Mea culpa. Estimado lector, seguramente usted en alguna ocasión habrá adquirido un dispositivo celular mediante un revendedor, desconociendo o no, el sangriento proceder del aparato; o quizás, por el apuro o la comodidad, se subió a un taxi colectivo para llegar a su destino. Sin ir tan lejos, en su día de descanso, se le hizo más cómodo comprar una prenda de vestir a un vendedor ambulante, promoviendo de manera casi inmediata una larga cadena de omisiones y errores como el hecho de no pagar impuestos, fomentar el pago de cupos por ocupar un espacio de la vía pública, reducir las ganancias a los emprendedores formales, y un largo etcétera que lo más probable nunca le llegue a interesar porque no afecta directamente su vida.
La informalidad, al igual que la corrupción, es vista espantosamente como algo normalizado en el Perú, siendo pieza clave dentro de la ‘cultura chicha’. Combatirla, de la boca para afuera, pero realmente erradicarla es una gran falacia que venimos repitiendo para no quedar mal.
Un reciente estudio indica que los peruanos perciben que en el presente año 2023 la informalidad laboral se ha incrementado. Esto se evidenció en un reciente estudio publicado por Datum Internacional.
El informe indica que la mayoría de los encuestados en las regiones consideran un aumento en la informalidad. Un 58% de los encuestados respondieron a esta afirmación, asentados a lo largo del territorio nacional, con la excepción de la zona oriente de Perú, donde la respuesta fue la opuesta.
Asimismo, se percibe que la informalidad ha aumentado considerablemente en Lima, incluso cambiando la percepción de la misma en la capital. Siete de cada diez limeños (68%) considera que el problema se ha incrementado, teniendo únicamente en el aumento del desempleo en la ciudad.
En tanto, el último reporte del INEI presenta un balance de trimestre que comprende abril, mayo y junio, revelando que las regiones que presentaron una mayor tasa de informalidad fueron Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Puno, Ayacucho, Amazonas, San Martín y Huánuco.
En dichas regiones las estadísticas del INEI son preocupantes: nueve de cada diez empleados son informales, data muy superior al promedio nacional. Por su lado, Ica, Moquegua y Tacna son las regiones menos afectadas por la informalidad, y poseen niveles bajos respecto a la problemática.
Pertenecer a una empresa o negocio informal genera pérdidas y perjudica tanto al Estado como a los empleados. Primero, porque ocasiona una menor recaudación de impuestos, debido a que las personas no están obligadas a reportar todos los ingresos generados por las empresas.
Desde otro lado, la distribución de bienes, servicios públicos y del mismo pago a los empleados se puede ver seriamente afectado. El impacto se refleja en salarios por debajo del sueldo mínimo (930 soles) y la pérdida de beneficios laborales (CTS, vacaciones y seguros) y un menor consumo per cápita.