UNSAAC en crisis: presunta corrupción, lucha por el poder y un año electoral turbulento

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) atraviesa una de las crisis institucionales más graves de su historia reciente. Acusaciones por presuntos actos de corrupción, injerencia política y opacidad en la gestión administrativa han sacudido los cimientos de la casa de estudios, justo en un año clave: el proceso electoral para renovar sus autoridades, previsto para octubre o noviembre. La situación se torna aún más alarmante con la implicación directa de figuras de alto nivel dentro de la universidad y denuncias sobre la presunta manipulación de investigaciones por parte de la Contraloría de la República. Todo ello ha desatado una ola de indignación y desconfianza en la comunidad universitaria, que hoy cuestiona abiertamente la legitimidad y el liderazgo del rector Eleazar Crucinta Ugarte.

El Movimiento político universitario Mi UNSAAC, la Expulsión de Decanos y la Lucha por el Poder

El movimiento político universitario Mi UNSAAC, que ha controlado la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco durante las últimas dos décadas, se encuentra hoy en el centro de una polémica que revela tensiones internas y una lucha por el poder al interior de la institución. A través de un comunicado con tono acusatorio e irreverente, la agrupación anunció la expulsión de dos figuras destacadas de su propia estructura: el Dr. Francisco Medina Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y el Dr. Domingo Walker Kehuarucho, decano de la Facultad de Física y Matemáticas.

Decanos Domingo Walker Kehuarucho y Francisco Medina Martinez.

Ambos fueron tildados de “agentes extraños infiltrados”, en un pronunciamiento que no solo carece de sustento público, sino que además recurre a descalificaciones personales que afectan gravemente la integridad ética y profesional de dos académicos de amplia trayectoria, tanto en el Cusco como a nivel nacional. Este ataque ha despertado una ola de rechazo dentro de la comunidad universitaria, no solo por el contenido del comunicado, sino por la forma en la que fue emitido: sin consulta previa al pleno del movimiento, lo que pone en duda la legitimidad del proceso y refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en la gestión de Mi UNSAAC.

Fuentes cercanas a la universidad aseguran que la verdadera razón detrás de la expulsión radica en la oposición de Medina y Kehuarucho a las decisiones unilaterales del rector Eleazar Crucinta, líder del movimiento, particularmente en torno a la conformación del comité electoral que deberá organizar las elecciones universitarias previstas para el próximo año. Ambos decanos habían denunciado públicamente intentos de manipulación del proceso electoral interno, lo que habría motivado su marginación.

La exclusión de dos autoridades universitarias reconocidas por su solvencia académica y compromiso institucional evidencia una fractura dentro del oficialismo universitario y deja al descubierto una preocupante estrategia de concentración del poder. El caso no solo tensiona aún más el ambiente en un año crucial para la democracia interna de la UNSAAC, sino que también pone en tela de juicio el liderazgo de Crucinta, cuya gestión continúa siendo objeto de serios cuestionamientos.

Eleazar Crucinta, APP y las acusaciones de presunta corrupción

La figura central de la crisis es Eleazar Crucinta, rector y miembro de Alianza por el Progreso (APP), cuya gestión está siendo fuertemente cuestionada.  Su designación como rector se dio gracias al Movimiento Mi UNSAAC.

La UNSAAC ha sido clasificada por la Contraloría de la República entre las seis instituciones nacionales con mayor riesgo de corrupción, lo que genera dudas sobre la transparencia y la efectividad de la gestión universitaria durante el largo período de influencia del Movimiento Mi UNSAAC. Además, la ejecución de varias obras de infraestructura con presupuestos millonarios, durante esta gestión de Crucinta, generan serias preocupaciones sobre la presunta malversación de recursos públicos.  Los estudiantes piden una investigación exhaustiva e independiente para determinar si estos proyectos se están llevando a cabo con total transparencia y si se está cumplido con los estándares de calidad y eficiencia.

Rector Eleazar Crucinta Ugarte afiliado a Alianza Para el Progreso de César Acuña.

Conexiones políticas, candidaturas y la Contraloría

La afiliación del rector Eleazar Crucinta y de la vicerrectora académica al partido político Alianza para el Progreso (APP) —el mismo del congresista Alejandro Soto—, sumada a sus abiertas aspiraciones políticas (Crucinta a la presidencia regional del Cusco y la vicerrectora al Senado), revela una preocupante y cada vez más evidente fusión entre la política partidaria y la gestión universitaria.

Más aún, la denuncia sobre una presunta influencia de APP en la Contraloría de la República, y la sospechosa indulgencia en los procesos de investigación contra Crucinta y su círculo cercano —varios de los cuales habrían sido archivados o resueltos con absoluciones—, constituye una acusación de extrema gravedad que demanda una investigación profunda e independiente.

Esta situación no solo debilita la confianza en los órganos de control del Estado, sino que también compromete seriamente la transparencia en la administración de la UNSAAC. En un contexto electoral, donde se renovarán las principales autoridades universitarias, la falta de rendición de cuentas y las crecientes sospechas de corrupción ponen en entredicho la credibilidad institucional y amenazan con fracturar la confianza de toda la comunidad universitaria.

Cabe recordar que el congresista Alejandro Soto, actual presidente del Congreso de la República desde 2022 y miembro de Alianza para el Progreso (APP), se vio envuelto en un escándalo académico que generó amplio rechazo público. En ese entonces, se reveló que Soto utilizó una misma tesis de maestría para obtener también el grado de doctor, un hecho que cuestiona directamente la integridad del proceso académico.

Este procedimiento se llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), donde Eleazar Crucinta —hoy rector— se desempeñaba como director de la Escuela de Posgrado, precisamente la instancia responsable de otorgar los grados académicos. A pesar del impacto mediático y de los serios cuestionamientos que generó el caso, la universidad, bajo la rectoría de Crucinta, nunca hizo pública la tesis doctoral de Soto, alimentando las sospechas de encubrimiento.

A la tesis de Alejandro Soto se le han señalado serias observaciones tanto en el contenido como en su estructura formal, las cuales, bajo estándares académicos regulares, habrían sido motivo suficiente para rechazar su aprobación. Sin embargo, estas irregularidades habrían sido encubiertas por la Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), entidad subordinada a la Contraloría General de la República.

Diversas investigaciones periodísticas a nivel nacional han advertido que la Contraloría estaría bajo una preocupante influencia política ejercida por Alianza para el Progreso (APP), el partido al que pertenecen tanto Soto como el rector Eleazar Crucinta y la vicerrectora académica de la UNSAAC.

Este contexto ha dado pie a sospechas de un presunto direccionamiento de investigaciones dentro de la universidad, con el objetivo de proteger a miembros del entorno de APP y encubrir posibles faltas administrativas e incluso penales. En otras palabras, se plantea la hipótesis de un presunto «pago político»: mientras Soto y su bancada —incluida la vicerrectora con aspiraciones al Senado— impulsan el control institucional desde el Congreso, la Contraloría, en respuesta, mantendría una postura permisiva con la gestión de Crucinta, también militante del partido.

¿Qué hace la SUNEDU en medio de esto? pues parece que solo es un simple espectador.