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Tres meses después familiares de fallecidos durante marcha por el paro agrario exigen justicia

Hasta la fecha fiscalía no ha determinado responsables.

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Parecería que el tiempo y el desinterés por parte del Gobierno de Sagasti se empeñaran en ir enterrando entre las arenas de Virú a los responsables de las muertes de Reynaldo Reyes (27) y el adolescente K.R.C (16), pues hasta la fecha no se han encontrado a los culpables de los terribles sucesos acontecidos el 30 de diciembre del año pasado.

No hubieron reclamos ni protestas en la capital por sus muertes, no salieron artistas ni influencers en las redes exigiendo justicia, los únicos que aún se mantienen en pie de lucha, y parecieran estar solos en su justo reclamo, son las familias de las víctimas.

El hermano de Reynaldo, Segundo Vera Ulloa expresó su malestar por la demora para sancionar a los responsables. “Señor presidente Francisco Sagasti, asuma su responsabilidad por la muerte de mi hermano, él murió reclamando sus derechos”, declaró el hermano de la víctima.

Foto: Iván Orbegoso.

En tanto la madre de Reynaldo, la señora Benigna Ulloa Ninaquispe, exhortó al Estado que se responsabilice por su manutención. “Soy una persona con discapacidad, mi hijo era el único sustento de mi hogar y lo mataron porque estaba reclamando sus derechos, exijo una indemnización. El dinero no hará que vuelva mi hijo, pero sí podré sustentarme ya que no tengo a nadie quien trabaje para mí”, respondió la compungida madre.

Por su parte el padre del menor K.R.C., Francisco Rodríguez, solicitó que los casos no queden impunes. “Hasta la fecha no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio Público, quiero que el culpable de la muerte de mi hijo pague por lo que hizo; también exijo una indemnización.” Sentenció el señor Rodríguez.

Acciones legales

Al tanto de los casos, la abogada de las víctimas de Virú, Stefany Montoya, imploró al Ministerio Público formalizar, de manera inmediata, acusación contra el suboficial Bueno Alva, asimismo identificar a los altos mandos responsables del operativo policial. Según pericia balística se determinó que los proyectiles pertenecieron al arma del suboficial Alva.

El director de la Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y Solidaridad, César Figueroa, demandó una reparación civil para las familias de las víctimas. “El Estado está en la obligación de rendir cuentas por las acciones de violencia y omisiones ocurridas durante el paro agrario. Deben reconocerles medios de subsistencia porque fueron afectados por las muertes.” Manifestó el licenciado.

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