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Trump castiga a Harvard y ordena expulsar a sus estudiantes extranjeros
El gobierno republicano de Donald Trump lanza un ataque sin precedentes contra la academia y la diversidad global, en una represalia política motivada por razones puramente ideológicas. “Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.
La reciente decisión del Gobierno de Donald Trump de prohibir a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes internacionales es una agresión frontal a los pilares de la educación superior y una muestra de políticas discriminatorias envueltas en una narrativa de “seguridad nacional”.
En un acto de evidente represalia política, el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, ha revocado la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, exigiendo la expulsión o transferencia de miles de estudiantes internacionales. El pretexto: una supuesta falta de cooperación de la universidad en entregar registros sobre “actividades ilegales y violentas” que, convenientemente, no han sido probadas ni documentadas públicamente. La acusación de Noem de que Harvard promueve un entorno “hostil al estudiante judío” y simpatías hacia Hamas carece de sustento serio y evidencia ser más una jugada de polarización ideológica, que una preocupación legítima por la seguridad.
“Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.
Esta medida no solo viola principios fundamentales de autonomía universitaria, sino que atenta directamente contra la imagen de Estados Unidos que es considerado como un destino educativo mundial, y contra la apertura, la diversidad y la libertad académica. Más de 6.700 estudiantes internacionales, que representan más de una cuarta parte del alumnado de Harvard, son ahora rehenes de una agenda política cada vez más autoritaria.
Es difícil no ver en esta decisión un patrón: una administración que ha demonizado sistemáticamente a los inmigrantes, estigmatizado la diversidad racial y promovido una visión retrógrada de la identidad nacional. Ahora, extiende esa cruzada a las universidades, instituciones históricamente independientes y críticas del poder, usando el aparato del Estado para coaccionarlas.
La respuesta de Harvard ha sido clara y contundente, calificando la medida de “ilegal” y reafirmando su compromiso con sus estudiantes internacionales y sus académicos extranjeros que provienen de más de 140 países. Este es un momento definitorio para toda la academia estadounidense, que debe alzar la voz con fuerza contra esta afrenta.
La expulsión masiva de estudiantes por su nacionalidad no es solo un error moral y legal: es una herida profunda a la reputación y la capacidad innovadora de EE. UU. Si la administración Trump continúa tratando a la educación como un campo de batalla ideológico, será el país entero quien pague el precio de su ignorancia y su intolerancia.