Por: Márlet Ríos.
Una vez más el sistema de justicia peruano hace gala de su rol discrecional y parcializado. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ratificó la ilegalidad de la organización política liderada por el mayor (R) Antauro Humala. Los derechos fundamentales de la población corren peligro y con ello el sistema democrático, si se permite que dicha organización participe en el lance electoral general. Si así hubiesen pensado los magistrados en la década del 2000, al declarar la ilegalidad del partido fujimorista hoy en día la inestabilidad política y el deterioro de las instituciones democráticas serían hechos del pasado nefando.
¿Qué de democrático representan el fujimorismo y sus aliados ultras para la sociedad peruana? ¿Han hecho un mea culpa por su pasado autoritario y abiertamente criminal? Los más jóvenes no deberían olvidar que el fujimorismo se encargó de destruir las instituciones democráticas en los 90. La cooptación, el clientelismo y el peculado fueron moneda corriente por esos años y los fujimoristas –que controlaban el Congreso y el Gobierno– pusieron todos los medios a su alcance para perpetuarse en el poder, pues tenían un proyecto político de largo plazo (veinte años). Por consiguiente, se trataba de una organización antidemocrática y profundamente autoritaria.
Irónicamente, un político esperpéntico como Antauro Humala comparte muchos rasgos en común con los fujimoristas y sus aliados ultras. Todos buscan aprovecharse de las prerrogativas del régimen democrático para licuar o desvirtuar esas mismas instituciones democráticas. Acá se aprecia claramente la paradoja de la tolerancia y cómo la sociedad peruana debería protegerse legítimamente de todas las organizaciones antidemocráticas y de corte totalitario (y mafioso). ¿Acaso los nacionalsocialistas no hicieron lo mismo en las entrañas de la República de Weimar? Ya sabemos cuál fue el vergonzoso y sangriento corolario.
Los que aplauden fervorosamente que el partido de Humala haya quedado fuera del mercado electoral son los mismos que eligieron a un cruzado intolerante como burgomaestre o a políticos que petardean la democracia desde el Congreso. Es decir, pisotean los valores democráticos liberales de civilidad, libertad y tolerancia. En el fondo, anhelan un pensamiento único (el suyo) y un régimen político a su medida. Solo respetan las reglas de juego democrático cuando les conviene; cuando no, patean el tablero (como se vio en el último proceso electoral). No están a favor del consenso y de la razón comunicativa (salvo para defender sus intereses crematísticos de una forma corporativa). En suma, son un peligro para la democracia, incluso esta imperfecta y endeble que tenemos.
