Una argolla en Cancillería frente a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios

Por Rafael Romero

La semana que pasó confirma la toma del Estado por las argollas de amigotes adheridas como lapas a la administración pública. Clanes de oportunistas se adaptan al poder de turno a cambio de favores. Revísese cualquier sector del Ejecutivo y se encontrará camarillas mandando a su antojo. Hechos objetivos indicarían que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) no es la excepción, permaneciendo en su seno un puñado de vacas sagradas que, a cambio de canjear intereses particulares, permanece impune.

José Ugaz, analizando los enfrentamientos entre el gobierno de Dina Boluarte y la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y también la confrontación con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió sobre la politización de la justicia, indicando que el Ejecutivo y el Congreso buscan favorecer a la corrupción. Además, alertó sobre el deterioro institucional y la caída en los índices de transparencia y competitividad.

En el caso de la Cancillería, convertida hoy por esa argolla en una facción “boluartista”, aparece un Schialer hablando de lugares comunes, por ejemplo, sobre las acciones del Perú contra el crimen organizado transnacional en la 61° Conferencia de Seguridad de Múnich; o elucubrando vacuamente sobre competitividad e inversiones ante ASCOA (empresarios americanos).

Sin embargo, como lo indica Ugaz, el país está en caída libre a causa de quienes han tomado las instituciones, debiendo hoy la administración de justicia actuar más firmemente junto a la fiscalización ciudadana. Así, en el caso del ministerio de Relaciones Exteriores, ante un Congreso prostituido, sólo se espera que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervenga frente a hechos que afectan el correcto funcionamiento de la administración.

En primer lugar, cada sector del Ejecutivo reúne en su seno una serie de problemas que favorecen a las argollas de poder. En el caso de la Cancillería, se tiene un titular a la medida, funcional para arremeter contra la meritocracia, y encima genuflexo a la actual inquilina de Palacio (cuyo hijo y la enamorada de este gozan de puestos de lujo en las NN.UU.)

En segundo lugar, se ha politizado el servicio diplomático, primando la presencia de los favoritos de la argolla, que suelen actuar sin probidad, es decir, que son proclives al juego de intereses particulares perjudicando la imagen del país, y encima son permisivos con la indisciplina. En tercer lugar, por la salud de la República y el prestigio de la diplomacia peruana, la Fiscalía debería evaluar indiciariamente frente a una serie de actos antijurídicos e incluso declarados nulos por el propio Poder Judicial, como la resolución ministerial de Néstor Popolizio y la resolución viceministerial de Hugo de Zela, con las cuales destituyeron al diplomático Fortunato Quesada, sobre todo cuando existen pruebas irrefutables de una conspiración.   

En cuarto lugar, existen “registros de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en dicho complot, debidamente fedateado en sus 31 folios por el jefe de la sección consular. En esos registros se revela que el funcionario Pedro Rubín le decía a José Boza: “Si me ofrecen la jefatura de un consulado general pequeño en Europa no tengo el menor inconveniente”. Y Boza le respondía lo siguiente: “Ok. Ya te cuento lo que piensen el 1 y el 2 al respecto”. En el folio 22 del documento, Rubín también le escribe a Boza: “Si estás ocupado lo dejamos para el lunes. Hoy estoy un poco ajustado de tiempo. Lo único que te quiero pedir es que me ayudes. Hablando con colegas pareciese que yo soy culpable de todo. El lunes paso para despedirme de Néstor (Popolizio) y que me vuelva a asegurar que me cambiará a Valencia.”.  No obstante, Pedro Rubín fue puesto en un consulado general, y si bien no fue en Valencia, sí lo enviaron a Río Branco (Brasil).

En quinto lugar, se demostraría en 31 folios de WhastApp que los funcionarios Popolizio y De Zela estaban al tanto del complot porque no era posible que no supieran acerca de las comunicaciones de un jefe de gabinete ministerial, como José Boza; y un ministro consejero (MC), como Pedro Rubín. Lamentablemente, Dina Boluarte no hace nada pese a ser quien dirige la política exterior, sobre todo cuando existen las declaraciones del exservidor de la embajada del Perú en Israel, el chef Jesús Alvarado, afirmando que las personas de Hugo de Zela, José Boza (ya fallecido) y Pedro Rubín fueron los autores del complot bajo la coordinación de Néstor Popolizio.

En sexto lugar, otro hecho que la Cancillería debería esclarecer es si Néstor Popolizio estaría incurso en un supuesto nepotismo o favoritismo en provecho de su hermano Edgardo Popolizio Bardales. Es decir, ¿las relaciones laborales, contratos y nombramientos se dan de acuerdo a ley, especialmente cuando hay un hermano en el servicio del Consulado General del Perú en Hartford (Connecticut, EE.UU.) y que ha continuado en el puesto cuando su hermano Néstor ocupó el cargo de vicecanciller, luego el sillón de canciller, posteriormente como representante ante las Naciones Unidas, sin abundar en que sigue con más de tres años de embajador del Perú en Praga?

En séptimo lugar, debería ponderar la Fiscalía el “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la funcionaria Fátima Trigoso, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, que consta de 29 folios,  y según su ítem IV, los infractores del complot son el embajador Néstor Popolizio Bardales; el Embajador Hugo de Zela Martínez (hoy en retiro); el Embajador José Boza Orozco (fallecido en agosto del año 2023); y el diplomático Pedro Rubín, nombrado por la entonces canciller Gervasi como Cónsul General del Perú en Río Branco (Brasil).

Asimismo, la Oficina de Recursos Humanos además de documentar una serie de hechos, sobre la base de otro informe de la Comisión Disciplinaria (2018 – 2019), también concluyó que hay grabaciones no autorizadas contra el embajador Fortunato Quesada, y señaló que las mismas fueron filtradas a un medio de prensa. Pero, mediante Resolución Viceministerial N° 0337-2019/RE de 13 de diciembre del 2019, solo se abrió un PAD a Pedro Rubín, mas no a Popolizio; y se tiene también que Rubín, junto a su abogado, reconoció que fue la propia Cancillería quien le dijo que se contacte con la periodista Cueva, de Panorama, porque se necesitaba de un escándalo para sacar a Quesada de la embajada del Perú en Israel.

En octavo lugar, el Informe de la ORH subrayó que, “según el ministro consejero Pedro Rubín y su defensa legal, el embajador Boza Orozco había actuado en cumplimiento de indicaciones de su jefe directo, el entonces canciller Embajador Néstor Popolizio y con la anuencia del entonces Viceministro Embajador Hugo de Zela Martínez”. Pero el numeral 2.7 del citado informe es más revelador, al asegurar textualmente que “El 28 de mayo de 2020, el abogado del MC Rubín Heraud, letrado Guillermo Gómez Guilfo, entregó al Jefe de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de esta Oficina General, un escrito donde afirmaba que el imputado informó a la Superioridad de todo lo que acontecía en Israel el 17 de mayo de 2018; que fue el embajador Boza Orozco, por encargo de la Superioridad, quien se contactó con la directora del programa “Panorama”, que fue el Embajador Boza quien insistió que el MC Rubín se contactara con la mencionada directora y le proporcionó su teléfono, sin pedírselo; que el MC se negó a acudir a la prensa, que el entonces Canciller y el Viceministro estaban al tanto de todo lo acontecido mucho antes del programa “Panorama” y que deseaban “colgar” a Quesada Seminario».

Es más, el folio 25 reveló lo siguiente:  “Como se puede apreciar de este nutrido intercambio de mensajes entre el Embajador Boza y el MC Rubín, que se mantuvo por un año y siete meses, se trataron variados temas, desde la coordinación  de la entrega de las grabaciones al programa “Panorama”, los detalles de la emisión del reportaje, sus consecuencias administrativas inmediatas, el inicio de la investigación preliminar, el subsecuente PAD y su resultado: la desestimación de la apelación y cierre de la vía administrativa; hasta quejas por el no ascenso de un funcionario en Tel Aviv y los ofrecimientos de rotación hechos al MC Rubín”.

No obstante, lo más escandaloso que reveló el documento es que la Alta Dirección de la Cancillería estaba enterada de todas las ilegalidades. Así lo pone textualmente: “el manejo de información sensible por parte del Embajador Boza y su transmisión al MC Rubín, constituye una circunstancia que debe ser investigada por la Comisión Disciplinaria pues al margen del alto cargo que ocupó en la Cancillería, que suponía acceso a información privilegiada, las acciones desplegadas por el Embajador Boza no podrían haberse realizado sin conocimiento de la Alta Dirección, justamente por la sensibilidad de los temas y las consecuencias que se dieron a lo largo de los meses”.

Mientras que en el folio 26 se evidencia la responsabilidad del ex canciller Popolizio, sobre todo cuando el informe de la ORH señaló que: “En el caso del Embajador Popolizio, el MC Rubín ha afirmado que estuvo al tanto de todo desde el comienzo y sugiere, en su escrito del 28 de mayo, que el tweet que escribió el embajador Popolizio el 17 de junio, donde refiere que el ex Embajador Quesada Seminario iba a ser traído a Lima para las investigaciones correspondientes por las acusaciones de maltrato, es la prueba de su pretensión de que ‘recién’ se enteró de los hechos, cuando los conocía al menos desde mayo”.

Aún más, el embajador Popolizio, en la absolución de su pliego interrogatorio, aceptó haberse reunido con el MC Rubín a fines de mayo de 2019 para tratar el tema de su rotación al Consulado General de Zúrich. El MC Rubín manifestó que el Embajador Popolizio le habría ofrecido rotarlo a la ciudad de Valencia, lo que motivó una reunión previa, según se desprende de un WhatsApp que le envió el embajador Boza el 23 de agosto del 2018.

En noveno lugar, y esto puede ser de mucha utilidad para la Fiscalía, el folio 28 de la ORH sostiene que las responsabilidades podrían configurar ilícitos penales. Sin embargo, pese a los años transcurridos desde el complot del 2018 a la fecha, hoy el desempeño de la Cancillería ha empeorado. Por ejemplo, ahí están dos destapes periodísticos.

Uno, el de Jonathan Castro, de “La Encerrona”, cuando reveló el 14 de julio del 2024 que Basil Marco (cónsul egipcio) envió una carta de cuatro páginas al entonces canciller Javier González-Olaechea, donde le describió una serie de problemas que vio de primera mano en los últimos dos años en la embajada del Perú en Egipto. Y dos, cuando Ricardo Mc Cubbin (de INFOBAE), el 20 de setiembre del 2024, publicó lo siguiente: “Perú retira a su embajador en Egipto luego de acusaciones de mal comportamiento con altos funcionarios. El país africano incluso agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano por la salida del diplomático José Betancourt”.

En otro pasaje de su informe, Mc Cubbin también detalló que “el cónsul honorario de Alejandría, Basil Marco, reportó a la Cancillería peruana sobre malos comportamientos del referido diplomático ante altos funcionarios y personalidades de Egipto”.

Frente a esto, en medio de los desencuentros de tres mujeres, Dina Boluarte, Delia Espinoza y Janet Tello, lo importante es que los poderes públicos no tergiversen los hechos. Por eso, cuando pregunté a la Cancillería acerca de si ¿existe una nota de la República de Egipto con la cual esta agradece al Perú por la remoción de José Betancourt del cargo de embajador en dicho país africano?, la respuesta oficial fue escudarse en el artículo 24° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aduciendo que es instrumento internacional de cumplimiento obligatorio que los archivos y documentos de las misiones diplomáticas son inviolables, por lo que no resulta posible su difusión ni comentar su contenido.

Sin embargo, la Cancillería no reparó en que esa nota no solo existe, sino que ya es pública, demostrándose que el canciller de Egipto, Dr. Badr Abdelatty, sí le “agradece” al ministro Schialer por retirar al embajador Betancourt, y eso resulta un escándalo, por lo que el ministro boluartista no puede negar lo acontecido, y peor cuando habría omitido denunciar el hecho o la apertura de un proceso disciplinario por parte de control interno. Pero a esto se suma el hecho grave de “premiar” al funcionario traído de Egipto al nombrarlo, paradójicamente, en un puesto clave de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En suma, la presidenta Boluarte acaso no querrá mejorar la imagen internacional del Perú; pero la Fiscalía, en cumplimiento de su deber de prevención del delito, bien podría contribuir indirectamente si procede a investigar una supuesta argolla de impunidad enquistada en Torre Tagle.