Una guerra por el poder que hunde al Ministerio Público

La reciente denuncia penal interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela contra Patricia Benavides Vargas y su “comitiva de incursión” no es simplemente un acto legal y facultativo; es el más reciente capítulo de una pugna de poder descarnada entre dos fiscales supremas que parecen haber olvidado que el Ministerio Público no es un feudo personal, sino una institución del Estado que exige estabilidad, credibilidad y respeto.

Espinoza Valenzuela, actualmente en el cargo de fiscal de la Nación, acusa a Benavides Vargas de ‘usurpación de funciones’ y ‘perturbación de la tranquilidad pública’ por irrumpir, junto a su abogado Juan Mario Peña Flores y otros seis acompañantes, en la sede institucional del Ministerio Público el pasado 16 de junio a las 08:27 a.m. Según la denuncia, Benavides se presentó como fiscal de la Nación pese a no contar con el respaldo formal de la Junta de Fiscales Supremos, lo que para Espinoza representa una actuación ilegal, una afrenta al orden interno y una amenaza a la institucionalidad.

Sin embargo, lo que subyace detrás de esta denuncia no es solo una controversia técnica o legal. Es la continuidad de una guerra política que ha degradado profundamente la imagen del Ministerio Público. Ambas fiscales, con cuestionamientos distintos pero igual vehemencia, parecen más concentradas en disputarse el trono que en velar por la justicia.

Delia Espinoza, en lugar de actuar con la prudencia y neutralidad que se espera de la cabeza de esta institución, ha utilizado su posición para consolidar su autoritarismo mediante denuncias que, si bien pueden tener sustento legal, se leen también como maniobras de control político interno.

Por su parte, Patricia Benavides tampoco actúa con altura institucional. Su ingreso intempestivo al noveno piso de la Fiscalía, flanqueada por abogados, policías y asesores, fue un acto claramente calculado y amedrentador para enviar un mensaje de prepotencia y desafío. Retomar funciones sin un acto colegiado expreso por parte de la Junta de Fiscales Supremos no solo es jurídicamente cuestionable, sino que pone en entredicho su compromiso con el debido proceso y con la institucionalidad misma que afirma querer defender.

El país asiste indignado, a una disputa de egos que debilita gravemente al sistema de justicia. Y en lugar de construir consensos o preservar la autonomía del Ministerio Público, ambas fiscales se olvidaron de velar por el ‘principio de legalidad’ y se han enfrascado en una batalla encarnizada por el poder que solo beneficia a los impunes, sean de derecha o izquierda y daña aún más la confianza ciudadana.

No se trata de quién tiene la razón, sino de quién está dispuesto a actuar con altura moral. Ni Delia Espinoza ni Patricia Benavides parecen, hoy dispuestas a dar un paso atrás por el bien institucional. Y mientras tanto, la Fiscalía de la Nación se ha convertido en escenario de una vergonzosa telenovela política, donde lo último que importa es la justicia.