Cuando el Estado se convierte en enemigo de la justicia y la verdad

Por Rafael Romero

Hay un principio bíblico que dice: “la verdad os hará libres”, y es la verdad la que contó el chef Jesús Alvarado en el programa “Habla el Pueblo” del martes 8 de agosto del 2023 (enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=5143YV2e4kQ), revelando -en vivo y en directo- una serie de hechos respecto de un complot preparado y ejecutado perversamente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, allá por el otoño del 2018.

Tras esa entrevista se conocieron en toda su dimensión los alcances y detalles de una trampa organizada contra el embajador del Perú en Israel, Fortunato Quesada Seminario, por parte de los funcionarios públicos de apellidos Popolizio, Boza, De Zela y Rubín, según lo declarado por Jesús Alvarado y los expedientes administrativos de la Cancillería.

Dicho sea de paso, los funcionarios arriba referidos, salvo el malogrado José Boza, fallecido hace más de un año, fueron convocados e invitados por esta redacción a través de los órganos institucionales de Torre Tagle a fin de concretar entrevistas periodísticas, pero el resultado fue el más absoluto silencio en todos los idiomas y las constantes evasivas de la burocracia de la Cancillería.

Ese silencio es cómplice de la impunidad y solo confirma la falta de empatía, la indiferencia, la falsedad y la injusticia de los ministros Maurtua, Meza Cuadra, Wagner y Gervasi, además de los directamente involucrados en el complot, pues en esta historia real -que supera a la ficción- el tema es la arbitrariedad y la injusticia, motivada por la envidia y por intereses personales para articular una venganza y un atentado a los derechos humanos de un diplomático de las calidades de Fortunato Quesada, en sus 34 años de destacada carrera, habiendo sido el responsable del proyecto especial APEC 2015-2016, y un distinguido Ministro y Jefe de Cancillería, Cónsul General, Coordinador General Adjunto de la V Cumbre de Jefes de Estado y de ALCUE, y un largo etc.

Lamentablemente el silencio frente a un complot organizado por funcionarios públicos lo único que consigue es que el Estado se convierta en enemigo de la justicia y la verdad; empero frente a un Estado de esa clase, lo único que le queda al ciudadano es denunciar, indignarse y cuestionar, máxime cuando los autores de la trampa (Popolizio, De Zela, Boza y Rubín) están plenamente identificados con pruebas irrefutables del mismo ministerio.

Asimismo, los cancilleres o inquilinos de Torre Tagle -desde junio del 2018- han preferido mirar de costado o ser parte de la comparsa vizcarrista que sigue entronizada en Cancillería, salvo que Javier González Olaechea los enfrente y pase el Rubicón. Por lo demás, atención, reiteramos, esta redacción solicitó formalmente entrevistas a todos los involucrados (Gervasi, Popolizio, De Zela y Pedro Rubín, mas no así a Boza porque falleció), pero el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por la política del avestruz.

Por tanto, es hora de un nuevo liderazgo, aquel que se enfrenten al poder oculto o a las argollas que se agazapan en todos los ministerios, como costras difíciles de remover. También recordemos que todos los ángulos del caso están debidamente documentados e incluso el lector puede corroborar más hechos que lo sorprenderán e indignarán en el programa de “Habla el Pueblo” del lunes 18 de septiembre del 2023 (enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=-okRnOMRYpI), donde proporciona un segundo testimonio Jesús Alvarado y uno nuevo el propio agraviado, el embajador Quesada Seminario, quien recibió un atentado a sus derechos humanos planificado y ejecutado por sus propios compañeros de trabajo y de carrera.

En ese contexto, ha transcurrido el debido tiempo desde que un distinguido ciudadano y patriota republicano de las calidades de Javier González Olaechea asumió la conducción de la Cancillería, poseyendo los mejores requisitos intelectuales, profesionales y políticos para marcar la diferencia con el pasado, mucho más cuando acaba de confirmar que “el Perú se va mantener dentro del sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Ahí está la Constitución y la figura de la revocación contemplada en los artículos 214 al 216 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) para que se solucionen casos emblemáticos como el del embajador Fortunato Quesada y se haga justicia, reponiéndolo en el cargo del cual fue expectorado a causa de un complot, especialmente cuando existe un agravante escandaloso como es el hecho de que los autores de la celada han sido premiados con cargos diplomáticos en el exterior, nombramientos que insultan la inteligencia de los peruanos, la idoneidad y la ética pública.

Por tanto, es la hora donde los funcionarios deben ser consecuentes con sus propias convicciones y principios, porque un puesto público no puede arriar las banderas de la verdad y la justicia que ayer se defendieron. No es aconsejable borrar con el codo lo que escribimos de puño y letra. Con este artículo, esperamos seguir contribuyendo en la lucha contra la inmoralidad pública y la impunidad en el Perú.