Política
Susana de la Puente Wiese: Fiscalía amplía su investigación por 20 meses más
El caso de Susana de la Puente se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo el poder económico y las redes de influencia pueden contribuir a postergar indefinidamente la rendición de cuentas. ¿Cómo se explica que ningún medio de prensa dé cobertura a esta noticia?
La impunidad vuelve a extender sus tentáculos en uno de los casos más sensibles vinculados al escándalo Lava Jato. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Richard Concepción Carhuancho, aprobó una prórroga de 20 meses adicionales en la investigación preparatoria contra Susana de la Puente Wiese, exembajadora del Perú en el Reino Unido y exbanquera de JP Morgan. La medida responde a un pedido del fiscal adjunto José Alfredo Lázaro Marca, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien había solicitado inicialmente una extensión de 24 meses.
La investigación, formalizada en 2022, involucra a Susana de la Puente Wiese, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y otros implicados como presuntos autores de los delitos de ‘asociación ilícita para delinquir’ y ‘lavado de activos’. Según la carpeta fiscal, se trataría de una organización delictiva que canalizó dinero desde Brasil hacia Perú para financiar campañas políticas, específicamente la de PPK en 2011. La delación de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, reveló que Susana de la Puente Wiese recibió US$300,000 para la campaña de «Alianza por el Gran Cambio», un hecho que la exdiplomática niega.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, De la Puente Wiese sigue residiendo cómodamente en Europa, entre Londres y Madrid, sin restricciones legales para regresar al país. Se mantiene activa en inversiones tecnológicas y proyectos turísticos —como el Hotel B, en el distrito de Barranco, Lima— mientras evita enfrentar de manera presencial a la justicia peruana. La Fiscalía no ha solicitado aún medidas coercitivas, y su defensa habría intentado bloquear diligencias judiciales que la obliguen a presentarse en territorio nacional.
Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, quien también participó en investigaciones preliminares del caso, señaló públicamente que la conducta de Susana De la Puente ha sido obstruccionista. «Susana de la Puente tiene que venir al Perú a responder ante la Fiscalía», afirmó. «Lo que pretende su defensa es que no venga, y no concordamos con esa posición. Todos son iguales ante la ley, y Susana de la Puente también».
A pesar de haber declarado su supuesta disposición a colaborar, los hechos muestran lo contrario: no ha comparecido en el país y busca que las diligencias se ejecuten desde el extranjero, en una muestra de privilegio que contrasta con la situación de otros investigados que sí enfrentan restricciones.
En un país donde la justicia suele ser lenta, el caso de Susana de la Puente Wiese se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo el poder económico y las redes de influencia pueden contribuir a postergar indefinidamente la rendición de cuentas. La ampliación del proceso investigativo, lejos de ser un avance, evidencia el estancamiento y la falta de contundencia institucional frente a quienes, desde el exterior, continúan eludiendo la justicia.