Muchos jóvenes, culminados sus estudios superiores, se topan con una realidad que no han estudiado en las aulas, y es que conseguir un trabajo acorde a lo que han estudiado se torna sumamente complicado, debido a que las empresas exigen ciertos requisitos para el perfil del puesto, esto sumado a un sueldo que termina por desencantar al joven aspirante.
A pesar de los estímulos que el Gobierno viene ofreciendo a las empresas para contratar jóvenes, estas buscan la manera de sacarle la vuelta a la ley, ofreciéndoles a los muchachos contratos de trabajo que no pasan muchas veces de los 3 meses, o solicitándoles que laboren bajo la modalidad de prestación de servicios, es decir, pretenden no crear un arraigo laboral entre el empleador y el joven. Es por ello que se viene pretendiendo normalizar el término “colaborador” a los que realmente son trabajadores, sujetos a derechos por parte de la empresa como respetar las horas laboradas, descansos remunerados, el respeto por los feriados, y un seguro contra accidentes, entre algunos.
Bajo ese panorama, muchos de ellos terminan por optar la vía en que les produzca una mayor ganancia monetaria, sabiendo que su solo esfuerzo les generará una mejor calidad de vida, a pesar de encontrarse en la informalidad.
Ante ello, La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que al cierre del año 2021, el 90,3% de los trabajadores con menos de 24 años de edad eran informales.
En ese sentido, dado que la informalidad es mayor en jóvenes, solo uno de cada diez trabajadores en el Perú se encuentra laborando en un empleo formal, indica el gremio.
Además, detallaron que más de 300 mil jóvenes ingresan al mercado cada año. Sin embargo, no todos logran encontrar ofertas de su calidad o vinculadas a su profesión.
Por esa razón, la SNI explica que se tiene que aplicar un beneficio tributario a las empresas, donde se reconozca el 150% de los gastos de dicha contratación, con el fin de impulsar la contratación formal de personas que tienen entre 18 y 29 años.
Asimismo, otras medidas que plantean son la ampliación de obras por impuestos, así como la implementación de políticas sectoriales en zonas con gran número de empleos y en generación de exportaciones no tradicionales como el caso del sector confecciones y acuicultura y pesca.
De ese modo, la entidad resaltó que las mypes general alrededor del 88,6% de empleo en el sector privado. Tomando eso en cuenta, sugieren transformar el “Programa Compras a MYPErú”, donde se priorice el presupuesto dirigido a programas de fabricación buzos, calzado, polos, carpetas escolares y alimentos.
“Sin verdaderas políticas que impulsen nuestras industrias, no podemos aspirar a tener un crecimiento sostenido. Si continuamos con la misma tendencia, sin cambios, solo creceríamos un 2,5% el próximo año, lo que definitivamente no nos ayudaría a generar el desarrollo y los empleos que el país necesita”, dijo Jesús Salazar Nishi, presidente de la SIN para RPP.
Sumado a ello, comentó que sin medidas de reactivación, la inversión privada solo podrá aumentar en un 0,5% en el año 2023, mientras que la inversiónpública tendrá una caída de 0,5 por ciento.