Martín Ruggiero Garzón, un joven de 32 años que se convirtió en ministro de Trabajo. Un abogado con Master en derecho empresarial pero que tiene nula experiencia en gestión pública, más allá de ostentar sus estudios en la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, la misma de Harry Potter. Su presencia en el nuevo Gabinete despertó duros cuestionamientos que se hicieron públicos, uno de ellos es la reciente denuncia por racismo, presentada por el ciudadano Edison Tito Peralta ante el Ministerio Público.
Se dice que un ministerio de Trabajo tiene el deber de liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, así como ayudar en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas para fomentar la formación profesional, velar por las normas legales y sobre todo, implementar y mejorar las condiciones básicas laborales, siempre en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado. En ese sentido, el sector ostenta una serie de direcciones generales, como la del Trabajo, de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, de Promoción del Empleo, y de Políticas de Inspección del Trabajo.
Es decir, toda la estructura organizacional del sector Trabajo, ha estado allí siempre… incólume, lista para llevarlas a la práctica de parte del ministro que esté liderando la cartera de turno. Sin embargo, en términos factuales ¿Cuál es la labor que usualmente hemos visto en los últimos ministros/as de Trabajo?
A pesar que estamos acostumbrados de ver mesas de debates, discusiones, conferencias, y foros donde los especialistas, economistas, incluso laboralistas dando innumerables pautas para solucionar la gran problemática nacional ligada al trabajo; la realidad nacional les da un portazo en las narices, porque desde hace décadas campea el desempleo, los actos de hostilización, los contratos temporales, las services, las tercerizaciones, los CAS, y otras modalidades, que solo han servido para vulnerar mucho más a los trabajadores nacionales, porque el Principio de la Primacía de la Realidad casi nunca es tomado en cuenta para hacer justicia a los trabajadores.
Entonces, si el problema laboral es crónico, ¿A quién se debe designar como ministro de Trabajo?
E ahí el error. Si bien, el gobierno de Martín Vizcarra acaba de renovar su Gabinete liderado esta vez por Pedro Cateriano, suponemos que ante la actual crisis política y económica, el Premier y el Presidente han debido analizar y jugar responsablemente las nuevas fichas y reemplazos que asumirán las Carteras. Pero ya está todo consumado, y ya tenemos nuevos ministros en algunas carteras ministeriales.
Entendemos que ser ministro es un cargo político y de confianza, y por el momento, nadie pretende reformar el artículo 124° de la Constitución que apenas exige ser peruano de nacimiento, y haber cumplido veinticinco años de edad para acceder a ser ministro. Entonces, la ley es clara y no prohíbe que un ministro muy joven realice el ejercicio de sus funciones; más aún, si nos remontamos en el tiempo y tomamos en cuenta las últimas palabras que esbozó Manuel Gonzáles Prada en su discurso en 1888 en el Teatro Politeama: “¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!” Lo que dijo el pensador peruano es absolutamente razonable, pero hay que tomar en cuenta que esos jóvenes también tienen que estar a la altura de las circunstancias y de la política peruana; justamente, él se refería a jóvenes comprometidos con su país y con su problemática social. Él no se refería a jóvenes que están comprometidos con su ascenso profesional, para que en la vejez se sintieran satisfechos con su autorrealización.
Entre tanto, el Premier Pedro Cateriano insiste en defender a su nuevo ministro, porque afirma que su designación se basó en un proceso de democratización por su juventud. Y dice además: “Una de las razones por las cuales la democracia peruana se ha debilitado es precisamente porque no hay presencia juvenil. Los jóvenes del Congreso han sido de 50 años. Los jóvenes de los partidos de 60 años. Eso tiene que cambiar. El Perú es un país de jóvenes y necesitamos incorporar a los jóvenes”.
Lo que debe entender el Premier, es que, el Consejo de Ministros no es su chacra y menos una agencia de empleos. Es decir, si quiere ayudar a un millennial en su carrera personal de emprendimiento, que lo haga en su empresa o negocio, pero no puede ser tan desatinado de promover en estos momentos de crisis, a un inexperto en políticas públicas estatales y laborales, mientras que el país se viene cayendo en pedazos por la falta de empleo y reactivación económica.
Así las cosas, este joven ministro ¿Cómo solucionará los problemas de desempleo en el Perú? Tomando en cuenta, que patrocinó los intereses de los grandes grupos empresariales, como AFP Integra en un proceso ante el Tribunal Constitucional en 2017. Eso, sin contar su sociedad con el estudio Payet, Rey, Cauvi, y Pérez Asociados, que fue beneficiado con un crédito de casi 5 millones de soles por el programa Reactiva Perú, y que también asesoró a la cuestionada brasileña Odebrecht, y a la empresa Tamshi SAC que fue investigada por deforestar la Amazonía en Loreto.
El nuevo ministro Martín Ruggiero, ni bien juramentó al cargo, en las redes sociales propalaron unos chats que lo comprometían por tener frases racistas y despectivas contra la gente de Huancayo; sin embargo, aún se tendrá que determinar si esos chats son un fake, y precisamente, el día de ayer, el abogado Edison Tito Peralta lo denunció por discriminación ante la 12° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima. De confirmarse su responsabilidad, él debería renunciar en el acto.
Precisamente, hoy pudimos conversar con Tito Peralta, y nos confirmó la veracidad de la denuncia electrónica realizada por él y también nos corroboró que de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General (N° 27444), ha remitido una Petición Administrativa al propio despacho del ministro de Trabajo Martín Ruggiero para que responda por su presunta conducta racista contra mujeres huancaínas y contra las personas andinas en general, y por su presunta omisión de registro de sus títulos profesionales en la SUNEDU. Dicha petición que de acuerdo a ley, obligadamente tiene que ser contestada al administrado, en 30 días hábiles por el ente administrador, también la envió con copia a otros funcionarios del aparato del Estado, como es: el ministerio de Defensa, ministerio del Interior, ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, y la Secretaría de la Presidencia de la Republica.
El nuevo ministro de Trabajo ¿Realmente trabajará para los trabajadores vulnerados, o seguirá la consigna de la exministra Sylvia Cáceres, al servicio de la Confiep?
Finalmente, el Premier Pedro Cateriano debe dar una explicación al país, para responder ¿Por qué en la hoja de vida institucional de Martín Ruggiero, la PCM borró sus nexos con el Estudio que asesoró a Odebrecht? y también debe responder por aquellas presuntas conductas racistas de parte de su recomendado ministro.
Aquel mutismo mostrado hasta el momento, es una falta de respeto a la colectividad y a la opinión pública, que de acuerdo a ley merecen explicaciones y muestras de transparencia de parte de los servidores del Estado.