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Valkiria XI: Allanan 21 inmuebles y detienen a 7 allegados de Patricia Benavides por presunta organización criminal
El operativo ordenado por la fiscal Marita Barreto empezó en la madrugada en diversos distritos de Lima y entre los detenidos con orden de prisión preliminar, se encuentran los exasesores de Patricia Benavides, Miguel Girao, Abel Hurtado y el abogado José Luis Castillo, investigados por los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
Desde la madrugada del martes 23 de abril el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que dirige la fiscal superior Marita Barreto, con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías, realizó el operativo Valkiria XI en Lima, Perú.
El operativo del Ministerio público que consiste en allanamiento y detenciones preliminares por las investigaciones que se siguen contra la presunta ‘organización criminal’ que lideraría la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, dio como resultado, a siete implicados que quedaron con detención preliminar por los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.
Además 21 viviendas ubicadas en diferentes distritos de Lima, como El Agustino, Jesús María, San Isidro, Magdalena de Mar, Ate, Lince y Barranco, fueron allanadas.
Los detenidos son allegados a Patricia Benavides
Miguel Ángel Girao Isidro (exasesor de Patricia Benavides)
Abel Hurtado Espinoza (exasesor de Patricia Benavides).
José Luis Castillo Alva (abogado de Patricia Benavides).
Giancarlo Valer Enciso
Jorge Luis Palomino Quesada
Mirtha Cristina Gonzales Yep (esposa del abogado José Luis Castillo Alva).
Jorge Jonathan Rodríguez Menacho (capitán exagente PNP de la Diviac).
Según indicó el Ministerio Público en sus redes sociales, la intervención fiscal se da en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Christian Niño Torres, seguidas contra Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro, José Luis Castillo y Alva y otros, que vincularían también Liz Patricia Benavides Vargas.
La presunta organización criminal habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.
La fiscal suspendida Patricia Benavides cuando asumió la titularidad de la Fiscalía de la Nación, con el fin de favorecer en la investigación que se seguía contra su hermana Enma Benavides Vargas, destituyó a la fiscal suprema Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, responsable de promover la acción penal contra su hermana, acción que le trajo como consecuencia acusaciones constitucionales en el Congreso.
Desde ello, la organización criminal logró su consolidación, desplegando acciones para evitar ser procesada y sancionada y así sostenerse en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal, haciendo que sus exasesores Jaime Villanueva Barreto, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, influyan ilícitamente en las decisiones de Congresistas para que procuren promover la destitución de Zoraida Avalos Rivera como fiscal suprema, quien sería una potencial sucesora ante su eventual destitución, dando como contraprestación el archivamiento de denuncias de carácter penal que ella tenía a cargo, también habrían influido en la designación del Defensor del Pueblo y procurar la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir su destitución.