¿Volvió el reglaje en el Gobierno de Martín Vizcarra?

Hay que tomar en cuenta que los seguimientos empezaron luego de que se hizo de conocimiento público que aquel aspirante a colaborador declaró al fiscal, que el dueño de la poderosa constructora ICCGSA, José Castillo Dibós hizo entrega de una coima pecuniaria a Martín Vizcarra, justamente en la casa del exministro de Agricultura José Manuel Hernández.

El aspirante a colaborador eficaz Nº 01-2019 reveló que había sido reglado en las inmediaciones de su vivienda en el distrito de Surco. Aquel colaborador viene declarando desde hace un tiempo al fiscal Germán Juárez Atoche los entretelones sobre los presuntos pagos de coimas de parte de la constructora ICCGSA al entonces gobernador Regional de Moquegua, y hoy presidente de la República, Martín Vizcarra.

Aquel aspirante se apersonó a la oficina de Juárez Atoche para darle detalles del seguimiento que efectivos policiales le hacían a él y a su entorno familiar; como la ocasión donde el vigilante de la calle donde reside afirmó que tuvo que dejar ingresar a un vehículo y cuyos ocupantes se identificaron como miembros de la Policía Nacional y que además admitieron que se dirigirían al domicilio del colaborador.

Lo mismo le ocurrió a la trabajadora que labora en casa del aspirante; pues, el 18 de octubre pasado ella se percató que un dron se detuvo encima de la vivienda y cuando ella intentó tomarle una foto, aquel dron se perdió rápidamente por los aires. Luego de unos días el dron volvió y esa vez la esposa del aspirante lo divisó desde el jardín.

Dichas aseveraciones están basadas en la consulta que se hizo en la plataforma de SUNARP y se corroboró que la placa de rodaje COJ-728 le pertenece nada menos que al Ministerio del Interior.

Asimismo, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela presentará un informe a la Fiscal de la Nación para que pida explicaciones al ministro del Interior César Gentille. La pregunta es ¿la Fiscal Zoraida Ávalos correrá traslado a aquella petición?

Lo que resulta inverosímil es la respuesta del comunicado que emitió el propio ministerio del Interior, que rechaza tajantemente cualquier acto ilegal de seguimiento a ciudadanos que se encuentran incursos en investigaciones o diligencias fiscales. Pero al mismo tiempo y en el mismo documento reconocen que efectivamente el vehículo denunciado pertenece a la Dirección de Lavados de Activos de la Policía Nacional, y no a alguna Dirección de Inteligencia policial. ¿Acaso el Mininter cree que la gente es incauta?

¿Y quién dijo que solo un vehículo de la Dirección de Inteligencia puede hacer reglaje y seguimiento? Ya pasaron los tiempos donde el desactivado SIN seguía las ordenes de Vladimiro Montesinos para hacer seguimiento a los opositores del régimen de Alberto Fujimori. Sin embargo, luego surgió la DINI (Dirección de Inteligencia Nacional) y ésta también tuvo denuncias durante el mandato de Ollanta Humala, precisamente por hacer reglajes y espionajes a personajes del propio entorno de su gobierno, así como a otros políticos de oposición. Recordemos que en aquel tiempo Daniel Urresti como ministro del Interior negó absolutamente todo y defendía con dientes y uñas las prácticas de su presidente nacionalista.

Asimismo, durante la pandemia los periodistas no hemos estado exentos de aquellas prácticas; pues, desde que denunciamos el caso Richard Swing, también hemos sido presa de extraños seguimientos en las inmediaciones de nuestros domicilios. Lo mismo ha sucedido con otros periodistas que vienen investigando otros casos de corrupción que comprometen a funcionarios del gobierno.  

Lamentablemente el reglaje político no es considerado delito como tal, mientras que no se consuman actos como el secuestro y el homicidio. A diferencia del marcaje o reglaje común, que sí está tipificado en el Código Penal como tal:

“Artículo 317-A. Marcaje o reglaje

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años el que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 106, 107, 108, 108-A, 121, 152, 153, 170, 171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 del Código Penal, acopia o entrega información, realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos”.

Lo cierto es que, el presidente Vizcarra está atravesando uno de los peores momentos de su vida y no solamente por estar ad portas de una vacancia por incapacidad moral; sino, por las múltiples denuncias periodísticas que vienen saliendo a la luz, así como, por las investigaciones que la Fiscalía viene haciendo a personajes cercanos a su entorno, por delitos de corrupción contra la administración pública. En ese sentido… su inmunidad presidencial tarde o temprano la perderá (es decir, solo faltan ocho meses).

¿Acaso es casualidad de que se hayan realizado estos seguimientos? Si tomamos en cuenta que empezaron luego de que se hizo de conocimiento público que aquel aspirante a colaborador declaró al fiscal, que el dueño de la poderosa constructora ICCGSA, José Castillo Dibós hizo entrega de una coima pecuniaria a Martin Vizcarra, justamente en la casa del exministro de Agricultura José Manuel Hernández.