Un entrenamiento indebidamente realizado por el Ejército enlutó ayer a nuestro país al cobrar la vida de 4 jóvenes, probablemente inexpertos o mal formados en tácticas militares o de supervivencia. No existe otra explicación, es decir, o no tenían las condiciones para afrontar el reto que se les propuso en Marbella o sus superiores inmediatos no tenían las condiciones para percatarse de que estaban exigiendo más de la cuenta a personas incapaces de afrontar tal desafio.
En ambos casos, la responsabilidad del Ejército es vastamente clara y este tipo de negligencia no debe ser pasada por alto. Desde todo punto de vista, la sobreexposición de la tropa a riesgos gratuitos es inaceptable, con más razón, en una mera práctica o entrenamiento.
Como todo limeño sabe, las playas de Magdalena son famosas por ser “traicioneras” y complicadas. Entre ellas, Marbella, una de las más recurrentes en el sentido expuesto, es una playa casi imposible de disfrutar si no se es un nadador experto y, aun así. Por ello, sorprende que los jóvenes cadetes hayan sido llevados a un escenario como ese sin tener la preparación adecuada ni contar con las correspondientes medidas de protección y de asistencia que hubiesen evitado la tragedia que comentamos.
El Ejército expuso que no había avalado la realización de la práctica, un obvio lavado de manos. El Comercio, fiel a su estilo, publica las teorías sobre el tema y todas ellas degeneran en un absurdismo patético.
Dentro del ámbito penal, los responsables de la tragedia podrían ser procesados por homicidio culposo o, inclusive, homicidio por dolo eventual y en la perspectiva más simple por exposición de personas al peligro. Mas dadas las circunstancias de subordinación propias del medio castrense el Fuero Militar deberá pronunciarse con la debida dureza que el caso, sin duda, requiere.
La teoría expresada por el Ministro de Defensa da cuenta de un proceder al borde de la “FANTASÍA”: “tras los ejercicios el grupo paró a la altura de la playa Marbella, para tomarse fotografías y en esa circunstancia una ola arrasó a algunos soldados”. Mejor se hubiera quedado callado y, simplemente hubiese mandado las debidas condolencias a la familia tras asegurar que los responsables serán sancionados como corresponde, etc.
Tal vez pocos individuos en la Administración Pública recuerden las palabras de la célebre carta de Lincoln a la Sra. Bixby, mujer que perdió a varios hijos en la Guerra de Secesión. Refiero esto porque la política debería ser pródiga en gestos cultos y sentidos con referencia en la vasta historia del mundo. Así, el ministro o sus asesores hubieran aprovechado para quedar como grandes hombres de Estado, al menos, por un gesto y unos segundos, pero no, pero nada… y aunque ya sabemos con que clase de políticos y tecnócratas contamos siempre podría halarse un espacio para el lucimiento personal así sea una franca impostación.
El comunicado expuesto por el Ejército es una disposición más ecuánime pero no está exenta de ser otro lavado de manos. : “Independientemente de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar, los responsables de este lamentable suceso, están siendo sometidos a una investigación por parte del Sistema de Inspectoría del Ejército, que actuará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N. º 29131 “Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”.
El trasfondo de la tragedia es lo más grave. Es decir, las repetidas prácticas de abuso han sido asimiladas en el ejército como la pauta habitual de su desenvolvimiento histórico y, por si mismas, son una gran mancha en el tradicional desprestigio de esta institución. Ni digamos de la violencia contra la población civil en tiempos de las guerras civiles del país, ayer leí fragmentos de “El Mundo es Ancho y Ajeno” que, justamente, dan cuenta de la contienda entre tropas de Cáceres e Iglesias luego de Huamachuco, en las alturas de la comunidad de Rumi y ni digamos de lo sucedido durante los largos años de la Guerra contra el Terrorismo. Es decir, no debemos olvidar que la violencia y el abuso son parte casi consustancial de las FF.AA. contemporáneas y si hemos de avanzar como país debemos tomar parte en este asunto y problematizarlo a fin de llevar a cabo una material satisfacción y cumplimiento de los Derechos Humanos.
Valga citar como última referencia, el caso del soldado Rolando Quispe Berrocal, a quien le introdujeron un foco de congeladora en el recto en el año 2002. Dicho vejamen provocó la repulsión hacia sus torturadores y mal que bien fueron sancionados por el Poder Judicial pero eso no fue ni puede ser suficiente. De hecho, debemos considerar que si sus superiores llegaron a ese extremo de prepotencia y bajeza fue porque se sentían facultados para ejercer tal exceso de violencia. Si un militar cree que puede realizar estos excesos y quedar impune, no queda ni un rastro de heroísmo en las FF.AA.
El Estado debe procurar una suculenta indemnización para los deudos. El dinero no puede reparar jamás pérdidas tan grandes como la vida, pero al menos puede servir para que las familias sobrevivientes tengan una mejor calidad de vida. Así, al menos, este vano sacrificio de 4 muchachos no habrá sido realizado tan absolutamente en vano.