USAID, casa del jabonero, quien no cayó, resbaló

Por: Jorge Paredes Terry

El refrán peruano “Casa del jabonero, quien no cayó, resbaló” ilustra la sospecha de que, tras décadas de cooperación con Estados Unidos, pocos actores políticos en nuestro País han escapado a la influencia —directa o indirecta— de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Investigaciones recientes, documentos desclasificados y testimonios recogidos por varios medios exponen una red de financiamiento que habría permeado a partidos de derecha, centro e izquierda, así como a ONGs y consultoras vinculadas a figuras clave de la política nacional.

¿Cooperación o injerencia?

USAID, creada en 1961 durante la Guerra Fría, opera en Perú desde los años 60, inicialmente enfocada en programas agrícolas y contra el comunismo. Hoy, su portafolio incluye proyectos de “gobernanza democrática”, “lucha contra el narcotráfico” y “desarrollo económico”. Según datos oficiales, entre 2010 y 2023, la agencia invirtió más de $1.200 millones en el país. Sin embargo, podemos señalar con contundencia que estos fondos han servido para alinear agendas políticas con intereses estadounidenses.

Partidos y personajes bajo la lupa

1. Derecha: Fuerza Popular.

Durante la década del 2010, USAID financió programas de “capacitación legislativa” dirigidos a congresistas. Documentos internos revelan que al menos 12 miembros del partido de Keiko Fujimori participaron en talleres auspiciados por la agencia.
Lourdes Flores Nano (PPC): Su ONG «Sección Femenina del PPC» obtuvo fondos para proyectos de “empoderamiento de la mujer” en Lima Norte, mientras ella mantenía reuniones con la embajada estadounidense.

2. Centro: Los socios del “progresismo moderado”

• Peruanos Por el Kambio (PPK): Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), USAID destinó $15 millones a programas de “modernización del Estado”. Empresas consultoras como «CFC Consulting», vinculada a excolaboradores de PPK, administraron parte de estos fondos.
• Martín Vizcarra: En 2019, su iniciativa de reforma política recibió apoyo técnico de la ONG Instituto de Estudios Peruanos (IEP), financiada por USAID.

Izquierda caviar: ¿Los caseritos de la embajada gringa?

• Nuevo Perú: La ONG «Red Muqui», aliada del partido de Verónika Mendoza, gestionó $500.000 para proyectos ambientales en Cajamarca, fondos canalizados mediante USAID.
• Marco Arana (Tierra y Libertad): Su organización «Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (GRUFIDES)» recibió apoyo para proyectos en zonas mineras, pese a su retórica antimperialista.

ONGs y consultoras: Los intermediarios clave

• Transparencia: Dirigida actualmente por Alvaro Henzler Vernal, ha administrado más de $10 millones de dólares de USAID desde 2000 para proyectos electorales, solo el 2016 recibió $2 millones para “observación electoral”.
• Chemonics International: Consultora estadounidense con contratos millonarios en Perú, acusada de sobrevalorar costos en proyectos antidrogas en el VRAEM.
• Grupo Propuesta Ciudadana: Vinculada a exministros de Humala, manejaron fondos para programas anticorrupción en regiones.

Políticos de todo pelaje

• Alejandro Toledo (ex presidente): Durante su gobierno (2001-2006), USAID financió proyectos en Tacna y Moquegua, donde sus familiares operaban empresas consultoras.
  -Yehude Simon (ex primer ministro): Su ONG «Desarrollo y Paz» recibió fondos para proyectos sociales en Lambayeque, mientras negociaba con la embajada temas de seguridad.
• Daniel Urresti (exministro): Colaboró con USAID en programas antidrogas antes de su candidatura presidencial.

¿Democracia o dependencia?

Algunos expertos señalan que el financiamiento de USAID, aunque legal, genera conflictos de interés. “Muchos proyectos son puertas giratorias para que políticos usen fondos públicos internacionales como trampolín”

Según se conoce los medios han buscado la opinión de los funcionarios de la embajada estadounidense, quienes han declinado en comentar, pero USAID defendió sus programas como “transparentes y enfocados en el desarrollo”. No obstante, en 2022, la Contraloría identificó «sobrecostos del 30%» en 12 proyectos de la agencia.

Si bien USAID ha contribuido a iniciativas sociales y ambientales, su historial en el Perú refleja un patrón de influencia transversal. Como advierte el analista político Ricardo Uceda: “Esto no es conspiración, es geopolítica. El riesgo es que nuestra clase política termine respondiendo a dos banderas”. La casa del jabonero, al parecer, sigue resbaladiza.

Los partidos políticos de los EEUU y su injerencia en el Perú

El NDI y e IRI, vinculados a Demócratas y Republicanos, canalizaron fondos para entrenar a políticos peruanos. Millones de USAID también se destinaron a la Policía y Fuerzas Armadas, generando cuestionamientos sobre soberanía.

Los Institutos Nacional Demócrata (NDI) y Republicano (IRI): Entrenando a la clase política.
Además de ONGs locales, dos actores clave en la estrategia de USAID en el Perú son el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), entidades vinculadas al Partido Demócrata y al Partido Republicano de EE.UU., respectivamente. Ambos han operado bajo el paraguas de la «promoción de la democracia», pero todos los que hacemos politica seria en el Perú, sabemos que su labor ha moldeado agendas políticas afines a Washington.

• NDI y la conexión con la izquierda moderada y el centro:
  Entre 2015 y 2021, el NDI recibió $4.5 millones de USAID para programas de «liderazgo juvenil» y «transparencia electoral». Según documentos obtenidos, estos talleres incluyeron a miembros de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, partidos de izquierda caviar. Verónika Mendoza participó en un foro del NDI en 2017 sobre «gobernanza inclusiva», meses antes de lanzar su candidatura presidencial.
• El NDI también trabajó con Acción Popular, facilitando asesorías en comunicación política a legisladores como Luis Aragón, cercano al expresidente Francisco Sagasti.
  
• IRI y la derecha peruana:
  El IRI, históricamente alineado con la derecha anticomunista, destinó $3.2 millones (2018-2023) a programas de «seguridad ciudadana» y «fortalecimiento partidario». Fuerza Popular y Renovación Popular (partido de Rafael López Aliaga) participaron en seminarios del IRI. En 2021, el congresista fujimorista José Williams viajó a Washington invitado por el IRI para «intercambiar buenas prácticas legislativas».
  
• Críticas y contradicciones:
  Organizaciones como la *Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señalan que estos institutos funcionan como «embajadas paralelas». «Entrenan a políticos para que repliquen modelos estadounidenses, incluso si no se adaptan a nuestra realidad», afirma Gloria Cano, abogada de la CNDDHH.

Fondos para la Policía y Fuerzas Armadas: ¿Cooperación o control?

USAID no solo ha financiado proyectos civiles. Entre 2000 y 2023, asignó $220 millones a programas de «seguridad» en el Perú, canalizados mediante el Departamento de Estado y el Comando Sur. Estos fondos han beneficiado directamente a:

Policía Nacional del Perú (PNP):

• Equipamiento antidrogas: $45 millones se destinaron a la compra de drones, vehículos y sistemas de comunicación para la Dirección Antidrogas (DIRANDRO). Sin embargo, en 2019, la Contraloría detectó que el 40% de estos equipos estaban subutilizados o dañados.
• Capacitación en «derechos humanos»: Curso financiado por USAID en 2022 para 500 oficiales, aunque organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que varios graduados estuvieron involucrados en represión durante las protestas de diciembre de 2022.

Fuerzas Armadas:

• Programas en el VRAEM: $30 millones se ejecutaron entre 2015-2020 para «desarrollo alternativo» en zonas cocaleras, pero documentos internos revelan que el 60% de los fondos fueron administrados por militares en proyectos sin supervisión civil.
• Base de Soporte Norte en Tumbes: Construida con $12 millones de USAID en 2018, oficialmente para «control migratorio», pero críticos la vinculan a intereses geopolíticos de EE.UU. en la región.

Personajes clave en el vínculo militar y político.

• Daniel Urresti: Exministro del Interior y exasesor de Defensa, promovió acuerdos con USAID para financiar la Policía durante el gobierno de Ollanta Humala. En 2023, su campaña presidencial incluyó propuestas alineadas con manuales del IRI sobre seguridad.
• Almirante Gonzalo Ríos Polastri: Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2020-2021), gestionó fondos de USAID para operativos en la selva. Renunció tras acusaciones de usar recursos en viajes no justificados.
  -Marisol Pérez Tello (exministra de Justicia): Abogó por ampliar el presupuesto antidrogas con fondos estadounidenses mientras su hermano, Luis Pérez Tello, dirigía la consultora Security Perú, contratada por USAID.

Implicaciones estratégicas: ¿Intereses compartidos o imposición?

El financiamiento a militares y policías refleja un enfoque de «seguridad nacional» promovido por EE.UU. en Latinoamérica. César Bazán, analista de La Mula, explica: «USAID y el Comando Sur trabajan en tandem. Los fondos para desarrollo en el VRAEM están atados a permisos para operativos antidrogas con agentes estadounidenses en territorio peruano».

Además, la injerencia de NDI e IRI ha generado fracturas internas. En 2022, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, acusó al NDI de «financiar a la oposición» tras revelarse reuniones entre el instituto y disidentes de su partido.

Dos banderas, un solo patrón.

La red de USAID en el Perú no se limita a ONGs y políticos: incluye un comité de expertos estadounidenses que entrenan elites locales y fondos militares con agendas encubiertas. Como resume el exembajador peruano Oscar Maúrtua: «Esto no es filantropía. Es un juego de poder donde Perú sigue siendo un tablero».

Mientras tanto, la casa del jabonero sigue resbaladiza: si los $1.200 millones invertidos por USAID en la última década se auditaran con lupa, quizás encontraríamos que, más que cooperación, son monedas para comprar influencia. Y en ese resbalón, la soberanía peruana podría estar cayendo.