Política
Usura sobre ruedas: MTC impone cambio obligatorio de placas desde el 1 de junio
La medida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es cuestionada por miles de conductores que ven en esta disposición una estrategia innecesaria, costosa y disfrazada de modernización, orientada únicamente a recaudar fondos, sin mejoras reales en el servicio o la seguridad vial. La multa por incumplimiento asciende a S/ 640.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en conjunto con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ha impuesto un nuevo cronograma que obliga a cambiar las placas vehiculares emitidas antes de 2010, en una medida que ha sido duramente cuestionada por su carácter recaudatorio, arbitrario y desinformado. La disposición, que entrará en vigencia este 1 de junio de 2025, afecta exclusivamente a vehículos particulares de categoría I y sin categoría, como automóviles, station wagons, pick-ups, motonetas, remolques y remolcadores.
Un trámite costoso
Lejos de representar una mejora tangible en seguridad o control vehicular, esta exigencia se ha impuesto sin una campaña de información adecuada que alerte a los ciudadanos sobre los costos, plazos y procedimientos. La medida afecta a más de 350 mil vehículos solo en Lima, lo que evidencia su naturaleza masiva y su potencial como instrumento de recaudación antes que de ordenamiento.
Las placas antiguas –que solo tienen la sigla “PE” y carecen de la bandera peruana y del holograma de seguridad– deberán ser reemplazadas por nuevas versiones con esos elementos, además de una tercera placa adhesiva para el parabrisas. El proceso, que incluye el pago de S/ 26 a Sunarp y S/ 136 a la Asociación Automotriz del Perú, representa un gasto obligatorio de más de S/ 160 por vehículo, sin justificación técnica clara.
Desde el gobierno se argumenta que el cambio busca combatir la adulteración de placas, pero ni el MTC ni Sunarp han presentado evidencia que respalde que este sea un problema sistemático en el parque automotor. Peor aún, quienes incumplan con el cronograma –basado en el último dígito de la placa actual– enfrentarán multas de S/ 640 y la inmovilización del vehículo, en un castigo que parece más propio de una trampa fiscal que de una política pública bien planificada.
El cambio obligatorio de placas, sin estudios públicos y sin participación ciudadana, confirma que el Estado sigue tratando al ciudadano como una fuente de ingresos antes que como un sujeto de derechos.