Política
Un Congreso legal, pero no legítimo
Un famélico 4 % de aprobación es el resultado inobjetable que algo anda mal detrás de la Plaza Bolívar.
Cada quinquenio nos hacemos la misma pregunta: ¿es este Congreso el peor de la historia? Nuestra Constitución Política ha sido tan manoseada con pequeñas modificaciones que no se ha requerido una nueva Carta Magna para darnos cuenta que se trata de una distinta, alterada, variada, modificada, todo para beneficio de aquellos que se hacen llamar ‘padres de la Patria’ y para aquellos que se jactan de ser los líderes de los partidos políticos.
El cambio más reciente va relacionado con el retorno de la bicameralidad en el Congreso, donde volveremos a ver a los senadores y diputados. Para que ocurra eso se tuvieron que modificar 53 artículos de la Constitución (artículos 2, 39, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 150, 157, 161, 162, 182, 183, 191, 194, 201, 203 y 206).
Antes que nada, corresponde mencionar que legalidad no es lo mismo que legitimidad, centrándonos solamente en el ámbito político y no jurídico. La legalidad es entendida cuando una institución se ha conformado de acuerdo a las leyes prescritas; en este caso los parlamentarios fueron elegidos mediante voto popular, corroborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En contraposición, si una autoridad asume un cargo de manera autoritaria o no respetando ‘las reglas del juego’, se entiende por ello que se encuentra de manera ilegal.
En cambio, la legitimidad puede entenderse a la validación que tienen las autoridades frente a la población. Esto puede variar dependiendo al buen o mal desempeño que tengan estos desde sus puestos; así, un Congreso legitimado es aquel que cuenta con la aprobación de las personas y ello se obtiene cuando se ven leyes productivas y no inclinadas solo para beneficio de unos cuantos.
Recientemente, una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojó resultados previsibles, otorgándole un 4 % de aprobación a nuestro atribulado y errático Congreso de la República.
Esto tiene una explicación que para la mayoría de ciudadanos resulta muy fácil de entender, pero que para algunas personas solo se trata de una ‘guerra sucia’ para desprestigiar a los ‘padres de la Patria’. Tal vez su desaprobación se deba a los excesivos gastos que realizan mes a mes, contratando personal que nunca se aparece en sus despachos; o recortándoles el sueldo a sus trabajadores, aceptando ellos de “manera voluntaria”; o quizás porque prefieren votar de manera virtual cuando hay sesiones plenarias; o quién sabe, somos crueles al no permitirles que impulsen sus partidos políticos utilizando los recursos del Estado; o peor aún, les ponemos mala cara cuando nos enteramos que votaron a favor de leyes totalmente perjudiciales para el país; o, sencillamente, vemos cómo aprueban la bicameralidad.
Es por ello (y muchas cosas más) que el Poder Legislativo ha perdido legitimidad ante la población.
Bastará ver cómo al final del segundo periodo legislativo, que acaba este 15 de junio (a tan solo dos semanas) nuestros eruditos congresistas, entre gallos y medianoche, promulgan leyes sin mucho debate de por medio o análisis técnico; entonces, volveremos a preguntarnos una vez más ¿será acaso este el peor Congreso de la historia?