Las recientes protestas en el sur del país tuvieron como saldo casi 30 personas fallecidas, y también el saqueo de locales, toma de aeropuertos, cierre de las vías, así como la quema de comisarías y entidades públicas, desvirtuándose en ese aspecto el derecho a la protesta para pasar al vandalismo.
Tras anunciarse que este miércoles 4 de enero se retomarán las manifestaciones solicitando un adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia, la convocatoria a una asamblea constituyente, así como requerimientos más disparatados como la liberación del ex presidente golpista Pedro Castillo, ahora la Fiscalía de la Nación dispuso el 15 de diciembre pasado, a través de la Resolución Nº 2673-2022 MP-FN, que las fiscalías provinciales especializadas contra la criminalidad organizada puedan intervenir de forma inmediata y realizar diligencias urgentes por delitos que puedan cometerse “en el marco de las manifestaciones que se vienen realizando en el país”.
“(…) y en caso que los delitos materia de intervención no se encuentren en el ámbito de su competencia material, podrán derivar de manera directa la continuación de la investigación a la fiscalía provincial directiva”, señala lo dispuesto por el Ministerio Público sobre el actuar frente a las manifestantes que se tornen violentas por algunos azuzadores.
Por su parte, a través de las redes sociales, se dio a conocer las acciones que el ministerio del Interior a cargo de Víctor Rojas, tomará a fin de salvaguardar la integridad de los pobladores, fuerzas del orden y más.
“Tenemos la información que (las protestas) se van a acrecentar en la zona sur. El día de hoy estaré viajando a Arequipa, Cusco y Puno, con la finalidad de fortalecer los servicios, no con el afán de represión, sino de ir previniendo en lo que podría pasar y dar garantía a las personas que tienen libremente que circular estos días”, señaló Rojas.