Espaldarazo. El gobierno peruano expresó su posición frente al cierre del Congreso y pedido de adelanto de elecciones en Ecuador, señalando que respeta esa decisión. La Presidencia de la República dio a conocer, mediante sus redes sociales, dicha postura, tras conocerse lo anunciado por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.
En ese sentido, se indica que en Perú “respetamos la decisión adoptada”, pues ella se encuentra “dentro del marco constitucional”.
“Abogamos para que el próximo proceso electoral en la hermana República de Ecuador se lleve a cabo dentro de los cauces legales, en paz y en democracia”, indica el Despacho Presidencial.
Este pronunciamiento de la Presidencia de la República se emite luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores diera a conocer, mediante un comunicado, la posición del Estado peruano frente a los hechos mencionados.
“El Gobierno del Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República del Ecuador”, se indica en el mismo.
En tal sentido, se hace votos “para que las elecciones generales, que resultarán de la decisión que ha adoptado el presidente Guillermo Lasso en ejercicio de sus facultades constitucionales, permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social”.
Al ser consultado al respecto este mediodía, el presidente del Congreso de la República peruana, José Williams, dijo coincidir con el pronunciamiento del Ejecutivo, argumentando que lo decidido por el mandatario ecuatoriano no se sale del orden constitucional.
Cabe hacer énfasis que mientras en Ecuador la disolución se puede dar por una sola vez durante los tres primeros años del mandato del presidente y se aplicará cuando la Asamblea Nacional (Parlamento) obstruya de manera reiterada e injustificada “la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna”; en el Perú el cierre del Congreso no podrá darse durante el último año de mandato de los poderes del Estado; es decir, solo ocurrirá durante los primeros cuatro años de labores. Esto con el fin de que no se altere el sistema electoral preexistente ya que las nuevas autoridades solo completarán el periodo constitucional.