Zoraida Ávalos y Marianella Ledesma ¿las nuevas defensoras de Vizcarra?

Últimamente algunas magistradas, más allá de cumplir con sus verdaderos roles para lo que fueron designadas, pareciera que pretenden ser abogadas defensoras del presidente Martín Vizcarra.

Recordemos que hace solo dos meses la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos decía que los audios difundidos desde Palacio son maniobras para pretender desacreditar el trabajo de la Fiscalía en su lucha contra la corrupción. Asimismo, en otro programa dominical afirmó en vivo: “Si hubiera evidencia de un acto de corrupción de Martín Vizcarra, tendríamos que denunciarlo”.

Pero luego todos hemos sido testigos que, con esa imagen de fiscal acusadora, ella ha tomado una notoria postura de parcialidad en todo lo que tenga que involucrar al presidente Vizcarra.

Por ejemplo: se ufanaba de que investigaría al presidente; pero hoy vemos que pese a las evidencias de actos de corrupción en las que habría incurrido el mandatario, ella viene ejerciendo lo contrario y a pesar que tuvo en sus manos los actuados de la investigación contra los exfuncionarios del entorno presidencial realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y que en su informe se sustenta la tesis de que existirían indicios de que el propio Presidente de la República habría ejercido influencias en otros funcionarios para la contratación de Richard Cisneros Carballido; así como, habría tratado de influenciar a sus funcionarios más cercanos para brindar testimonios “coordinados” ante la Fiscalía. 

A pesar de ello… y eso, sin contar las recientes aseveraciones de los colaboradores eficaces que han revelado cómo se dieron las coimas a Martín Vizcarra de parte de la constructora ICCGSA cuando éste era gobernador regional. A pesar de todo eso, la Fiscal de la Nación solo ordenó emitir un comunicado desde su despacho que reconoce que el presidente debe ser investigado preliminarmente, pero que debido a su inmunidad presidencial y a que tiene antejuicio político, tuvo que suspender la pesquisa hasta el 28 de julio de 2021.

Es decir, se amparó inapropiadamente en el artículo 117º de la Constitución que, si bien señala que el presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo quinquenal, tampoco señala que éste no pueda ser investigado.  Y, además como abogada ella sabe perfectamente que la ley no impide hacer lo que no prohíbe (Artículo 2º inciso 24 a.- de la CPP.); en este sentido, la doctora Ávalos no hizo uso de su prerrogativa como Fiscal de la Nación para investigar al presidente y, además, se inhibió de solicitar al Congreso iniciar un antejuicio político contra Vizcarra. Y mucho menos pretende avanzar con las pesquisas investigativas para que vayan dejando el terreno listo para la acusación a Martín Vizcarra el 28 de julio de 2021.

¿Recuerdan cuando Zoraida Ávalos aseguró que iba a querellar a Karem Roca si es que no se rectificaba por sus declaraciones en el audio que la involucraría por su cercanía a Martín Vizcarra y Miran Morales? Han pasado casi dos meses de ello y aún no vemos la querella anunciada.

Marianella Ledesma ¿Presidenta del TC, o abogada de Martín Vizcarra?

La Presidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma no ha parado de adelantar opinión desde hace algún tiempo. Primero lo hizo cuando mostró su preocupación por la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso, en la cual se eliminaron la Inmunidad Parlamentaria y la Inmunidad Presidencial; y consideró que dicha Reforma era inconstitucional.

Tal como lo comentó flagrantemente en RPP y adelantando opinión:

“¿Qué recojo a la luz de la opinión pública y de los medios de comunicación? Que no hay una compatibilidad entre lo que el Congreso dice y la población señala. La segunda reflexión es que escucho -pero no mi opinión- este es un tema inconstitucional que en la próxima legislatura se ratificará. Entonces, ¿vamos a esperar que se consuma una reforma con abiertas reglas de inconstitucionalidad? y esa es una de las deficiencias que tiene la Constitución, que deberíamos ir a un control constitucional previo”.

Luego, en septiembre durante el contexto del pedido de la primera Vacancia Presidencial, ella aseveró que no aceptó la Medida Cautelar presentada por el Poder Ejecutivo para detener el Proceso de Vacancia porque ésta se ha debilitado. Esa opinión ensombrece su rol de magistrada que debe ser imparcial para ejercer una objetividad jurídica constitucional. 

Aquí sus declaraciones que son absolutamente reprobables y que se refirieron a la vacancia:       

  “El tribunal ha analizado que el procedimiento de vacancia, diríamos, se ha diluido ¿A la luz de qué? ¿Cuál es el indicador que hemos utilizado? Las propias declaraciones de los voceros parlamentarios que dijeron que no apoyarían y los líderes políticos que han dicho que tampoco apoyarían la vacancia. Por lo tanto, el escenario en el que se podría dar esta situación de vacancia consideramos que se ha debilitado y que no justificaría, en ese escenario y por ahora, dar un tipo de tutela”.

Y ahora la señora Ledesma vuelve a la carga con fuerza, porque continúa adelantando opinión y ha vuelto a dar declaraciones políticas sobre el nuevo proceso del Pedido de Vacancia Presidencial que en estos momentos se está tramitando en el Congreso. Ella ha aseverado que un sector del Parlamento busca privilegiar sus afanes de conquista del poder. Ante aquella opinión, el Primer Vicepresidente del Congreso, Luis Valdez pidió enfáticamente que la magistrada respete la institucionalidad del Poder Legislativo, porque es una falta de respeto que opine que el Congreso solo busca desequilibrar al Ejecutivo solo por llevar a cabo un proceso de Vacancia Presidencial por incapacidad moral, y que es absolutamente constitucional.

Por lo pronto, ante aquel imperdonable desatino que ha cometido la señora Ledesma, el Procurador Público del Congreso de la República Manuel Peña Talavera, ya le hizo llegar al Vicepresidente del Pleno del Tribunal Constitucional, una solicitud de inhibición de la tribuna Marianella Ledesma en las sentencias referidas al Congreso; entre ellas el proceso de la Vacancia Presidencial, por haber adelantado opinión en plena coyuntura del Proceso Competencial, que aún no se resuelve.

¿Qué sucede con estas señoras? ¿Acaso no tienen vergüenza? Ellas fueron elegidas para investigar y acusar en el caso de Zoraida Ávalos los presuntos delitos que atenten contra el Estado, porque es la titular de la carga de la prueba y por tanto su rol persecutor no debe ser socavado por “circunstancias políticas”; aunque su designación está siendo cuestionada por un nuevo escándalo que pone en entredicho la legitimidad de su cargo; pues, de acuerdo a un informe del diario La República, la doctora Zoraida Ávalos se reunió con el exasesor del Partido Podemos José Luis Cavassa, para que intervenga a través de sus influencias ante el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para aumentarle el puntaje en su ascenso como Fiscal Suprema, ya que había desaprobado el examen escrito.

Y en el segundo caso, la magistrada Marianella Ledesma fue elegida para interpretar la Constitución en su máxima instancia durante el proceso de una demanda, sin afanes ni tintes políticos.

No obstante, es menester recordar que la ex-Fiscal de la Nación del régimen del fujimorato, Blanca Nélida Colán fue puesta en ese cargo para bloquear las investigaciones y graves acusaciones que iban en contra de Alberto Fujimori y por ello purgó cárcel por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.