Tribunal anula sentencia sobre la concentración de medios y Grupo El Comercio vuelve a acaparar la libertad de expresión y comunicación

El 26 de junio del presente año el Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia había declarado nula la venta de las empresas Epensa y ABS, propietarias de los diarios ‘Ojo’, ‘Correo’, ‘Ajá’ y ‘El Bocón’, al Grupo El Comercio para evitar una concentración de 80% de los medios de comunicación en un solo grupo empresarial. Tuvieron que pasar 8 años para que la demanda de amparo de 8 periodistas sea atendida por la justicia peruana.

El magistrado Juan Macedo Cuenca entendió que la adquisición sería contraria al artículo 61° de la Constitución Peruana que veta los monopolios, precisamente en el párrafo 2 indica que “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

Sin embargo, La Cuarta Sala Civil de Lima, integrada por los jueces Rafael Jaeger Requejo, María del Carmen Rita Gallardo Neyra y Juana María Torreblanca Núñez, declararon nula la sentencia del juez constitucional Macedo Cuenca.

Según el argumento de los magistrados, se afectó el derecho de defensa de una de las demandas, la señora Olga Ana Rosa Banchero Rossi de Salazar, quien falleció el 13 de diciembre del 2019, antes de que se dictara sentencia; pero sus hijos y su representante legal recién informaron al juzgado el deceso de la señora Banchero, el 1 de julio del 2021.

Para esa fecha, ya se había emitido sentencia, pero los jueces superiores utilizaron esta situación para, sin pronunciarse sobre la concentración de medios en el Perú, declarar nulo todo y disponer que se emita nueva sentencia.

Finalmente, la Sala Civil dispone que el juez Juan Macedo vuelva a dictar sentencia en el plazo legal entendiendo que se trata de un proceso de Amparo que ya dura 8 años. Pero, las nuevas notificaciones, permitirán a todos los demandados y demandantes reiterar o presentar nuevas alegaciones, por lo que es de suponer que pueden pasar algunos años más antes de que se vuelva a dictar el nuevo veredicto.