Escribe: Edwin Cavello Limas
A casi un mes de cumplirse el aislamiento social del estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra, han comenzado a generarse despidos masivos en diversas instituciones del Estado y en empresas privadas. Esto sucede paralelamente al pedido de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, ya que mediante una carta dirigida a la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, la CONFIEP sugirió que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa, bastando enviar la comunicación correspondiente a la Autoridad Administrativa de Trabajo.
La inestabilidad laboral viene generando mucha preocupación en padres y madres de familia que son cabeza de hogar. Mientras la cuarentena continúa ampliándose, miles de trabajadores van quedándose en la calle en medio de una crisis de salud que afecta duramente la economía.
En un artículo publicado en Lima Gris, Mariela Mondragón señaló: “Existen más de 170 mil servidores públicos en condición de locadores, todos vulnerables a que se prescinda de sus servicios y otros que, a estas alturas de la cuarentena, ya han sido excluidos de sus centros de trabajo. El sector público es grande, pero en el sector cultural, es aún pequeño. Al concluir marzo y empezar abril, he recibido la triste noticia de la suspensión de las labores de muchos compañeros de diversas instituciones (como la mía misma), todos nosotros del sector cultural y locadores de servicios en ministerios, órganos adscritos, municipios y direcciones descentralizadas al interior del país”.
Este fin de semana ha sido crucial para conocer la real situación en el que se encuentra sumergido el país. Las medidas económicas fueron entusiastas, pero no lograrán contener la crisis económica que se avecina. Algunas de las medidas económicas de la administración Vizcarra han sido: el bono para nueve millones de habitantes, disponibilidad de fondos para trabajadores formales (CTS), líneas de crédito para las empresas, plan de reactivación de la economía con 30 mil millones de soles. A estas alturas nada es suficiente frente a esta crisis que viene golpeando a países con economías más saludables que Perú.
Frente a esto también nos encontramos con la noticia de que 16 mil fallecidos han sido beneficiados con el bono solidario, es decir, (16 mil x 760) más de 12 millones de soles para los cementerios. Una grave denuncia que por una parte mina la credibilidad del gobierno y por otro lado muestra la desactualización de datos en tiempos de tecnología y el auge de internet.
Los despidos masivos no solo se vienen dando en instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, o en empresas privadas como Trilce, los despidos también se vienen dando en los comercios informales, que, según el INEI, solo entre abril del 2018 y marzo del 2019 en el sector informal obtuvieron empleo 239 mil peruanos.
Ahora el gobierno pretende sorprendernos con el Decreto de urgencia que establece medidas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Esto a mucha gente lo agarrará con los pantalones abajo.
