Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable

Cuando los diplomáticos se encuentran en sus misiones internacionales, a menudo parecen estar más enfocados en disfrutar de lujos que en cumplir con sus funciones. En banquetes oficiales, no es raro verles consumir vinos de altísima gama como los exclusivos Grand Cru, Château Lafite Rothschild o Château Margaux. Estos lujos, presentados bajo la excusa de fortalecer las relaciones internacionales a través de la gastronomía y el protocolo, se convierten en símbolos de una diplomacia que, en muchas ocasiones, nada tiene que ver con los intereses nacionales.

A lo largo de sus misiones, los embajadores participan en banquetes desmesuradamente pomposos, organizados por chefs de renombre mundial y con menús carísimos que, más que representar la cocina de un país, se convierten en sinónimos de estatus y sofisticación sin justificación alguna. Pero lo que realmente escandaliza no son solo las cenas opulentas, sino el hecho de que todos estos excesos se pagan con los recursos de los contribuyentes, es decir, con el dinero de todos nosotros.

¿A qué costo se financian estos excesos?

Cuando un diplomático es asignado a una embajada, consulado o misión fuera de su país, el Estado se hace cargo de todos sus gastos. Esto incluye, por supuesto, un salario mensual que puede llegar a los US$ 17,000, dependiendo del país en el que se encuentren. El caso del cuestionado embajador Néstor Popolizio, designado jefe de misión en la ONU en Nueva York, es un ejemplo flagrante. En 2024, Popolizio percibía un salario mensual superior a S/ 70,000, una suma que es inconcebible cuando se observa el contraste con la realidad económica de la mayoría de los ciudadanos.

A esto hay que añadir los gastos de vivienda, con alquileres de residencias oficiales que no tienen ningún límite en cuanto a costos. El diplomático no solo disfruta de una vivienda de lujo, sino también de todos los servicios que implica mantenerla: choferes, mayordomos, cocineras, y hasta el personal de limpieza. Todo esto, sin mencionar los viáticos para los viajes, pasajes aéreos, seguros de salud internacionales y, por supuesto, la educación privada e internacional de sus hijos. Es un sinfín de gastos que se pagan con el dinero del erario público, mientras que la mayoría de los ciudadanos lucha por llegar a fin de mes.

¿Realmente cumplen con su función?

La naturaleza de la labor diplomática es clara: representar y proteger los intereses de su país ante otros Estados o ante organizaciones internacionales, negociar acuerdos bilaterales o multilaterales, proteger a sus compatriotas en el extranjero y fomentar las relaciones amistosas. Sin embargo, en la práctica, muchos diplomáticos se alejan de estas funciones y utilizan su inmunidad diplomática como un escudo para cometer prácticas cuestionables e indecorosas.

El uso indebido de la inmunidad diplomática no es algo extraño, ni aislado. La historia está plagada de casos en los que diplomáticos han cometido espionaje, evasión de impuestos, tráfico de drogas o hasta pornografía infantil, sin enfrentar consecuencias legales en los países que los acogen. Además, algunos se han aprovechado de sus privilegios para incurrir en contrabando, utilizando valijas diplomáticas y vehículos oficiales para trasladar mercancías ilegales, sabiendo que no pueden ser inspeccionados por la policía local.

La inmunidad diplomática, lejos de ser una herramienta para garantizar la protección de los diplomáticos en situaciones legítimas, se ha convertido en una puerta abierta a la impunidad, la corrupción y una serie de delitos que, por alguna razón, nunca se sancionan. Y si esto no fuera suficiente, la explotación laboral de empleados personales bajo su mando también es un hecho. Muchos diplomáticos no dudan en imponer condiciones de trabajo abusivas a sus empleados caseros, forzándolos a trabajar largas horas a cambio de sueldos miserables, sabiendo que su estatus de inmunidad los pone fuera del alcance de cualquier denuncia.

La ineficacia del control interno: ¿Quién supervisa a los diplomáticos?

En Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad encargada de supervisar, nombrar y sancionar a los diplomáticos. Sin embargo, la vigilancia y el control de sus actividades son más que cuestionables. Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, los diplomáticos tienen inmunidades que les otorgan ciertos privilegios. No obstante, esa misma convención también establece normas que deben cumplirse dentro del país anfitrión. ¿Pero realmente se sigue este marco? ¿Y quién hace cumplir esas reglas?

Los diplomáticos parecen vivir en una burbuja de impunidad donde los excesos no solo son tolerados, sino también justificados bajo el paraguas del protocolo y la hospitalidad internacional. De hecho, estos funcionarios del Estado no solo asisten a cenas de gala, a la ópera y a eventos internacionales, sino que, con la asignación económica extra que reciben del Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen la capacidad de organizar sus propios eventos privados, invitar a quienes deseen y realizar viajes a destinos turísticos exclusivos, siempre «en nombre de la diplomacia». Pero, ¿realmente está este derroche de dinero sirviendo a los intereses del país? ¿O se trata simplemente de una excusa para disfrutar de una vida de lujo a costa del erario público?

Los escándalos más recientes de diplomáticos peruanos

Los excesos de los diplomáticos peruanos en los últimos tiempos han dado mucho de qué hablar, y no precisamente por sus logros internacionales. En muchos casos, las denuncias de conductas inapropiadas han puesto en evidencia la desconexión de estos funcionarios con la realidad del país que representan. Uno de los ejemplos más recientes es el caso del embajador en Egipto, José Betancourt Rivera, quien fue retirado de su puesto por su actitud arrogante y su comportamiento deplorable hacia altos funcionarios egipcios. Esta es solo una muestra de lo que ocurre cuando los diplomáticos no rinden cuentas ni cumplen con sus funciones de manera responsable.

Otro caso emblemático es el de Alfredo Ferrero Diez-Canseco, quien en 2024 fue designado embajador en Estados Unidos, mientras enfrentaba investigaciones por colusión agravada en el contexto del caso Odebrecht. Su nombre fue vinculado a una trama de corrupción, y se le embargaron propiedades por un monto de S/27 millones, incluido un palco suite en el Estadio Monumental. A pesar de las acusaciones en su contra, fue nombrado embajador sin que se hayan tomado medidas para transparentar su desempeño.

El embajador Manuel Rodríguez Cuadros, quien fue altamente cuestionado por el elevado costo del alquiler de su residencia en Ginebra, también es otro ejemplo de los excesos. Mientras él defendía la cifra oficial, se supo que su alquiler mensual ascendía a US$ 32,640, una cantidad que sobrepasaba cualquier justificación dentro del marco de la austeridad pública. Hay que mencionar que de acuerdo a lo que indicaba el contrato de alquiler, sólo el jardín de la lujosa casa de Rodríguez Cuadros contaba con una superficie total de 2,443 metros cuadrados.

A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001 y por su participación en maniobras para favorecer a la aerolínea extranjera LAN que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maurtua participó en el avión parrandero; es decir, organizó una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Sin embargo, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del gobierno, a pesar de sus múltiples escándalos.

Asimismo, el cuestionadísimo embajador Néstor Popolizio ha protagonizado diversas denuncias, en el ejercicio de su carrera diplomática. En 2020, se denunció que altos funcionarios del Cancillería, incluyendo al entonces canciller Popolizio, permitieron que se difunda grabaciones privadas del embajador Fortunato Quesada, las cuales fueron obtenidas sin su consentimiento, y fueron brindadas a la prensa con el propósito de generar presión mediática para su destitución. Popolizio habría obstruido las investigaciones internas al haber pedido que no se incluyera una conversación que lo involucraba directamente. Asimismo, Popolizio en 2019 admitió que el embajador César Bustamante Llosa sostuvo una reunión a solas con el exjuez César Hinostroza en la cárcel de Madrid en 2018; sin embargo, inicialmente negó la confirmación de este encuentro.

También, es preciso recordar, que el flemático excanciller Gustavo Meza-Cuadra, del modo más vergonzoso se resistió hacer respetar la soberanía del Perú ante los despropósitos e intromisión de las misiones diplomáticas de Australia, Francia, y Colombia, que enviaron una carta al Parlamento de Perú para exigir que dejen sin efecto la Ley N° 31018 que exoneró de los cobros de peajes durante la coyuntura de pandemia, defendiendo malhechoramente a las empresas concesionarias de sus países.

El costo de la diplomacia: ¿vale la pena?

El presupuesto asignado para las misiones diplomáticas peruanas es exorbitante. Para el año fiscal 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene asignado un presupuesto de S/ 1,156 millones, de los cuales el 98.4% se destina a la Cancillería. Una porción de este dinero se gasta en la restauración del Palacio de Torre Tagle, cuyo costo asciende a S/ 55.8 millones. Además, el viaje reciente del ministro Elmer Schialer a Washington D.C. para la elección del secretario general adjunto de la OEA costó más de S/ 24,000, sin que haya una justificación clara de los beneficios que este viaje representa para el país.

Los diplomáticos viven como aristócratas: salarios exorbitantes, residencias de lujo, autos de alta gama, personal doméstico, seguro médico privado, educación para sus hijos en colegios internacionales, entre otros beneficios. Todo esto, mientras la mayoría de los ciudadanos se enfrenta a una realidad económica cada vez más difícil. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿realmente cumplen con sus funciones? ¿Son estos gastos justificados? ¿Los resultados son visibles?

Conclusión: ¿Un servicio público o un privilegio?

Es evidente que el modelo de diplomacia que se maneja actualmente en el Perú está más enfocado en el lujo y el privilegio personal que en el bienestar común. El alto costo de las misiones diplomáticas y la falta de control efectivo sobre las actividades de los diplomáticos son una muestra de la desconexión que existe entre estos representantes del Estado y la ciudadanía que financia sus excesos. En lugar de ser defensores de los intereses nacionales, muchos se han convertido en símbolos de la ineficacia, la corrupción y el abuso de poder.

Es hora de cuestionar si este modelo realmente sirve a los intereses del país o si, en cambio, se ha convertido en una excusa para justificar una vida de lujo y privilegios que no tiene cabida en un Estado democrático y que simplemente ha convertido a los diplomáticos en un holograma que simboliza el privilegio de la inutilidad.