Política
Vergonzoso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revisó 42 denuncias, pero ninguna llegó al pleno del Congreso
Desde que la congresista de APP María Acuña asume la presidencia de dicho grupo de trabajo, muchas de las denuncias formuladas por la Fiscalía se encuentran en el limbo.
Una subcomisión hecha para ‘blindar’ a los ‘otorongos’. Bien dicen que los congresistas de la República se asemejan a una secta que no distingue si uno es de izquierda o de derecha cuando se trata de una denuncia, pues aunque parezca increíble todos hacen “espíritu de cuerpo” para impedir que las investigaciones sigan su normal curso.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) viene siendo presidida desde hace 156 días por la parlamentaria María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), hermana del líder y fundador de su partido, César Acuña Peralta.
Durante su gestión se encuentran congeladas al menos 42 denuncias constitucionales, muchos de ellos relacionados a los casos de “Mochasueldos”, “Los Niños”, o “Los viajeros”, entre otros por presunto enriquecimiento ilícito.
Ninguna de esas denuncias, formuladas en su oportunidad por los fiscales Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza ha tenido un informe final. Es decir, ninguna ha llegado a ser evaluada por el pleno.
El gran obstáculo para la Fiscalía es que al no aprobarse la denuncia en el pleno la investigación no puede avanzar de fase preliminar a preparatoria.
De acuerdo a un informe elaborado por el diario Correo, entre las denuncias presentadas que aún no reciben un informe final de parte de la SAC está la que involucra a los congresistas acusados de ser “Los Niños”, pero solo por el delito de tráfico de influencias.
Otro de los casos congelados es el de los “mochasueldos”. La mayoría de denuncias que fueron presentadas durante la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino involucran a Rosio Torres (APP), Raúl Doroteo (Acción Popular) e Hilda Marleny Portero (Acción Popular). Asimismo, a los de Podemos Heidy Juárez, Katy Ugarte, Jorge Flores, Edgar Tello, José Arriola y Darwin Espinoza.
Hay que aclarar que en el caso de la congresista Hilda Marleny Portero, es por un tema de entrega de silla de ruedas por parte de una ex trabajadora, distante a la entrega de algún dinero por parte de trabajadores o recorte de sueldo.
A los otros parlamentarios se les imputa haber recortado el sueldo a sus trabajadores durante el ejercicio de sus funciones, entre el 30% y hasta el 50% según sea el caso.
También se encuentra en observación la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado 7 de enero contra 6 congresistas acusados de presunto peculado doloso. En esa acusación se implicó a Kira Alcarraz (Podemos), María del Carmen Alva (No Agrupada), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga (Avanza País), Jorge Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular).
Todos ellos habrían utilizado boletos aéreos costeados por el Parlamento para viajar a la ciudad de Trujillo con el fin de asistir al cumpleaños de Bazán Calderón.
Entre tanto, a esta lista de casos pendientes se le adhieren las denuncias contra Patricia Chirinos por peculado doloso; a Luis Aragón, Jorge Flores y Luis Kamiche por patrocinio ilegal; y contra María Córdova también por peculado doloso.
Otro caso pendiente que deberá resolverse es el que recientemente fue presentado contra 11 congresistas por aprobar una ley que benefició a cinco legisladores que reciben pensión por haber sido militar o policia, adicional a su sueldo de legisladores.
En este último caso están involucrados José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.