El dinero le cae desde el cielo. Pareciera que para el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, el dinero le cayera desde los árboles. El 8 de julio el electo congresista se dirigió a una agencia de Interbank, ubicada en la cuadra 20 de la avenida Petit Thouars, distrito de Lince, para cancelar el contrato de fondos mutuos que tenía en Interfondos.
Al día siguiente, el 9 de julio, el exgobernador regresó a la misma sede de la entidad bancaria para retirar S/1′236.523 a través de un cheque de gerencia. Sin embargo, su operación no tuvo éxito porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a congelar ese dinero, ya que el líder de Perú Libre tiene una sentencia por corrupción de cuatro años de prisión suspendida, la cual ha sido confirmada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
La UIF, el 14 de julio, procedió a informar a la jueza July Baldeón sobre esa operación sospechosa. Como se recuerda, la magistrada es quien el pasado miércoles rechazó el pedido de prisión preventiva contra los 20 presuntos integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro por “falta de elementos de prueba”.
Para la exprocuradora de lavado de activos, Janeth Briones, Cerrón “buscaría poner a buen recaudo el dinero, porque ya sabía que la prensa se había enterado. Tenía la sentencia y el pedido de la procuraduría de que se lo incluya en un nuevo proceso”.
Asimismo, Briones señaló que el congelamiento que realiza la UIF es una medida temporal, por eso se informa a las autoridades, “para que sea la fiscalía la que solicite una medida cautelar de incautación ante el juzgado”. Luego, “se ejecuta una medida de embargo en los bancos para que la persona investigada no pueda disponer de ese dinero. De esta manera, se garantiza que ese dinero, luego de la sentencia por un delito contra el Estado, sea destinado a la reparación civil”.
También agregó que existen indicios para “sospechar que el dinero no tiene un origen lícito, sino por qué haría todos esos movimientos sospechosos”, enfatizó. En el mismo sentido se pronunció el abogado penalista Mario Amoretti, quien aseveró que “es imperativo que el fiscal solicite al juez que imponga la incautación del dinero mientras dure el proceso por lavado de activos, más aún si no tiene cómo acreditar la procedencia legal del mismo”. Amoretti advirtió que si el exgobernador apela la resolución de la incautación, “la sala puede disponer que se deje sin efecto la medida y el procesado accede al dinero, lo cual sería ilegal”, concluyó.
