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Discurso del Presidente del Congreso de la República Pedro Olaechea

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En los últimos meses, el trabajo del Congreso de la República ha estado enfocado en las reformas del Poder Judicial y las reformas políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Logramos grandes avances tras muchas discusiones, diferencias y consensos. El resto de las reformas podrán ser analizadas y trabajadas a profundidad. Ahora enfoquémonos en atacar los grandes problemas que enfrentamos como país.

Nuestra economía está estancada. Pese a beneficiarnos del rumbo económico que marcó la Constitución de 1993, en los últimos gobiernos poco se ha hecho para acelerar la economía.

La inversión privada tiene que crecer y generar más puestos de trabajo para los 300 mil jóvenes que entran cada año al mercado laboral.

Trabajemos juntos para volver al camino del progreso económico, no merecemos el crecimiento mediocre de los últimos 7 años.

Esta es la labor principal del Ejecutivo y desde el Congreso debemos colaborar con un marco legal eficiente y creativo para ayudar a resolver este problema. También es nuestro deber asumir un rol fiscalizador para evaluar cómo se está gastando el dinero de todos los peruanos.

Es urgente una reforma tributaria que sea equilibrada y promotora, que realmente beneficie a la población. Además, tenemos que encontrar una forma de reducir la informalidad.

Especial relevancia debería cobrar el lugar que tienen las MYPES en el tejido empresarial del Perú y poder impulsar su crecimiento, ya que constituyen el 99% de empresas formales en nuestro país.

La situación del agro también debe ser abordada con mucha seriedad.

El agro peruano está en una situación particular: solo se usa el 4.4% del área agrícola del país para las exportaciones.

Aún así, el Perú ha generado una revolución mundial con sus productos. El potencial es enorme.

El resto del sector —el 95.6%— sigue sufriendo las secuelas de la reforma agraria. Viven en verdaderas trampas de pobreza abandonados a su suerte, sin tecnología, resignados a un entorno de sufrimiento y retraso.

De igual forma, el 27% de los peruanos que viven en las fronteras no puede seguir en total estado de abandono.

Por otro lado, hay mucho por hacer en cuanto a las actividades extractivas en el país, una de las principales fuentes de riqueza que tenemos.

El Perú necesita aproximadamente 250 mil barriles diarios de petróleo para funcionar, pero sólo producimos 44 mil.

Solo en el 2018 gastamos más de US$3000 millones en importar lo que no producimos.

Aun así, se necesitan 46 procedimientos sólo para iniciar operaciones en el sector hidrocarburos.

Desde el Congreso aprobaremos la legislación necesaria para darle un impulso a este sector, trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo para destrabar la inversión.

Necesitamos políticas públicas predecibles, que entiendan el funcionamiento del mercado, el respeto por el medio ambiente y por los pueblos indígenas. Lo mismo para la minería.

Otra gran tarea pendiente es la regionalización. Hoy tenemos regiones dotadas de enormes presupuestos. ¿Realmente está funcionando?

En Puno, el Gobierno regional recibe S/ 1,130 millones para gasto corriente (sueldos) y alrededor de S/ 140 millones para obras. Esto significa que para administrar un sol, en Puno, se gastan diez. Esta situación es común a través de todo el aparato estatal.

Debemos mejorar la calidad del gasto público, estamos cerca de que el gasto en burocracia sea el doble de la recaudación tributaria, según el MEF. Si seguimos con estos niveles de burocracia, los recursos jamás llegarán a los peruanos que más lo necesitan, siempre se quedarán en el camino.

El Índice de Progreso Social nos advierte que se ha descuidado el desarrollo, pese al incremento en el presupuesto de la República. El Ejecutivo debe revisar la eficacia de sus programas sociales para que el crecimiento económico tenga un impacto real en el desarrollo social del país.

La excesiva burocracia les pone obstáculos y numerosas dificultades a los peruanos y ha empujado a miles por el camino de la informalidad.

¿Qué podemos hacer ante esta situación?

Propongo una agenda de emergencia a ser trabajada con el Poder Ejecutivo, para resolver los grandes problemas que aquejan a nuestro país. El Perú no puede detenerse.

No solo debemos estar dispuestos, estamos obligados a comenzar esa tarea.

El gran problema que tenemos, y no me voy a cansar de decirlo, es un problema de gestión.

En los últimos 15 años, el presupuesto de la República creció en 450%, mientras que la población sólo creció 22%. ¿Acaso tenemos 4 veces mejores servicios de educación, salud o seguridad?

En el 2018, el presupuesto de la República fue de S/ 150 mil millones. De este monto, sólo S/ 46 mil millones se destinaron a infraestructura e inversión. Los S/ 114 mil millones restantes se usaron en gastos corrientes.

¿Somos conscientes de lo que significan S/ 114 mil millones? Con S/ 6 millones se tendría un colegio de 12 aulas completamente equipadas. Por un monto similar, una comisaría con todas las facilidades que merece la Policía para atacar la inseguridad.

Con S/ 8 millones se pone en marcha un centro de salud completamente implementado. Cada vez que escuchemos de presupuestos, pensemos en cuántas obras se pueden ejecutar.

La ciudadanía nos ve como los responsables de lo que describo. Existe mucha frustración, muchas veces justificada.

Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo es el principal responsable de tomar acciones concretas para resolver estos problemas, el Congreso también cumple un papel clave.

El diálogo y trabajo en conjunto entre los poderes del Estado es esencial.

Sin embargo, también es importante respetar la independencia que tiene cada fuero para cumplir sus competencias.

Se debe acabar la idea de que este Congreso es obstruccionista, cuando año tras año se han otorgado facultades legislativas y se aprobaron varios cambios presupuestales pedidos por el Ejecutivo.

De 213 decretos legislativos emitidos por el Gobierno, aprobamos 210. Obstrucción, ¿dónde?

Pero, no perdamos de vista nuestras tareas pendientes: atacar la exorbitante sobre regulación en la que vivimos, mejorar dramáticamente la calidad de leyes que aprobamos y fortalecer nuestra labor fiscalizadora.

En los últimos 5 años, la emisión de normas legales creció en 25%, más que el PBI y el empleo formal. En el Perú hay más de 30 mil leyes y 600 mil normas vigentes. En el ránking de carga de regulación gubernamental del Foro Económico Mundial del 2018, el Perú ocupa el puesto 128 de 138. Cada día se emiten — en promedio— 60 nuevos dispositivos legales.

Debemos preguntarnos cuánto le cuesta a la gente las normas que emitimos. En ese sentido, el Ejecutivo contará con nuestro apoyo para simplificarle la vida a los ciudadanos. No nos dejemos apabullar por quienes piden el cambio de la Constitución o la disolución del Congreso para resolver estos problemas.

La defensa de la democracia es fundamental, así como la defensa de nuestra Constitución.

En 1990, el 70% de la actividad económica estaba en manos del Estado y el país estaba quebrado. Sin embargo, la Constitución de 1993, trazó un camino de desarrollo sin precedentes.

Se redujo la pobreza de una manera dramática y empezamos a cerrar brechas sociales.

El decil más pobre en nuestro país es el que más ha aumentado su capacidad de gasto en la última década, según data del INEI.

Además, se estima que en el 2018, las exportaciones peruanas tenían un valor de US$50 mil millones. Nuestro PBI está en casi US$190 mil millones.

No importa qué indicadores usemos, el resultado va a ser el mismo: hoy vivimos en un país más próspero, pero aún queda mucho por hacer.

Han pasado muchos años de inacción y los más afectados han sido los más pobres.

Por otro lado, la defensa de la democracia debe ser un pilar fundamental del ejercicio de la labor parlamentaria. Debemos entender que no vivimos en un sistema perfecto y que los seres humanos tampoco somos perfectos.

En ese sentido, una de las grandes ventajas de la democracia es la rendición de cuentas.

Si uno, como político, comete un error, será increpado y castigado por sus electores. Nos debemos a ellos.

Es por eso que es tan importante evitar que grupos de poder no electos gobiernen nuestro país. Ellos no rinden cuentas ante nadie, excepto a quienes los financian.

Se nos presenta la oportunidad de llegar a nuestro Bicentenario como una sociedad que supo manejar sus problemas y enmendar sus errores.

Busquemos iniciar el nuevo siglo como un país de leyes, no como un país de desconcertadas gentes, como decía Piérola.

Exijamos cambios de manera ordenada; sin prisa, pero sin pausa.

Reconozcamos que somos un país de logística compleja y de muchas necesidades. Los problemas no se resuelven solo arrojándoles dinero. Probemos nuevas ideas y pensemos primero en el ciudadano y en los servicios que recibe.

El crecimiento económico y el desarrollo social deben ir de la mano.

En suma, entendamos, el Congreso está para autorizar los fondos que el Ejecutivo solicita y dar las leyes que se requieran para el desarrollo del país. El Ejecutivo es el único llamado a aplicarlas.

Así pues, extiendo la mano del Congreso para trabajar juntos. El futuro del Perú está en nuestras manos. Apostemos por el bienestar de las próximas generaciones. Asumamos la responsabilidad.

El Perú y nuestros hijos lo merecen.

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MTC pone fecha definitiva para que la Línea 2 del Metro opere al 100%

Trabajos de manera simultánea en 40 puntos permitirán que obra concluya en el año 2028.

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A esperar cuatro años más de desvíos y tráfico infernal. El viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ismael Sutta, brindó nuevas aproximaciones sobre lo que será el funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima.

Entre ellas destacó que, gracias a los trabajos simultáneos que se vienen realizando en 40 frentes de lo que será la Línea 2 del Metro, se podrán se podrán acelerar los tiempos para poder inaugurar el total de las estaciones más rápido y que el primer subterráneo del Perú opere al 100% en el 2028.

“Eso está haciendo que nuestro avance pueda ir más rápido. De acuerdo al cronograma de avance, debemos tener funcionando todo el sistema en el año 2028. Este importante sistema nos va a permitir movilizar más de 600 mil pasajeros al día, en una primera etapa, y en el 2030, un millón 200 mil pasajeros”, declaró Sutta para Panamericana Televisión.

En cuanto a las declaraciones del titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, quien manifestó hace unas semanas que la obra en su totalidad podría estar lista para los Juegos Panamericanos Lima 2027, el funcionario público precisó que no será posible.

Sin embargo, afirmó que para ese entonces ya habrán varias estaciones inauguradas, lo que facilitará el transporte de los turistas, de los aficionados de los deportes y del público en general al descongestionar las principales avenidas de los distritos y brindar una nueva opción para movilizarse.

“Estamos trabajando a ritmos acelerados. Esperamos llegar para que los Juegos Panamericanos no tengan problemas de congestión vehicular. Estamos en ese proceso. Venimos coordinando con el concesionario para adelantar algunos trabajos de tuneladora y estación para minimizar los cierres que se tienen en las vías”, dijo el viceministro.

Trabajos se vienen realizando a paso acelerado para que el primer subterráneo del país entre en funcionamiento de manera íntegra el año 2028. Foto: MTC.

Como se recuerda, ya se inauguraron las primeras 5 estaciones de las 27 planificadas. Estas son: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Desde que fueron abiertas al público, dichas terminales vienen funcionando de forma gratuita al aún encontrarse en marca blanca, la cual durará hasta finales de agosto del 2024.

Con el pasar de los años se inaugurarán las 22 estaciones restantes para que el subterráneo una la ciudad de Lima al recorrer los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de La Legua y el Callao en un plazo menor a los 45 minutos.

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Congreso aprobó dictamen para que contralor Nelson Shack siga en el cargo hasta designación de su sucesor

A pesar, que el proyecto de ley fue rechazado en diciembre de 2023, ayer acaba de ser aprobado en el Pleno del Congreso. El periodo de funciones del contralor culmina el 19 de julio; sin embargo, Nelson Shack permanecerá en sus funciones.

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El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen de los proyectos de ley 3523/2022-CR y 4674/2022-CR, que autoriza la continuidad en funciones del actual contralor general de la república Nelson Shack Yalta, hasta la designación de sustituto por el propio Poder Legislativo.

Con 72 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento decidió, en primera votación. Ahora, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General, el cuestionado contralor Nelson Shack fue designado por un periodo de siete años y su vigencia debía mantenerse hasta julio 19 de julio del 2024.

“Finalizado el período de siete años, el contralor general de la República continuará en funciones hasta que el Congreso de la República designe al nuevo contralor general de la República”, se mencionó una parte del dictamen.

Además, establece que, dentro de los tres meses previos al término del periodo de la designación del contralor, la presidenta de la república remite al Congreso su propuesta para la nueva designación.

Es decir, el contralor general de la república es elegido a propuesta del Poder Ejecutivo y designado por el Congreso para un periodo de siete años.

Cuestionan medida que favorece a Shack Yalta

La parlamentaria Silvana Robles indicó que, el contralor Nelson Shack quien pretendió encubrir el escándalo de los Rolex de Dina Boluarte, ahora sea beneficiado por “el fujimontesinismo” por aprobar ley que amplía su mandato.

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BLANCO SAF brindó facilidades a la SMV en proceso de intervención

La institución asegura que esta acción contribuirá con reforzar su nueva política de comunicación transparente y oportuna con los inversionistas.

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Blanco Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. (“BLANCO SAF”), mostró su total disposición y facilidades a los representantes de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), luego que esta institución dispusiera la intervención administrativa en la modalidad de supervisión de la gestión de BLANCO SAF.

Cabe precisar, que esta intervención es sobre los Fondos de Inversión por Oferta Pública FIBP6 SOLES y FI BP7 DÓLARES (los “Fondos”), durante un periodo de 90 días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la precitada Resolución, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para obtener la recuperación de los Fondos.

BLANCO SAF, recalcó que esta medida adoptada por la SMV recae directamente sobre los Fondos FI BP6 SOLES y FI BP7 DÓLARES. El resto de los fondos de inversión que administra BLANCO SAF, incluyendo su fondo mutuo, mantendrán sus operaciones con normalidad.

Asimismo, recuerda que durante toda la vida institucional de BLANCO SAF, siempre se han distinguido por atender diligentemente todos los pedidos y requerimientos de la SMV. En este sentido, consideran que la medida adoptada por el ente regulador transmitirá mucha tranquilidad a los inversionistas y que contribuirá con las acciones de transparencia que BLANCO SAF se había comprometido a reforzar.  

De igual forma, señalaron que esta acción contribuirá con reforzar su nueva política de comunicación transparente y oportuna con los inversionistas y además ayudará a fortalecer las acciones de control en los fondos que administran y en los alcances de las políticas de inversiones sobre sus futuros fondos.” La supervisión de la gestión de la SMV nos dará el espacio que necesitamos para implementar las acciones de reactivación de la liquidez de los Fondos, en beneficio de nuestros inversionistas”, expresaron.

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Patricia Benavides en audiencia advirtió: “Me quieren destituir con un informe espurio”

Hoy el Pleno de la JNJ pretende destituir por unanimidad a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, según el informe de la magistrada Inés Tello, por “haber beneficiado a su hermana Emma” y por separar a la exfiscal Bersabeth Revilla que se encargaba de dicho caso.

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Este jueves 18 de abril desde las 9 de la mañana se inició la audiencia oral en la sede de san Isidro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para decidir la destitución de la exfiscal suspendida Liz Patricia Benavides Vargas, por haber cometido tres faltas graves cuando lideraba el Ministerio Público, como haber interferido en la investigación fiscal que se le sigue a su hermana Enma Benavides y haber emitido resoluciones sin motivación, según se sustenta en el informe de 148 páginas, redactado por la magistrada Inés Tello. 

El informe también sustenta que, la exfiscal de la Nación dio un trato degradante a la fiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla Corrales, e hizo hincapié en un presunto favorecimiento al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas.

Asimismo, Benavides Vargas desde que inició su intervención de defensa, de manera contundente, acusó a los magistrados de querer removerla violando el debido proceso.

“Me quieren destituir con un informe espurio”, señaló Benavides Vargas.

Además, pidió frontalmente a Aldo Vásquez Ríos que por decoro se inhiba de votar en este caso.

Por su parte, el exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas Zegarra, remarcó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituirá por unanimidad a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pues los cargos en su contra “están más que demostrados”. Además, respaldó el informe de Inés Tello, magistrada de la JNJ, contra Benavides Vargas, porque el hecho de que la fiscal suprema “haya beneficiado a su hermana” en una investigación es “una falta grave”.

“El Pleno de la JNJ por unanimidad deberá proceder a destituirla del cargo de fiscal suprema. Los cargos están más que demostrados. Los hechos de mal usar su cargo para favorecer a la hermana es a todas luces una falta grave que debe ser sancionada con una destitución”.

“Conforme al reglamento, se establece que la decisión final del Pleno debe darse 10 días siguientes a la vista de la causa, es decir, tras la exposición de Patricia Benavides con sus alegatos de defensa, a desarrollarse hoy. Una vez que se pronuncie (la decisión), la parte procesada podrá presentar un recurso de reconsideración en un plazo de 5 días. Con esto se acabaría la instancia correspondiente”, enfatizó.

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Viudas y familiares de líderes asháninkas asesinados temen por sus vidas y aseguran que no pueden regresar a su comunidad por las constantes amenazas

Familiares de los dirigentes fallecidos indican que familiares de los condenados buscan cobrar venganza.

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Ganaron una batalla judicial que duró cerca de 10 años, pero aún no encuentran la tan ansiada paz. Las viudas de los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— vienen denunciando que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos familiares de los sujetos que dieron muerte a los cuatro dirigentes, destacándose a la familia de Segundo Atachi, uno de los madereros condenados por los crímenes.

Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.

Si bien el pasado viernes se condenó a los cuatro responsables de los dirigentes asháninkas, aún persiste la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, y también no cesan las amenazas contra aquellos que alzan la voz para preservar los recursos naturales; ellos aún no ven un acercamiento del Estado, o al menos una señal de buena voluntad que les brinde un poco de seguridad.

Viudas no pueden regresar a su comunidad por temor a represalias de parte de los familiares condenados. Foto: Salvador Oré.

Ante ello, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad, así como para Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.

Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, al diario La República.

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Gobierno declara estado de emergencia en Arequipa por crecida de la ola delictiva

Medida restringirá algunos derechos en la Ciudad Blanca y se extenderá durante 20 días.

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Una ciudad blanca manchada constantemente de sangre. El Gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Arequipa debido al ingreso de organizaciones criminales que tienen en vilo a todos los ciudadanos de la también conocida como Ciudad Blanca. Esta medida empezará hoy y se prolongará durante 20 días.

El Decreto Supremo N.º. 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.

“Y en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.

El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Estos son: inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales.

El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.

“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Walter Ortiz), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”, indica la norma.

Personal de las FF.AA. patrullarán las calles de la Ciudad Blanca para reestablecer el orden interno.

De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa ha visto un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.

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‘Marcha blanca’ de Línea 2 del Metro de Lima se extiende hasta el 31 de agosto

Hasta la fecha se han movilizado aproximadamente tres millones de personas; sin embargo, los usuarios piden que se acelere la construcción de más estaciones. Por su parte, el Concesionario ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27.

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Por lo visto, el funcionamiento de la marcha blanca de la Línea 2 del Metro de Lima, ha tenido gran demanda y una buena respuesta de los ciudadanos; por lo tanto, se ha extendido su período (de marcha blanca) hasta el 31 de agosto, según informó Jean Paul Calle, vocero del Concesionario Metro de Lima Línea 2, que está integrado por Iridium, Dragados, FCC, Webuild, Cosapi, Hitachi Rail STS y Hitachi Rail Italy SpA.

Inicialmente, este servicio gratuito como periodo de prueba estaba previsto concluir el 8 de abril, pero se tomó la decisión de esta ampliación que beneficiará a los usuarios permitiéndoles seguir disfrutando del primer metro subterráneo gratuito de Perú.

Como resultado favorable. hasta la fecha, se han movilizado aproximadamente tres millones de personas, y se espera que esa cifra se duplique en los próximos cuatro meses. 

Por el momento, los usuarios utilizan tarjetas diferentes para la Línea 1 y Línea 2, pero la entidad informó que están trabajando en una integración de tarjetas para finales del año.

En el servicio operan cinco estaciones que cubren cinco kilómetros, desde la estación de Evitamiento hasta el Mercado de Santa Anita.

En 2026 se inaugurarán más estaciones

El Concesionario Metro de Lima 2, ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27, con una tarifa estándar de S/1.40 para adultos y S/0.70 para estudiantes, la cual se empezará a cobrar desde septiembre. Además, se está construyendo una estación de interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, que se espera esté operativa pronto.

Finalmente, el proyecto total de la Línea 2, que unirá 10 distritos a lo largo de 35 kilómetros, se proyecta que esté concluido entre 2028 y 2029.

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Osiptel: A partir del 22 de abril los celulares robados serán bloqueados

¿Esta vez será cierto? Según Osiptel, este sistema detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado, e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

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Tras años de no darle solución al uso de celulares robados, en lugar de ser bloqueados para evitar las clonaciones y el reciclamiento de los mismos en el mercado negro, El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que a partir del 22 abril intensificará la lucha contra la venta ilegal de celulares.

Luis Pacheco, director de fiscalización e Instrucción de Osiptel, anunció que todas las empresas operadores del servicio móvil bloquearán todo celular que se reporte como robado por un ciudadano víctima de la criminalidad.

Osiptel implementará un sistema con la lista de los equipos a bloquear, así como los equipos autorizados para funcionar en las redes móviles del país.

Aseguran que detectarán código IMEI

Según el funcionario, este sistema también detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado (es decir, que sea calificado como inválido o clonado), e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

La medida forma parte de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que fue creado por el Gobierno peruano con el Decreto Legislativo n.° 1338 y reglamentado con el Decreto Supremo n.° 007-2019-IN, con el objetivo de desincentivar la comercialización de celulares robados o de dudosa procedencia en el mercado peruano.

Se bloquearán los equipos que no estén registrados en el Renteseg

Con la tercera fase del Renteseg se implementa también la lista de celulares válidos o lista blanca, en la cual figuran todos los equipos que están autorizados para operar en las redes del servicio móvil del país. Todos los celulares con servicio activo y que forman parte del registro de abonados de las empresas operadoras del servicio móvil, al 21 de abril de 2024, pasarán automáticamente a formar parte de la lista de celulares válidos.

A partir del 22 de abril, las empresas importadoras alertarán a los equipos móviles que se activen y no estén registrados para que regularicen su situación, pero no se bloquearán por el momento.

Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS en el que se le indica que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir, inmediatamente, a la empresa operadora que le vendió el celular y exigir que regularice la situación del equipo.

Importadoras tendrán que registrar sus equipos

Solo hasta el 21 de abril, las importadoras realizarán el registro en el Sistema de Carga de Información de Equipos Terminales Móviles Importados, Fabricados o Ensamblados en el País (Sicart). A partir del 22 de abril, deberán hacerlo en el nuevo Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF). También, a partir del 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal deben ser registrados en la lista de celulares válidos o lista blanca a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.

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