En los últimos meses, el trabajo del Congreso de la República
ha estado enfocado en las reformas del Poder Judicial y las reformas políticas
impulsadas por el Poder Ejecutivo. Logramos grandes avances tras muchas discusiones,
diferencias y consensos. El resto de las reformas podrán ser analizadas y
trabajadas a profundidad. Ahora enfoquémonos en atacar los grandes problemas
que enfrentamos como país.
Nuestra economía está estancada. Pese a beneficiarnos del
rumbo económico que marcó la Constitución de 1993, en los últimos gobiernos
poco se ha hecho para acelerar la economía.
La inversión privada tiene que crecer y generar más puestos
de trabajo para los 300 mil jóvenes que entran cada año al mercado laboral.
Trabajemos juntos para volver al camino del progreso
económico, no merecemos el crecimiento mediocre de los últimos 7 años.
Esta es la labor principal del Ejecutivo y desde el Congreso
debemos colaborar con un marco legal eficiente y creativo para ayudar a resolver
este problema. También es nuestro deber asumir un rol fiscalizador para evaluar
cómo se está gastando el dinero de todos los peruanos.
Es urgente una reforma tributaria que sea equilibrada y
promotora, que realmente beneficie a la población. Además, tenemos que
encontrar una forma de reducir la informalidad.
Especial relevancia debería cobrar el lugar que tienen las
MYPES en el tejido empresarial del Perú y poder impulsar su crecimiento, ya que
constituyen el 99% de empresas formales en nuestro país.
La situación del agro también debe ser abordada con mucha
seriedad.
El agro peruano está en una situación particular: solo se usa
el 4.4% del área agrícola del país para las exportaciones.
Aún así, el Perú ha generado una revolución mundial con sus
productos. El potencial es enorme.
El resto del sector —el 95.6%— sigue sufriendo las secuelas
de la reforma agraria. Viven en verdaderas trampas de pobreza abandonados a su
suerte, sin tecnología, resignados a un entorno de sufrimiento y retraso.
De igual forma, el 27% de los peruanos que viven en las
fronteras no puede seguir en total estado de abandono.
Por otro lado, hay mucho por hacer en cuanto a las
actividades extractivas en el país, una de las principales fuentes de riqueza
que tenemos.
El Perú necesita aproximadamente 250 mil barriles diarios de
petróleo para funcionar, pero sólo producimos 44 mil.
Solo en el 2018 gastamos más de US$3000 millones en importar
lo que no producimos.
Aun así, se necesitan 46 procedimientos sólo para iniciar
operaciones en el sector hidrocarburos.
Desde el Congreso aprobaremos la legislación necesaria para
darle un impulso a este sector, trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo
para destrabar la inversión.
Necesitamos políticas públicas predecibles, que entiendan el
funcionamiento del mercado, el respeto por el medio ambiente y por los pueblos
indígenas. Lo mismo para la minería.
Otra gran tarea pendiente es la regionalización. Hoy tenemos
regiones dotadas de enormes presupuestos. ¿Realmente está funcionando?
En Puno, el Gobierno regional recibe S/ 1,130 millones para
gasto corriente (sueldos) y alrededor de S/ 140 millones para obras. Esto
significa que para administrar un sol, en Puno, se gastan diez. Esta situación
es común a través de todo el aparato estatal.
Debemos mejorar la calidad del gasto público, estamos cerca
de que el gasto en burocracia sea el doble de la recaudación tributaria, según
el MEF. Si seguimos con estos niveles de burocracia, los recursos jamás
llegarán a los peruanos que más lo necesitan, siempre se quedarán en el camino.
El Índice de Progreso Social nos advierte que se ha
descuidado el desarrollo, pese al incremento en el presupuesto de la República.
El Ejecutivo debe revisar la eficacia de sus programas sociales para que el
crecimiento económico tenga un impacto real en el desarrollo social del país.
La excesiva burocracia les pone obstáculos y numerosas
dificultades a los peruanos y ha empujado a miles por el camino de la
informalidad.
¿Qué podemos hacer ante esta situación?
Propongo una agenda de emergencia a ser trabajada con el
Poder Ejecutivo, para resolver los grandes problemas que aquejan a nuestro
país. El Perú no puede detenerse.
No solo debemos estar dispuestos, estamos obligados a
comenzar esa tarea.
El gran problema que tenemos, y no me voy a cansar de
decirlo, es un problema de gestión.
En los últimos 15 años, el presupuesto de la República creció
en 450%, mientras que la población sólo creció 22%. ¿Acaso tenemos 4 veces
mejores servicios de educación, salud o seguridad?
En el 2018, el presupuesto de la República fue de S/ 150 mil
millones. De este monto, sólo S/ 46 mil millones se destinaron a
infraestructura e inversión. Los S/ 114 mil millones restantes se usaron en
gastos corrientes.
¿Somos conscientes de lo que significan S/ 114 mil millones?
Con S/ 6 millones se tendría un colegio de 12 aulas completamente equipadas.
Por un monto similar, una comisaría con todas las facilidades que merece la
Policía para atacar la inseguridad.
Con S/ 8 millones se pone en marcha un centro de salud
completamente implementado. Cada vez que escuchemos de presupuestos, pensemos
en cuántas obras se pueden ejecutar.
La ciudadanía nos ve como los responsables de lo que
describo. Existe mucha frustración, muchas veces justificada.
Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo es el principal
responsable de tomar acciones concretas para resolver estos problemas, el
Congreso también cumple un papel clave.
El diálogo y trabajo en conjunto entre los poderes del Estado
es esencial.
Sin embargo, también es importante respetar la independencia
que tiene cada fuero para cumplir sus competencias.
Se debe acabar la idea de que este Congreso es
obstruccionista, cuando año tras año se han otorgado facultades legislativas y
se aprobaron varios cambios presupuestales pedidos por el Ejecutivo.
De 213 decretos legislativos emitidos por el Gobierno,
aprobamos 210. Obstrucción, ¿dónde?
Pero, no perdamos de vista nuestras tareas pendientes: atacar
la exorbitante sobre regulación en la que vivimos, mejorar dramáticamente la
calidad de leyes que aprobamos y fortalecer nuestra labor fiscalizadora.
En los últimos 5 años, la emisión de normas legales creció en
25%, más que el PBI y el empleo formal. En el Perú hay más de 30 mil leyes y
600 mil normas vigentes. En el ránking de carga de regulación gubernamental del
Foro Económico Mundial del 2018, el Perú ocupa el puesto 128 de 138. Cada día
se emiten — en promedio— 60 nuevos dispositivos legales.
Debemos preguntarnos cuánto le cuesta a la gente las normas
que emitimos. En ese sentido, el Ejecutivo contará con nuestro apoyo para
simplificarle la vida a los ciudadanos. No nos dejemos apabullar por quienes
piden el cambio de la Constitución o la disolución del Congreso para resolver
estos problemas.
La defensa de la democracia es fundamental, así como la defensa
de nuestra Constitución.
En 1990, el 70% de la actividad económica estaba en manos del
Estado y el país estaba quebrado. Sin embargo, la Constitución de 1993, trazó
un camino de desarrollo sin precedentes.
Se redujo la pobreza de una manera dramática y empezamos a
cerrar brechas sociales.
El decil más pobre en nuestro país es el que más ha aumentado
su capacidad de gasto en la última década, según data del INEI.
Además, se estima que en el 2018, las exportaciones peruanas
tenían un valor de US$50 mil millones. Nuestro PBI está en casi US$190 mil
millones.
No importa qué indicadores usemos, el resultado va a ser el
mismo: hoy vivimos en un país más próspero, pero aún queda mucho por hacer.
Han pasado muchos años de inacción y los más afectados han
sido los más pobres.
Por otro lado, la defensa de la democracia debe ser un pilar
fundamental del ejercicio de la labor parlamentaria. Debemos entender que no
vivimos en un sistema perfecto y que los seres humanos tampoco somos perfectos.
En ese sentido, una de las grandes ventajas de la democracia
es la rendición de cuentas.
Si uno, como político, comete un error, será increpado y
castigado por sus electores. Nos debemos a ellos.
Es por eso que es tan importante evitar que grupos de poder
no electos gobiernen nuestro país. Ellos no rinden cuentas ante nadie, excepto
a quienes los financian.
Se nos presenta la oportunidad de llegar a nuestro
Bicentenario como una sociedad que supo manejar sus problemas y enmendar sus
errores.
Busquemos iniciar el nuevo siglo como un país de leyes, no
como un país de desconcertadas gentes, como decía Piérola.
Exijamos cambios de manera ordenada; sin prisa, pero sin
pausa.
Reconozcamos que somos un país de logística compleja y de
muchas necesidades. Los problemas no se resuelven solo arrojándoles dinero.
Probemos nuevas ideas y pensemos primero en el ciudadano y en los servicios que
recibe.
El crecimiento económico y el desarrollo social deben ir de
la mano.
En suma, entendamos, el Congreso está para autorizar los
fondos que el Ejecutivo solicita y dar las leyes que se requieran para el
desarrollo del país. El Ejecutivo es el único llamado a aplicarlas.
Así pues, extiendo la mano del Congreso para trabajar juntos.
El futuro del Perú está en nuestras manos. Apostemos por el bienestar de las
próximas generaciones. Asumamos la responsabilidad.
El Perú y nuestros hijos lo merecen.
