La política no es más el arte de gobernar en beneficio de las mayorías sino el hacer prevalecer ciertos espacios para la comodidad de los buenos amigos, ciertos beneficios y gollerías para los adeptos al gobierno de turno. El Perú ha cultivado este mal ejercicio por siglos sin interrupción, sin dejar nunca de ser cortesano, es decir, oportunista y prostituto, virreinal y compadrazo, ni importar si padecíamos una dictadura o si gozábamos de un impasse “democrático”.
La forma más privilegiada de ejercer influencia en el Estado actual por parte de los grandes “cortesanos” es el lobby. Su punta de lanza, el fenómeno denominado “Puertas Giratorias”, por el cual importantes gerentes del sector privado pasan a formar parte de la Administración Pública, en puestos clave —y viceversa— para mantener la impasibilidad y el disfrute de prerrogativas no siempre bien dispuestas.
La inversión privada en las campañas políticas facilita este primer acceso, pero si no se diera así, nuestros grandes “criollos” hallarían alguna forma en la que se pueda pulsar la nota precisa para abrir las arcas públicas a sus desfondados bolsillos.
Todas estas formas de injerencia privada en los asuntos públicos pasan generalmente desapercibidas por la prensa, pero PPK, cuya fama de lobbysta le precede desde los años 60, ha intensificado excesivamente ese ejercicio al realizar, esta última semana, dos nombramientos que deberán ser cuestionados profundamente en el curso de estos días.
El primero es el nombramiento de la titular de CONCYTEC, Fabiola León-Velarde Servetto, acto que constituye un favorecimiento indebido dado que ella es esposa de un congresista oficialista, Gino Costa, y aunque no pueda reportarse que haya un nepotismo pasible de ser sancionado legalmente, la falta ética es evidente.
Mucho más grave es el caso de OSIPTEL porque Rafael Eduardo Muente Schwarz, el nuevo presidente la institución en cuestión, fue, hasta hace muy poco, representante de Telefónica Móviles S.A.; es decir, que se ha hecho “juez” a quien fue en su momento “parte” del mismo “proceso” que ha de revisar. Esto en el ámbito jurisdiccional llevaría a una inhibición o una recusación, pero la Administración Pública no conoce de hidalguías ni nada que se le parezca.
Sin cuestionar la integridad personal del funcionario debemos afirmar que es absolutamente ilegitimo e impensado que un ex representante de Telefónica sea el actual encargado de velar por la ejecución de la deuda más grande contraída jamás por estamento privado alguno respecto del erario público, ya que este deudor desbordante y absoluto, además, del principal servidor de quejas y reclamos por su mal servicio, no es otro que Telefónica.
El conflicto de intereses, en este medio, es evidente sin que importe la magnitud personal de los sujetos intervinientes ya que hasta un Jesucristo estaría vetado de imparcialidad, pero eso no le ha importado a PPK para efectuar el nombramiento cuestionado. Quizá, lo único que le importa es no quedar mal con el fujimorismo y ya que después de conversar con Keiko parece no temer ningún otro tipo de crítica. Querer ver un sentido positivo para el progreso del país en la práctica de las puertas giratorias, implicaría un exceso de inocencia y no podemos permitirnos ser inocentes cuando andamos rodeados de piratas.
El amparo legal no significa nada cuando las leyes son promulgadas por intereses distintos al bienestar popular. Es necesario investigar que otros usos y que otros nombramientos en puestos importantes del Estado se deben a la práctica de las puertas giratorias, ya que deben ser erradicados del sistema, no vaya ser que estas puertas de tanto girar nos vayan a destrozar las caras tras un súbito descerrajamiento de sus goznes.
