La Inteligencia Artificial (IA) está creciendo rápidamente en nuestro país y transformando todos los aspectos de la vida cotidiana. Diversos sectores como la banca, seguros, comercio, salud, centros educativos y municipalidades están siendo los principales promotores de la automatización de procesos y el desarrollo de sistemas complejos para dar solución a distintos problemas sociales, entre ellos la delincuencia.
En ese sentido, la IA posee un amplio catálogo de herramientas tecnológicas tales como la identificación biométrica, el reconocimiento facial, reconocimiento de voces, identificación de patrones de conducta, análisis de emociones, identificación de huellas dactilares, sensores de geolocalización y demás herramientas cuya utilización puede ser considerada un riesgo si no se cuenta con un marco legal promueva su aplicación de forma segura.
En el caso de la delincuencia preocupa a muchos expertos la aplicación de tecnologías para la identificación masiva de personas en espacios públicos, ya que pueden infringir derechos constitucionales como el de libre transito o la libertad de reunión. En un escenario mas crítico, el uso de videovigilancia inteligente podría crear la sensación constante de supervisión e intimidación. La Ley de Protección de Datos Personales (Ley Nro. 29733) garantiza el “pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares” y señala enfáticamente que “los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco”.
Recordemos que la Municipalidad de Lima implementó a mediados del 2023 mas de 4 mil cámaras con inteligencia artificial e identificación biométrica. Hecho que puede ser considerado favorable en lucha contra la delincuencia, pero también genera mucha controversia por el uso de información sensible y privada de los ciudadanos. Situación que puede agravarse aún más si no se cuentan con protocolos, procedimientos, auditorias para custodiar y garantizar el uso responsable y legal de la información.
No regular el uso de la Inteligencia Artificial en Perú representa un riesgo inminente. Los sistemas mal desarrollados podrían afectar derechos fundamentales y agudizar conflictos sociales debido al poco interés nuestras autoridades locales. El Gobierno debe promover espacios de colaboración y discusión entre expertos tecnológicos para crear ambientes de desarrollo seguros para posicionar al país como un referente tecnológico en la región. La Unión Europea ya ha publicado la Ley de la Inteligencia Artificial, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
(Columna publicada en Diario UNO)
