Cancillería del Perú: entre el complot y la integridad

Por Rafael Romero

Nunca es tarde para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la diplomacia peruana como institución de la República empiecen a revelar verdades, eliminar la impunidad, sacar la mala sangre y sincerar sanciones.

A poco de concluir el 2023, en medio del caos de gobernabilidad y la guerra de mafias, le cabe a Torre Tagle hacer de tripas corazón y darle un ejemplo de altura y decencia a la nación.

Al margen del prurito legalista, del argot administrativista falto de constitucionalidad y de la letra chiquita de la dictadura burocrática, existe una agenda irresoluta en la Cancillería frente al abuso contra la dignidad humana, a la ineficiencia de algunos cuadros profesionales, a la falta de probidad y la indiferencia.

¿Esa agenda puede corregirse hoy? Desde luego que sí. Aunque recién empiece, será un gran avance ante el silencio cómplice de cancilleres del pasado, llámense Gervasi, Wagner, Meza Cuadra o Maúrtua, por citar algunos.

Hoy el ministro de Relaciones Exteriores es un hombre formado “en y para” la diplomacia, pero también “en y para” el derecho, con una reconocida labor en la academia, en la ciencia política y las relaciones internacionales, profesor en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Academia Diplomática, con gran sensibilidad y olfato para distinguir de lejos lo que es justo y lo que es violatorio de los derechos humanos.

De manera que le será fácil concordar que el complot contra el entonces embajador del Perú en Israel, Fortunato Ricardo Quesada Seminario, fue hecho sembrado el año 2018 que configuró un acto de canibalismo funcional y de barbarie ministerial, pero que todavía no ha terminado.

Es decir, el embajador Quesada fue víctima de un acto de la peor estofa, perpetrado por otros funcionarios cuyos nombres son hoy un baldón para el servicio diplomático; pero están en mejores puestos, premiados inexplicablemente porque en el Perú cualquier cosa puede pasar.

Ellos (Popolizio, Boza, De Zela y Rubín) protagonizaron una conspiración probada tal como se desprende de los expedientes de investigación disciplinaria; pero esta historia todavía no ha tenido un correlato de justicia en la medida del enorme daño generado en una persona.

Esto amén de que el hecho fue nulo desde un inicio, con grabaciones ilegales, premeditadas y alevosas, también con chats de funcionarios de Cancillería que llenan de vergüenza ajena a quienes los lean, sin la debida sanción en más de cinco años de oprobio, falto de medidas reparadoras para el daño acometido contra la imagen del Perú y la Cancillería.

En puridad, esto no lo puede negar hoy el funcionario de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y más allá que el caso esté en el Poder Judicial, existe la figura legal de la revocación (Ley del Procedimiento Administrativo N° General N° 27444), evidenciando que hay una justicia institucional para proscribir esos complots, por demás que en el Caso Quesada las pruebas son irrefutables, obtenidas por la propia Cancillería, que demostraron que él era inocente, aunque todavía prima impunidad para determinadas vacas sagradas de la diplomacia que hasta el presente no han recibido sanción alguna.

Como se recuerda, desde Lima Gris informamos el pasado 27 de octubre, en calidad de primicia, los detalles del “registro de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en un complot (https://limagris.com/chats-revelan-conspiracion-y-blindaje-desde-cancilleria-a-favor-de-popolizio/), documento que cuenta con el visado oficial de la Embajada del Perú en Israel y fedateado en sus 31 folios por el jefe de la sección consular Víctor Alejandro Reynoso.

Pero también existe otro documento revelador de 29 folios, que estaba relegado en la Cancillería. Se trata del “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la funcionaria Fátima Trigoso Sakuma, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, en respuesta a la Hoja de Trámite (GAC) N° 1321, de 02 de setiembre de 2020. Trigoso remitió ese informe al “gabinete del viceministro” de Cancillería, dando como resultado, según el ítem IV, que los infractores son: el embajador Néstor Popolizio Bardales; el Embajador Hugo de Zela Martínez (hoy en retiro); el Embajador José Boza Orozco (fallecido en agosto del año pasado); y el diplomático Pedro Rubín Heraud, nombrado recientemente por la hoy excanciller Gervasi como Cónsul General del Perú en Río Branco (Brasil).

Hoy, para la Cancillería, no solo está en juego la pulcritud e idoneidad de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ni la Ley del Servicio Diplomático de la República sino, fundamentalmente, lo que debe ponerse en vigencia es un tema de derechos humanos. El complot contra Fortunato Quesada no es un tema aislado, sino de todos los ciudadanos que mañana o más tarde pueden ser víctimas de esta clase de trampas institucionales o laborales.