Trabajadores y propietario de RBC Televisión en manos de Indecopi

Por Rafael Romero

Sólo pasa en Perú, donde asuntos fundamentales del derecho constitucional, propios de la libertad de prensa, del derecho de propiedad, del derecho laboral y la seguridad jurídica, terminen por decidirse en Indecopi, instancia administrativa a donde fraudulentamente fue conducido el plan de despojo de “RBC Televisión”.

El objetivo de dicho plan es arrebatarle el medio de comunicación a su legítimo accionista mayoritario, Ricardo Belmont Cassinelli, y a los trabajadores que tienen ganadas sentencias laborales en la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero es bueno que la comunidad nacional e internacional sepa cuándo se inició esta historia que ha llegado -delictiva y arbitrariamente- a manos de Indecopi.

Esto empezó en abril del 2016, cuando un grupo de matones tomó las instalaciones del canal, ubicado en la Av. Manco Cápac 333, La Victoria, edificio de cuatro pisos construido entre 1965 y 1967 por don Augusto Belmont Bar y Ricardo Belmont, para entonces con veinte años de edad. Incursión similar se produjo contra el inmueble de transmisión ubicado en el Morro Solar (Chorrillos).

Del 2016 al presente, en estos siete años, a sabiendas que la toma del canal era ilegal, terceros amigos del primogénito de Ricardo Belmont aparecieron como inquilinos o como gerentes de empresas sacadas del sombrero de un conejo, para finiquitar el plan perverso que busca silenciar a un medio de comunicación, boicotearlo y llevarlo a la quiebra, sin importarles los beneficios sociales de los trabajadores y sus familias como tampoco los derechos de propiedad de su fundador, conocido popularmente como “El hermanón».

Pero hoy, la Sala de Procedimientos Concursales del Indecopi, donde no hace mucho se demoraban los trámites, se ocultaban documentos y se adormecía el caso de RBC Televisión, cuenta con un nuevo presidente.

El cargo ha recaído en el distinguido jurista Paolo del Águila, quien, junto a destacados profesionales del derecho como Walter Valdez, Dante Mendoza y Orlando Vignolo, tendrán -de cara a la historia peruana de la radiodifusión y la comunicación social- que escoger entre la verdad y la mentira, entre la justicia y el fraude, entre la transparencia y la infamia.

En medio de ese vía crucis o “iter criminis” contra RBC Televisión, falleció de un disparo, en circunstancias extrañas, uno de los trabajadores más antiguos de Ricardo Belmont Cassinelli, a quien este le reconocía como su “mano derecha”, don Guido Valdivia, quien además fue testigo de su segundo matrimonio.

Su muerte ocurrió en abril de 2017, tiempo coincidente cuando Phillip Butters, desde Radio Exitosa le mostraba una fotografía y le decía textualmente a Nicolás Lúcar que está con un “hombre que lo tiene todo”, y repitió “todo”, y que ya se había “comprado el canal de Belmont” e iba a “acabar con alguien que se creía con prestigio” -como el Hermanón, haciendo referencia al Decreto Legislativo 776, con el cual la dictadura de Fujimori le quitó las rentas a la Municipalidad de Lima, para evitar que el entonces alcalde Belmont siguiera con sus grandes obras en provecho de la ciudad.

El tiempo transcurrió hasta el presente, pero el objetivo de los enemigos de Ricardo Belmont Cassinelli era que no levantara más el canal, por eso entre gallos y medianoche vendieron y demolieron la sede central ubicada en el distrito de La Victoria, hecho que ninguna autoridad del Estado debe pasar por alto, y menos Indecopi, porque corrobora la forma como se trató de hacer sucumbir a una televisora hasta llevarla a una junta de acreedores, nula por donde se mire.

En el camino algunos medios de comunicación como Panamericana Televisión y Latina, reportearon acerca de granadas puestas debajo de la camioneta de Luis Alfonso Morey, abogado de Ricardo y ejecutivo del Canal 11, así como otros medios, por ejemplo, el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, informaban -casi en solitario- acerca de los juicios laborales y las sentencias que los trabajadores ganaban por goleada al usurpador.

Pero, a sabiendas de todo eso, y en medio de este plan perverso, terceros e inquilinos se llevaban el dinero a empresas fantasmas con tal de que Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. no tuviera liquidez, y con la finalidad de que no se pagara a los trabajadores y se induzca todo el problema a Indecopi, cuando con un solo cliente el hijo de Ricardo Belmont hubiera honrado las deudas, pero no le dio la gana hacerlo.

Ese es el escenario donde Indecopi no puede estar de espaldas a la legalidad, menos puede convalidar un despojo, ya que sería una pésima señal para las buenas prácticas corporativas y para la lealtad u honestidad en el mercado.

Además, sería un grave atentado al derecho de propiedad, a los derechos laborales de los trabajadores y sus beneficios sociales, y sería un baldón para el Estado constitucional, democrático y social de Derecho por atentarse contra la libertad de prensa que debe perdurar y brillar en toda sociedad civilizada. Sin libertad de prensa no hay democracia.

(Columna publicada en Diario Uno)