mandataria, que tuvo lugar el último sábado a las 9:15 horas, pasó tan desapercibido que incluso los vecinos no se percataron de su presencia, pese a que se encontraba acompañada de su seguridad personal. Para su traslado, Boluarte utilizó el mismo vehículo que el ex presidente Pedro Castillo empleaba para movilizarse a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, lugar de múltiples encuentros no registrados oficialmente y donde, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían planeado actos ilícitos.

Mientras los agentes reunían documentación referente a la investigación que vincula al abogado con una supuesta red criminal encabezada por el hermano presidencial, Dina Boluarte tocó la puerta, pero al encontrarse cara a cara con los policías, optó por retirarse de inmediato.

El registro estaba inicialmente programado para la oficina 702 del edificio miraflorino, ubicación regular del despacho de Castañeda. No obstante, al observar que el letrado utilizaba también la oficina 703, fue solicitada una ampliación de la medida judicial.

“Siendo que a horas 9:15 aproximadamente, tocaron el timbre del inmueble en proceso de allanamiento. Al abrir la puerta, el capitán PNP Mogrovejo Ramos Renán se vio sorprendido al observar a la presidenta de la República, la misma que al notar la presencia policial se dirigió al ascensor”, se lee en el auto de extensión de registro.

“En esas mismas circunstancias, salió raudamente la abogada que participa como testigo trabajadora del estudio jurídico […] allanado para luego subir al ascensor y retirarse con la presidenta [quien] estaba vestida con una chompa tipo lana de alpaca color hueso”, sigue el texto.

Jean Pajuelo, Secretario de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia, confirmó la inusual visita de Boluarte, quien estuvo resguardada por su escolta personal. De igual modo, señaló que el propósito fue coordinar detalles de su defensa legal con el abogado Eduardo Barriga, relacionados con una pesquisa fiscal que está en curso.

La parlamentaria Isabel Cortez Aguirre, integrante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú viajó a Huancavelica en enero del presente año, y aprovechó su visita para organizar las bases de su nuevo partido político ‘Partido Obrero del Perú’, reveló el informe de Panorama.

En el viaje, la acompañaron Elena Coopi y Florentina Quiroz, ambas del Sindicato de Trabajadores Obreros de Lima, quienes también promoverían la formación de la organización política.

La parlamentaria Isabel Cortez también acudió este año a Trujillo, región La Libertad en semana de representación para promover el nuevo partido, entre el 18 y 22 de marzo.

El principal asesor de la legisladora, Luis Zea, fue el encargado de separar en diciembre de 2023 la denominación del mencionado partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Yo a provincia voy a pedido de los sindicatos, ellos tienen sus problemas. La última semana de representación fui a Tumbes. Son los sindicatos son los que están formando sus bases”, admitió la congresista al dominical y aceptó que en algunos viajes de semana de representación llevaban el logo del partido en formación ‘Partido Obrero del Perú’.

Les bajan el tacón. El Poder Ejecutivo aprobó este último viernes 10 de mayo el Decreto Supremo N.º 009 -2024 -SA que patologiza las identidades LGBTIQ+ y otras formas de diversidad sexual, especialmente las personas trans.

En dicho decreto, publicado en el diario oficial ‘El Peruano’, el Ministerio de Salud (Minsa) incorporó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE -10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Plan de Aseguramiento en Salud (PEAS).

De esta manera, los diagnósticos de la CIE-10 ahora se incluyen dentro de los trastornos mentales asegurados por el servicio estatal de salud. En dichos diagnósticos se mencionan las diversidades sexuales, tales como la transexualidad, el travestismo, la identidad de género, entre otros.

Argumentos del Minsa

A través de un comunicado, el Minsa aseguró que la reciente actualización era necesaria “para garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”y que el CIE-10 se mantiene vigente en Perú “en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países”.

Sobre los riesgos expuestos por las organizaciones LGBTI, aseguraron que ratifican su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país”, indicaron.

Asimismo, reiteraron que la Resolución Ministerial n.°753- 2021/Minsa, “Orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de la población adolescente”, establece que “la orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituye en sí misma un trastorno de la salud física o mental y, por tanto, no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión”.

Reacciones de la comunidad LGTBIQ+

La publicación de este decreto supremo ha generado rechazo en las redes sociales, especialmente entre activistas por los derechos LGBTIQ+.

“En pleno 2024, el Estado sigue guiándose del CIE-10 (1990), cuando ya existe el CIE-11, en donde la identidad trans, por ejemplo, ya no se considera una “enfermedad mental”. Esto significa un tremendo retroceso para los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que por sí ya es una minoría tremendamente estigmatizada y desprotegida”, señaló la activista Caro Díaz en ‘X’.

“El problema es que (la identidad trans y travesti) esté en un manual que las catalogue como enfermedad. Ningún organismo científico serio considera ser una persona trans u homosexual como enfermedad”, mencionó, por su parte, la directora del colectivo Más Igualdad, Alexandra Hernández.

Desde que asumió como ministro de Educación, Morgan Quero ha estado actuando más como una especie de vocero defensor de la presidente Dina Boluarte, quien actualmente se encuentra en graves problemas por su oscura gestión y muy nerviosa por la reciente captura y detención de su hermano Nicanor Boluarte Zegarra y de su abogado Mateo Castañeda.

El 08 de mayo pasado, publicamos un artículo titulado “Morgan Quero ¿Ministro, abogado o escudero de Dina Boluarte?” donde se cuestiona el papel que viene desempeñando el ministro de Educación, pero, además, señalamos que según nuestras fuentes, teníamos conocimiendo que el ministro Morgan Quero desearía ser Premier y, por ello, lo estarían perfilando y voceando para eventualmente asumir la titularidad de la PCM en reemplazo de Gustavo Adrianzén.

En una comunicación que tuve con el ministro Morgan Quero, me hizo referencia al artículo líneas arriba mencionado, y sobre eso respondió: “No soy abogado, no soy escudero. Cuando me preguntan respondo de todo”.

Además, evidentemente incomodo por lo que se había publicado sobre su posible designación como Presidente del Consejo de Ministros, señaló: “Es absolutamente falso que desee ser Premier. Espero que puedas corregir eso. Nunca he pedido ningún cargo. Me siento muy honrado de estar en el MINEDU”.

Esta fue la aclaración del ministro de Educación y cumplimos con publicarlo. Pero también queremos hacer una pregunta a la presidente de los Rolex, Dina Boluarte, ¿Quién reemplazá al Premier Gustavo Adrianzén si presenta su renuncia?