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Utilizando IA Contraloría detecta más de 2 mil proveedores que contrataron con el Estado pese a estar impedidos
También se identificó a cerca de 700 personas que trabajaban en el Estado a pesar de encontrarse inhabilitados de la función pública.
La tecnología utilizada para combatir la corrupción. Un estudio realizado por la Contraloría, utilizando la Inteligencia Artificial (IA), consiguió detectar alrededor de 2200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios, así como a unas 700 personas que trabajaban en el Estado pese a haber sido inhabilitados para trabajar en el sector público.
Para la Contraloría, este estudio, ejecutado en el marco de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII), concluye que el uso de la IA es crucial para la lucha anticorrupción.
“Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, señala la Contraloría.
Según indican, en algunos países como Brasil ya se usan aplicativos de inteligencia artificial que trabajan con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en la revisión de todas las contrataciones públicas de dicho país y alerta sobre cualquier indicio de irregularidad.
“Sería importante que el TCU permita que las instituciones pares en el control gubernamental podamos acceder a esta nueva tecnología. Sin dudas, resultaría de gran utilidad en la planificación y ejecución de auditorías para nuestros países”, indican.
El uso de la Inteligencia Artificial fue resaltado como fundamental en la lucha contra la corrupción, según el ente de control, enfatizando su papel complementario al trabajo físico de los auditores. Se subrayó que las contrataciones públicas son escenarios frecuentes de corrupción, con consecuencias negativas tanto económicas como sociales.
Finalmente, se enfatizó la necesidad de sancionar de manera ejemplar a quienes infringen la ley, subrayando que la potestad sancionadora es crucial en la administración pública. Sin embargo, se identificaron desafíos para fortalecer el sistema sancionador, como la escasez de recursos financieros, técnicos y humanos, y se resaltó la importancia de promover la ética en la gestión pública en la lucha contra la corrupción.