Susel Paredes, la congresista discriminadora

La congresista Susel Ana María Paredes Piqué, decidió mostrar su peor versión incurriendo en un acto de discriminación. Lo hizo a los gritos en una sesión  del Congreso y en declaraciones públicas. Inflamada por su afán político de cuestionar a la Fiscal de la Nación —¿temor a investigaciones contra los caviares?— decidió discriminar a los miles de egresados de la Universidad Alas Peruanas afirmando que los títulos obtenidos por todos aquellos que se graduaron en esa casa de estudios, carecen de valor profesional y no tienen, según Susel Paredes, derecho a obtener plazas de trabajo.

Para sustentar su acto discriminatorio utilizó el caso del funcionario de la SUNEDU Marco Pantigoso. Con tono de burla cuestionó su designación como Director de Grados y Títulos por el hecho de que su tesis de grado y su título profesional corresponden a sus estudios en la Universidad Alas Peruanas. Para la congresista, Pantigoso no puede ejercer su cargo en la SUNEDU porque se graduó en una universidad actualmente no licenciada. Bajo ese razonamiento, para Susel Paredes, nadie que haya egresado de una universidad no licenciada puede acceder a un puesto de trabajo.

Fue más allá en su intención descalificadora. Señaló que se trataba de un ofensa para los estudiantes de San Marcos “que sí se queman las pestañas” que un ex alumno de la Universidad Alas Peruanas tenga un puesto de trabajo. El razonamiento de Susel Paredes es cuestionable no solo porque ella como estudiante de San Marcos no fue precisamente una luminaria y en su generación nadie la recuerda como una alumna destacada, sino porque su actitud de burlarse de los miles de estudiantes de las universidades no licenciadas configura un delito.

En efecto, el delito de discriminación cometido por la vociferante parlamentaria está previsto en el artículo 323 del Código Penal que sanciona “con pena privativa de libertad al que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas (…) de cualquier índole o condición económica con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona”.

La ignorancia es atrevida

Cuando Susel Paredes afirma que un profesional egresado de una universidad no licenciada debe ser considerado como alguien sin derecho a trabajar, no solo está discriminando sino que muestra una enorme ignorancia respecto de la Ley Universitaria.

Los titulos universitarios se expiden a nombre de la Nación y una vez emitidos y registrados le conceden a su titular la condición profesional y, por lo tanto, el derecho a competir en el mercado laboral. No tiene nada que ver con el no licenciamiento que es un hecho que afecta a la institución universitaria y que opera desde el momento en que se cancela la licencia y no guarda relación con los profesionales ya egresados.

Utilicemos un ejemplo para graficar el nivel de ignorancia de la congresista morada. Paredes estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si este año 2023 dicha universidad perdiera su licenciamiento, según la congresista los títulos profesionales emitidos desde la fundación de San Marcos, es decir, desde hace 471 años, dejarían de tener valor para todos sus alumnos graduados. No entiende —y es abogada y congresista— que una cosa es el título obtenido que no pierde vigencia y otro asunto muy distinto es el no licenciamiento de una universidad.

Más aún, la Ley Universitaria señala que en el caso de las universidades no licenciadas aquellos alumnos que estaban cursando sus estudios cuando su universidad perdió su licenciamiento podrán concluir sus carreras y obtener sus titulos profesionales y, por ende, mantener su derecho a tener un puesto de trabajo.

Al parecer, Susel Paredes no leyó la Constitución cuando era estudiante y sigue sin leerla como congresista. En la Carta Magna se señala claramente que el  derecho a la educación es un derecho fundamental al igual que el derecho a tener un puesto de trabajo. Sostener que los alumnos graduados en las universidades no licenciadas no tienen título válido y no deben se contratados es una barbaridad política y un delito de discriminación que la Comision de Ética del Congreso debería evaluar para la sanción correspondiente.

Lo que está detrás del acto discriminatorio de Susel Paredes es su obsesión por cuestionar a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, utilizando el tema de su tesis universitaria. Lo que persigue la congresista Paredes no es un asunto académico sino un ataque contra la titular del Ministerio Público porque no desea que se investigue la corrupción de Pedro Castillo y su organización criminal.

Recuérdese que el Partido Morado y la hueste caviar que integra Susel Paredes, apoyaron el arribo de Castillo al poder y luego, a través del líder morado Francisco Sagasti, lo ayudaron a instalarse en Palacio de Gobierno cambiando incluso normas para que Bruno Pacheco, hoy procesado, asuma el cargo de Secretario General.

El afán de cuestionar a la Fiscal de la Nación también tiene otro trasfondo que será materia de otro informe.