La noche del 5 de abril de 1992 resulta para millones de peruanos una fecha oscura en la que se vulneraron desde los cimientos las principales instituciones del Estado, solamente para otorgarle poder cuasi absoluto a un presidente que empezaba a convertirse en todo un dictador. Alberto Fujimori, presidente electo del Perú desde hace dos años, anunciaba a través de un mensaje a la Nación, la reestructuración del país, significando ello la disolución del Congreso de la República.
Aquel ingeniero de descendencia nipona, se tomó un largo sorbo de agua antes de anunciar las ya famosas “actitudes de excepción”, las cuales, en otras palabras, era realizar un autogolpe, atropellando la democracia instaurada en nuestro país desde hace 12 años.
“Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantía Constitucionales y el Ministerio Público, para una honesta y eficiente administración de justicia”, dijo el entonces mandatario.
Mientras el discurso se transmitía por cadena nacional, tropas militares, incluso con tanques, llegaron a las instituciones intervenidas para imponer el control completo. También irrumpieron en algunos medios de comunicación. Soldados del Ejército se apostaron en la sede del Congreso e impidieron el ingreso de los legisladores, incluido del entonces presidente del Senado, Felipe Osterling.
«Esto es una absoluta dictadura, porque yo he venido acá, al Congreso de la República, a convocar a los portavoces de los distintos grupos políticos y luego he querido, quiero convocar a sesión de Congreso para que asuma el cargo de Presidente de la República, Máximo San Román».
Los militares tomaron medidas directas contra algunos parlamentarios, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villa, quien fue detenido en su domicilio.
Impedidos de ingresar a la sede del Congreso, los legisladores mantuvieron reuniones en otros locales, como la sede del Colegio de Abogados de Lima, donde el primer vicepresidente del Parlamento, Máximo San Román juró como presidente tras declararse la vacancia de Alberto Fujimori por incapacidad moral. Sin embargo, San Román no ejerció de manera efectiva el cargo debido a la falta de respaldo de los mandos militares y policiales.
Un mes después del llamado «autogolpe», el mandatario viajó a las Bahamas para anunciar en una Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) la conformación de un nuevo Parlamento. Este fue elegido el 22 de noviembre de 1992.
La principal misión del Congreso fue la redacción de una Constitución que permitió la reelección presidencial, facultad que Fujimori utilizó para postularse y ganar los comicios de 1995 y 2000.
El autogolpe de 1992 ha dejado una marca indeleble en el fujimorismo y continúa siendo motivo de debate y crítica en cada elección presidencial. En 2016, Keiko Fujimori, hija del dictador, tuvo que comprometerse a no repetir la acción inconstitucional de su padre.
«Respetaré la no reelección presidencial establecida en nuestra Constitución y finalmente nunca más un 5 de abril. Mirándole a los ojos al Perú firmó este compromiso de honor», señaló la lideresa de Fuerza Popular.