Trabajadores del Banco de la Nación exigen garantías de seguridad y salud porque sus vidas corren peligro

Escribe: Luis Felipe Alpaca

La medida de Estado emergencia nacional por el Covid-19 adoptada por el gobierno ha sido necesaria y se muestra fundamental para salir de la denominada pandemia, sin embargo, ha traído consigo un sinfín de problemas que están asociados además de la salud pública, a la convivencia social, a la economía, y a la desarticulación en el trabajo de parte de varios equipos multisectoriales que pertenecen al plano institucional.

Esta vez, el problema que ya se ha tornado como una bomba de tiempo en el terreno de índole institucional lo están sufriendo los 3,600 trabajadores del Banco de la Nación que laboran en sus 638 agencias a nivel nacional.

Si bien, el gobierno ha reaccionado en parte de forma inclusiva con algunos sectores de la población que se han visto afectados económicamente con la medida de emergencia que empezó desde el 16 de marzo a través de aquellos bonos de 380 soles que ya están siendo cobrados por millones de beneficiarios tanto de extrema pobreza, como de sectores laborales medios; actualmente se ha tornado una situación eminentemente riesgosa para todos los trabajadores que atienden en las agencias del Banco del Estado, porque a pesar de la teoría que dicta que las medidas del aislamiento social ordenan que un individuo no debe acercarse a otro a menos de 1 metro de distancia, en la práctica no está funcionando, porque la gente cuando acude a la agencia a realizar su trámite simplemente produce desorden y aglomeración. Dicha situación, indudablemente traerá efectos nefastos en cuanto a salud se refiere para todos los colaboradores que vienen realizando de forma heroica su labor; me refiero específicamente a policías, agentes de seguridad y empleados bancarios que tienen permanente contacto con los usuarios dentro y fuera de las agencias.

En ese sentido la Confederación Sindical UNIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DEL SECTOR ESTATAL (UNASSE) a través de su Secretaria General Ana Lizárraga Mejía y su Secretario de Defensa Carlos Ortega Sotelo ha enviado un Oficio al Presidente del Directorio del Banco de la Nación, señor Luis Alberto Arias Minaya donde de forma contundente piden Garantías de Seguridad y Salud a trabajadoras y trabajadores en la emergencia nacional del Covid-19 porque se están violando los principios de prevención,  responsabilidad y protección y la primacía de la realidad como según establece la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo; y en ese sentido, procedería incluso la responsabilidad penal de quienes vulneren dichas enmiendas laborales precisamente por poner en riesgo la vida y la salud de los servidores del Banco de la Nación.

Al parecer, la falta de empatía que se está ejerciendo contra trabajadores nacionales de parte de un sector de la clase empleadora estatal se está volviendo un modus operandi y no hace más que revelar que aún subsiste el desprecio contra la clase empleada.

La UNASSE está denunciando que las mascarillas que fueron distribuidas a todos los trabajadores bancarios no sirven para proteger sus vidas, porque tienen dimensiones inadecuadas y no cubren suficientemente ni sujetan la barbilla, y tampoco las ligas no alcanzan para sostener la mascarilla de oreja a oreja.

Asimismo, conforme a pruebas realizadas por los propios empleados bancarios, han denunciado que el espesor de las mascarillas es insuficiente porque a través de ellas se puede soplar y levantar papeles de escritorio, e incluso apagar un encendedor. Todo ello, no hace más que demostrar que se ha realizado un gasto erróneo en la adquisición de dichos protectores porque no fueron sometidos a la más mínima prueba.

En suma, aquellas mascarillas no sirven para nada. Pero lo más insólito ha resultado el hecho de que a los trabajadores les hayan enviado un comunicado donde les indican que el bono extraordinario de 400 soles que les fue otorgado para la emergencia, lo utilicen exclusivamente para la compra de alcohol, mascarillas y guantes para sus rutinas laborales, lo que realmente constituye una burla que atenta contra los derechos de los trabajadores.

El Banco también cuenta con trabajadores de 55 años de edad que están en situación de vulnerabilidad porque padecen de enfermedades crónicas; justamente, ellos tenían un programa de atención que ha sido suspendido por el Fondo de Empleados. En tanto la UNASSE está pidiendo su inmediata reapertura.  

El reclamo ha sido contundente y fue enviado a los altos funcionarios del Banco de la Nación, entre ellos:

Al Presidente Ejecutivo Luis Alberto Arias Minaya; al Gerente General Luis Enrique Narro Forno; al Gerente Central de Administración Pedro Zavaleta Montoya; y al Gerente de Recursos Humanos Juan Manuel Flores Saona.

Asimismo la misiva ha sido enviada con copia al Premier Vicente Zeballos Salinas, a su Viceministro de Gobernanza Territorial Raúl Molina Martínez; y a la ministra de Economía María Antonieta Alva Luperdi.