El consejo directivo de la SUNEDU decidió ubicarse fuera de la ley

Por Umberto Jara

El 19 de julio de 2022, el Congreso publicó la Ley 31520, una norma que modifica la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU. En sencillo, los que dirigen actualmente esta entidad, por mandato de dicha ley, deben dar un paso al costado después de largos años de manejo hegemónico de las universidades y cuyo balance puede resumirse en dos ámbitos.

Un primer ámbito, que le dio un prestigio a la institución, fue el haber cancelado el licenciamiento a universidades que no merecían seguir operando por ser básicamente centros de lucro en perjuicio de los alumnos. Al respecto existió consenso público y nadie puede negar que tales cierres fueron un acierto.

Sin embargo, existe un aspecto negativo que no solamente ensombrece la gestión de la SUNEDU sino que tendrá que ser investigado. El pasivo de esta institución es que a partir del gobierno de Martín Vizcarra —sobre cuya corrupción no hay dudas— pasó a convertirse en una entidad que empezó a dar licenciamientos selectivos dirigidos a universidades pertenecientes a grupos económicos, incluso sin exigirles los requisitos de ley. También se convirtió en una entidad pasiva y silenciosa sin investigar casos gravísimos como la fábrica de tesis plagiadas que se descubrió en la Universidad César Vallejo a raíz del bochornoso caso de la tesis del ex presidente Pedro Castillo.

Son apenas dos graves ejemplos de varios más que tiñen de irregularidades y sospechas a la SUNEDU que, esta vez, ha decidido sumar a estos antecedentes el de ponerse al margen de la legalidad negándose a cumplir con la Ley 31520. ¿Por qué no quieren cumplir con una la ley? Porque es una ley que ordena que el actual Consejo Directivo debe culminar sus funciones.

Apenas el Congreso puso en vigencia la Ley 31520, la entidad inició una activa campaña mediática señalando que se “estaba destruyendo la reforma universitaria y destruyendo a la SUNEDU”. Si bien el título de la norma es pomposo: “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, lo real es que al revisar su contenido se puede verificar que no son ciertas las dramáticas proclamas del superintendente Oswaldo Zegarra.

Lo central de la citada ley es que el Consejo Directivo de la SUNEDU —inamovible desde el año 2015 y cuyos miembros, un nombre más o un nombre menos, son los mismos— debían terminar sus funciones y tienen que ser reemplazados no de manera arbitraria sino por miembros designados por varias instituciones: dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Anteriormente, el nombramiento de los directivos de la SUNEDU estaba a cargo del Ministerio de Educación. Se suponía que por concurso público pero en los hechos operó un llamado “Comité de Selección” cuyos miembros surgían del interés político: Fabiola León Velarde (2015) esposa del ex congresista del Partido Morado Gino Costa; Francisco Sagasti (2016-2019) del Partido Morado; y el curioso caso del inamovible  Walter Estrada López (2016 a la fecha) puesto en el cargo por su relación de fidelidad con Jorge Alva, padre de la ex ministra de Economía, María Antonieta Alva y amigo personal de Martín Vizcarra.

Es imposible negar que la SUNEDU hoy es un ente politizado y es nítido que su Consejo Directivo surge del manejo del Partido Morado. En su afán de enquistarse en el cargo, el propio superintendente, Oswaldo Zegarra, se dirigió, el 23 de diciembre 2022, a Palacio de Gobierno junto a la congresista morada Flor Pablo, a pedir audiencia a la presidenta Dina Boluarte, el día antes de Navidad, para solicitar la cabeza del ministro de Educación, Oscar Becerra, por el simple hecho de que este ministro osó decir: “Tenemos que apoyar a la Sunedu, pero no debemos apoyarla como si fuera un dogma o una revelación divina”.

La rebeldía de la SUNEDU en acatar una ley se hizo pública desde el instante en que se promulgó la Ley 31520. De inmediato iniciaron una sostenida campaña mediática con una idea fuerza que es falsa “La ley 31520 trae abajo la reforma universitaria”. Ciertos medios de comunicación repitieron la frase en lugar de tomarse el afán de leer la norma y allí se puede encontrar que se ha dispuesto que el Consejo Directivo tenga una composición plural: universidades estatales y privadas, Concytec, Sineace, Minedu y Colegios Profesionales.

La SUNEDU no solamente ha utilizado la desinformación como cuestionable arma. En su afán por desconocer la Ley 31520, se dirigió al Poder Judicial y encontró una jueza temeraria que, burlándose de la Constitución, declaró fundada una acción de amparo que declara nulo “el procedimiento legislativo seguido por el Congreso para modificar artículos de la Ley Universitaria”.

Un disparate total porque nuestro sistema legal y democrático está basado en la separación de poderes y una jueza que pertenece al Poder Judicial no puede dejar sin efecto un acto del Congreso porque pertenece al Poder Legislativo. Ya sabemos que el actual Congreso es muy cuestionable pero el orden constitucional no puede ser pisoteado porque la SUNEDU busca a una jueza ¿amiga? ¿corrupta? que trató de ayudar a que sus directivos sigan en sus cargos.

El guión de la ilegalidad continúa. Ocurre que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia a finales de diciembre de 2022 ordenando que la Ley 31520 se cumpla. El efecto inmediato es que los que actualmente manejan la SUNEDU deben poner sus cargos a disposición; sin embargo, están decididos a no respetar la ley con tal de mantenerse en funciones y en la misma línea de cuando buscaron a una jueza para un fallo ajeno a ley, ahora esta utilizando una leguleyada digna de un abogado bufón. Su argumento es que la Ley 31520 para ser aplicada necesita ser reglamentada y al no existir ese reglamento no se puede aplicar y, así, los dueños de la SUNEDU deben seguir en sus cargos.

Se trata de un argumento que un alumno de primer ciclo de Derecho tendría vergüenza en utilizar por la sencilla razón de que la Ley 31520 lo que ha hecho únicamente es modificar cinco artículos de la Ley 30220, Ley Universitaria. Por lo tanto, no necesita ser reglamentada porque, simplemente, está modificando una ley vigente que ya cuenta con su propio reglamento.

El Consejo Directivo de la SUNEDU encabezado por Oswaldo Zegarra no se quiere ir. ¿A quién se parecen? A los políticos cuando se atornillan a sus cargos incumpliendo la ley. Se confirma la tendencia de estos años: La SUNEDU no es un ente supervisor de la educación universitaria; es una organización política.