Hoy, en sesión del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que dispone dar de baja a los teléfonos celulares que hayan sido utilizados para realizar llamadas extorsivas.
La medida analizará la posibilidad de requerir a las empresas operadoras, ya sean de oficio, o a solicitud del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el INPE, el Poder Judicial o el Ministerio Público, cuando se detecte que dichas líneas se han utilizado para promover, facilitar o consumar actos de extorsión.
Del mismo modo, se reconoce con rango de ley una serie de responsabilidades legales de las operadoras, relacionadas a la identificación y registro de los abonados, como del personal que interviene en la contratación de sus servicios. La validación de identidad de las contrataciones nuevas se realizará verificando la información biométrica del Reniec y Migraciones.
También se incorpora el artículo 222-D al Código Penal, que sancionará la posesión ilegítima de dispositivos para adulterar, reemplazar, duplicar o modificar el IMEI de los teléfonos celulares.
El Dato:
A noviembre del 2023, la PNP registra más de 19 mil denuncias por casos de extorsión. De esta cifra, el 60% son llamadas y mensajes extorsivos.
