Los quieren remover antes de que se acabe el año. El último miércoles la bancada de Renovación Popular solicitó al titular del Congreso de la República, Alejandro Soto, que convoque a un pleno extraordinario a fin de que se debata y vote la moción que busca la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En respuesta, el presidente del Parlamento indicó que eso se realizaría si se cumple lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento, el cual estipula que eso se aprobaría la moción a debate con 78 firmas parlamentarias.
Si bien dicha cifra se complicaría ante la semana de representación y fechas festivas, una de las agrupaciones que ya se pronunció es Fuerza Popular, y con ella se sumarían 20 votos. “Nuestra Bankada se adhiere a la solicitud de pleno extraordinario con el fin de que se debatan y voten las diferentes mociones que quedaron pendientes al cierre de la legislatura”, escribieron.
Cabe precisar que el grupo fujimorista no solo busca el debate de la remoción de la JNJ, sino que se analice la moción impulsada por el legislador Fernando Rospigliosi, la cual propone “otorgar un plazo de 10 días a la Comisión de Justicia para que investigue a los miembros de la Junta Nacional de Justicia”, y la creación de una comisión de alto nivel encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de justicia.
¿Se llegaría al número requerido?
Contando con las bancadas parlamentarias de Renovación Popular y Fuerza Popular, se espera la ratificación de otros integrantes de distintas bancadas inclinadas a remover a toda la JNJ, contándose así con: Perú Libre (7), Alianza para el Progreso (7), Bloque Magisterial (3), Avanza País (6), Podemos Perú (2), Acción Popular (2), Somos Perú (2), Unidad y Diálogo parlamentario (3) y ocho no agrupados.
La moción sostiene que la JNJ infringió flagrantemente el artículo 157 de la Constitución Política del Perú por suspender provisionalmente a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Mencionaron que el procedimiento disciplinario inmediato no existe en la ley orgánica de la entidad.
Como es de conocimiento público, Benavides fue separada mientras se realizan las investigaciones que la señalan como líder de una organización criminal encargada de negociar votaciones parlamentarias a su favor.